lideres sociales

Recomendaciones para la implementación de un sistema de monitoreo con enfoque étnico-racial

Recomendaciones para la implementación de un sistema de monitoreo con enfoque étnico-racial para la recopilación de datos sobre riesgo y vulneraciones a los derechos humanos de líderes y lideresas sociales y personas afrocolombianas defensoras de derechos humanos La diversidad de fuentes de información, las diferencias metodológicas entre los sistemas, las diferencias entre la cobertura y presencia territorial, la periodicidad y los problemas del concepto de defensor/a afrocolombiano hacen que el resultado final de la recolección de datos varíe entre organizaciones de la sociedad civil y entidades oficiales. Las amenazas y asesinatos contra líderes, lideresas y personas defensoras de derechos humanos en Colombia son una preocupación tanto nacional como internacional. En la actualidad, diferentes organizaciones de la sociedad civil afirman la existencia de sistematicidad en la comisión de estos delitos. Este fenómeno ha sido objeto de seguimiento y análisis por parte de entidades del Estado y la sociedad civil, razón por la cual existen varios sistemas de monitoreo que buscan entender la dimensión real del problema. Sin embargo, ello no ha sido del todo posible debido a la complejidad de lograr la interacción y diálogo entre estos sistemas. La diversidad de fuentes de información, las diferencias metodológicas entre los sistemas, las diferencias entre la cobertura y presencia territorial, la periodicidad y los problemas del concepto de defensor/a afrocolombiano hacen que el resultado final de la recolección de datos varíe entre organizaciones de la sociedad civil y entidades oficiales. Al hacer un análisis de las cifras disponibles sobre amenazas y asesinatos a personas defensoras de derechos humanos se presenta una paradoja entre la informació geográfica de estas violencias y las cifras de violencias contra líderes, lideresas y personas negras/afros defensoras de derechos humanos. Es decir, aunque las zonas en las que se registran la mayoría de estas violencias coinciden con los municipios que tienen alta presencia de comunidades negras, al consultar las cifras de afectación a los liderazgos afros, estas se presentan como mínimas o, en muchos casos, como nulas. Esto es lo que llamamos un subregistro de las violencias contra líderes, lideresas y personas negras/afros defensoras de derechos humanos. Nos interesa dejar claro que, en este documento usamos las categorías “persona defensora de derechos humanos” y “líder” o “lideresa”, con pleno conocimiento y conciencia de las diferencias que se discuten al respecto, aunque en algunos apartes parezca usarse indistintamente. En el caso de las personas particulares que fueron entrevistadas en el desarrollo de la investigación, aclaramos que nos referimos a ellas como líderes y lideresas, respetando el autorreconocimiento que esa persona hizo en el desarrollo de la correspondiente entrevista. Reconocemos la necesidad de seguir reflexionando conjuntamente sobre este tema. Este documento no pretende llegar a conclusiones que cierren las brechas y problemas identificados en tanto su magnitud impide tal objetivo, sino identificar algunas dificultades y seguir construyendo el camino hacia su superación. Te recomendamos leer: ¿Cómo superar el amplio subregistro de las violencias contra líderes y lideresas afro en Colombia?

¿Cómo superar el amplio subregistro de las violencias contra líderes y lideresas afro en Colombia?

Nilson Antonio Velasquez Gil fue el primer líder social cuya vida perdimos en 2022. El pasado 10 de enero, el afrodescendiente de 51 años de edad y líder comunitario en el Medio San Juan (Chocó), fue torturado y asesinado  durante una arremetida violenta de la guerrilla del ELN que generó el desplazamiento masivo de las comunidades de Paimadó, Choqui y Calle del Fuerte.  Siete días después, la Mesa de Derechos Humanos y Atención Humanitaria del Oriente de Antioquia denunció el homicidio de Mario Jonathan Palomino, afrodescendiente, defensor del medio ambiente y profesor de una escuela rural en la vereda La Chapa, del municipio El Carmen Viboral.  Sin embargo,  a pesar de que los dos crímenes estarían ligados a la grave crisis humanitaria que asola a buena parte de los territorios afrodescendientes en el país, la pertenencia étnico-racial de los líderes asesinados fue invisibilizada en las bases de datos de entidades del Estado y organizaciones de la sociedad civil que monitorean los crímenes cometidos contra personas defensoras de derechos humanos en Colombia.  La ausencia de un sistema robusto, con parámetros claros y unificados para el registro o monitoreo sobre las violaciones contra personas defensoras de derechos humanos, ha permitido que en muchos casos el registro de amenazas y asesinatos (dos de las principales violaciones registradas) de defensores y defensoras deje de lado el factor étnico-racial cuando este no es identificado como la principal causa del riesgo. Esta situación también explicaría las discrepancias en las cifras de los consolidados sobre asesinatos de líderes líderes, lideresas y personas negras/afrodescendientes defensoras de derechos humanos en Colombia. 

Un ejemplo de tenacidad: María Antonia Caicedo Angulo, lideresa afro nominada al Premio Nacional de Derechos Humanos

La vida de la lideresa vallecaucana, María Antonia Caicedo Angulo, nominada al Premio Nacional de Derechos Humanos en Colombia (2022), se entreteje en una secuencia admirable de luchas por la protección de los derechos de la población vulnerable de su territorio.  María Antonia es directora de la fundación Paciamancao, miembro de la Corporación de Educadores del Litoral Pacifico (CORELIPA) y excandidata a la Circunscripción Afro de la Cámara de Representantes. En ejercicio de sus actividades de liderazgo y defensa de derechos humanos, ha sido víctima de tortura, secuestro, violencia sexual, amenazas, desplazamiento forzado, lesiones personales físicas y psicológicas. Sin embargo, esto no ha sido capaz de quitarle su convicción y ganas de luchar por la defensa de derechos humanos, la protección de la vida y la dignidad de niños, niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencias sexuales.  Durante más de dos décadas, desde la fundación Paciamancao, María Antonia ha promovido importantes procesos culturales y artísticos que han contribuido al mejoramiento de la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes de los barrios vulnerables y afectados por la violencia  en Yumbo. Estas acciones, como parte de  su arduo trabajo por la defensa de los derechos humanos, la hicieron merecedora de un reconocimiento por parte de la Gobernación del Valle y de la alcaldía de Yumbo en diciembre de 2021.  “Me ha costado ser mujer”, exclamó la lideresa durante el primer  Foro Iberoamericano Afromujeres y Defensoras de Derechos Humanos.  El verso hace parte de un poema estremecedor en el que María Antonia describe las violencias de las que ha sido víctima por ser mujer, afrodescendiente y defensora de derechos humanos:  “Más que hablar de mi color / Yo he sufrido por ser mujer / en la lucha contra eso me ha  tocado correr /  Entre insultos, amenazas y sonrisas / Me he topado con mil hombres que me exigen esa visa / De cambiar mi propia vida y volverme una sumisa”.  Intervencion de Maria Antonia Caicedo en el marco del 1ER FORO IBEROAMERICANO AFROMUJERES Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS 12 de agosto 2021 #LiderazgosAfroparaSanar @haurralde @Afromurcia @afropresencia @CimarronCol pic.twitter.com/Wbi0DCCUrj — ForoIberoamericanoAfroMujeres (@afro_foro) September 4, 2021 Para Maria Antonia, la nominación a este premio “significa un proceso valeroso, simbólico, que reconoce  el valor, fortaleza y valentía de las mujeres de a pie que estamos al otro lado de la historia, discriminadas, estigmatizadas e invisibilizadas integralmente, poniendo nuestra vida, cuerpo y dignidad por la defensa de los derechos humanos”. Y agrega: “En medio de los retos, penurias y situaciones adversas de la vida estos reconocimientos nos impulsan a seguir recorriendo el camino con la frente en alto, resilientes con la misma situación perversa en la que hemos sido inmersas. Nuestro testimonio inspira a muchos hombres a recobrar la sensibilidad y el respeto por los demás, a las mujeres, niñas y niños a ser igual de valientes, denunciar, levantarse y hacer de sus vidas la mejor apuesta posible”. En medio de los retos, penurias y situaciones adversas de la vida estos reconocimientos nos impulsan a seguir recorriendo el camino con la frente en alto, resilientes con la misma situación perversa en la que hemos sido inmersas. Nuestro testimonio inspira a muchos hombres a recobrar la sensibilidad y el respeto por los demás, a las mujeres, niñas y niños a ser igual de valientes, denunciar, levantarse y hacer de sus vidas la mejor apuesta posible María Antonia Caicedo Angulo Las adversidades que marcan su biografía tampoco han amainado su espíritu de lucha. En diciembre de 2019 María Antonia fue víctima de violencia sexual, tortura y amenazas por parte de sujetos armados. Dos años después, el 12 de junio de 2021, la lideresa fue abordada y subida a la fuerza a un carro por sujetos armados en el barrio Calima, en Cali. Posteriormente, fue trasladada a una especie de bodega y retenida en contra de su voluntad durante casi veinte horas.  La lideresa denunció haber sido amenazada y sometida a crueles torturas mientras era cuestionada por la labor que desempeñaba como defensora de derechos humanos en su territorio. De acuerdo con un concepto emitido por la Fiscalía General de la Nación, María Antonia fue víctima de “secuestro agravado y acceso carnal violento agravado en concurso heterógeneo con tortura”.  Sin embargo, luego de que en noviembre de 2021 solicitara el registro de estos hechos victimizantes ante la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), la lideresa recibió la amarga noticia de que la entidad había decidido no reconocer el secuestro que padeció, pues, a su consideración, “no se logró determinar” que el caso “haya ocurrido en el marco de una relación cercana y suficiente con el conflicto armado”. En palabras de la lideresa, la decisión de la UARIV, además de atentar contra su derechos como víctima, representó una vulneración a su “dignidad” y  una afrenta a su dolor y a su sufrimiento: “Ha sido muy traumático, desgastante y humillante  todo este proceso con la UARIV, utilizan cualquier cantidad de procesos tardíos, barreras burocráticas y administrativas haciendo caminar a las víctimas sobre pisos enjabonados, techos de cristal, escaleras de arena, vulnerando los derechos de las víctimas, pero sobre todo violando la Ley 1448 de 2011”, afirma..  Para colmo de males, y a pesar de los recursos jurídicos interpuestos por María Antonia, la entidad se negó en repetidas ocasiones a reconocer el hecho victimizante de secuestro, sometiendo así a la lideresa a un tortuoso ciclo de revictimizaciones y negándole el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral con garantía de no repetición.  Sibelys Mejía, abogada y directora de litigio de ILEX Acción Jurídica, explica que este caso es evidencia de las múltiples violencias y revictimización a las que son sometidas las víctimas del conflicto y lo liderazgos que han dedicado su vida al trabajo a defender los derechos de sus comunidades.  “Aplicar una interpretación restrictiva de la Ley 1448 de 2011, según la cual la forma en que posiblemente se dieron los hechos no dan …

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Crisis humanitaria en el Pacífico: un panorama complejo, desafiante y doloroso

En esta región se presentan emergencias de doble y triple afectación por desplazamiento masivo, confinamiento y desastres de origen natural. Escrito por Maria Fernanda Angulo Amortegui – Abogada de ILEX Acción Jurídica El panorama actual de la región Pacífico es complejo, desafiante y doloroso. A lo largo de los últimos once meses, líderes y lideresas han denunciado la grave crisis humanitaria que afrontan las comunidades negras e indígenas de la región por causa del recrudecimiento del conflicto armado.  De acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios – OCHA (2002)[1], en los cinco primeros meses de este año se ha evidenciado un deterioro de la situación humanitaria en el país, siendo la región Pacífico quien concentra el 42% de la población afectada. En estos departamentos se presentan emergencias de doble y triple afectación por desplazamiento masivo, confinamiento y desastres de origen natural. (Te recomendamos leer: ABC de derechos territoriales y titulación colectiva) El Chocó se destaca como uno de los departamentos que concentra la mayor cantidad de hechos victimizantes. Según la OCHA, con corte a mayo del 2022, el aparato institucional sólo había respondido a un 38% de las necesidades humanitarias de la población confinada y a un 30% de las necesidades de las personas desplazadas forzosamente.  En este marco de vulneraciones, líderes y lideresas de comunidades negras e indígenas, la Iglesia y organizaciones de derechos humanos del departamento del Chocó han sido reiterativos en solicitar el cumplimiento de lo suscrito en el Acuerdo de Paz y en otros acuerdos pactados con el Gobierno Nacional.  En mayo de este año, la Procuraduría General de la Nación emitió la directiva 009 sobre la medidas para la atención y solución de la crisis humanitaria en el Chocó. De acuerdo con esa entidad, la presencia de los grupos al margen de la ley y las disputas de control territorial ha provocado la estigmatización, persecución  y vulneración de los derechos de los líderes y las lideresas sociales del Chocó y de las autoridades étnicas de las consejos comunitarios y de resguardos indígenas de la región. También se han registrado violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.   (También puedes leer: Los retos del Estado y la sociedad colombiana en materia de garantía de derechos humanos de la población afrodescendiente) La Defensoría del Pueblo, por su parte, ha solicitado de manera urgente se impulsen e implementen medidas de prevención, seguridad y protección en favor de la población civil en situación de riesgo en los municipios de Medio San Juan e Istmina dada la consumación del escenario de riesgo Alerta Temprana No. 020 -2021[1], por confinamiento y desplazamiento forzado. El pedido desde las entidades del Ministerio Público y la Sociedad Civil se resume en pedir al Gobierno nacional, regional y local que adopten medidas para la atención y solución de la crisis humanitaria que enfrenta el departamento. Medias que han sido abordadas en las discusiones y acuerdos de los mecanismos de la implementación del Acuerdo de Paz y su Capítulo Étnico, como en la consolidación  de las iniciativas del “Acuerdo Humanitario Ya” para el departamento del Chocó.  [1] Defensoría del Pueblo. Consumación del esenario de rieso Alerta Temprana No. 020-2021. del 04/04/2022 Radicado 20220020201618321