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Informe Final de la Comisión de la Verdad señala que el racismo propició graves hechos de violencia contra comunidades negras, indígenas y ROM. 

En Colombia se han desarrollado sistemáticamente  prácticas discriminatorias en todos los espacios de la vida social. En el marco del conflicto armado, esas prácticas han deshumanizado, subyugado y sometido a los pueblos étnicos a una secuencia interminable de vulneraciones de sus derechos. 

La Comisión de la Verdad, en el tomo ‘Hallazgos y Recomendaciones’ del Informe Final presentado al país el pasado 28 de junio, explica que “negar la condición de los pueblos étnicos, negar su humanidad, fue la justificación perfecta para ejecutar acciones atroces en contra de esa población, de sus cuerpos y territorios. Pasaron de ser los grupos sociales más marginalizados históricamente a ser, también, los que más han sufrido los efectos de la guerra”.

El documento, resultado de un trabajo investigativo de más de cuatro años en el que se escucharon a más de 30.000 víctimas y actores del conflicto, explica que el racismo validó las narrativas esclavistas y colonizadoras y, también, propició hechos de barbarie que desgarraron a las comunidades negras, indígenas y ROM durante una guerra de más de medio siglo. Durante todo ese tiempo,  las guerrillas no reconocieron las autonomías de las comunidades étnicas; mientras que el paramilitarismo, apoyado por las élites de poder,  masacró y despojó de sus tierras a las comunidades étnicas. 

“Negar la condición de los pueblos étnicos, negar su humanidad, fue la justificación perfecta para ejecutar acciones atroces en contra de esa población, de sus cuerpos y territorios”.

En su propósito de demostrar la superioridad de su aparato bélico, las guerrillas, los paramilitares y la Fuerza Pública cometieron acciones atroces en contra de esta población históricamente discriminada. En el marco del evento de Reconocimiento por la Verdad del Pueblo Negro, Afrocolombiano, Raizal y Palenquero, una mujer que fue marcada con un hierro por un comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia en Montes de María aseguró que fue violentada “porque era negra”: “Y me marcó como si fuera una esclava. En la época de la esclavitud marcaban las mujeres negras, así fue como me marcaron a mí las autodefensas”.

La discriminación y el prejuicio racial conllevaron a la deshumanización de las personas negras durante el conflicto, incluso al interior de las filas de los grupos armados: “Entonces hay maltrato al interior de las instituciones por el hecho de tu ser afro. Los mandos medios y altos no respetan la diferencia y te maltratan a ti por como tú hablas. Te maltratan por como tú eres. No te llaman por tu apellido, sino “negro, venga acátal cosa”. Todo es la palabra negro, que el negro es el sujeto fuerte, que el negro debe aguantarmás que los otros soldados porquees negro, y asociamos a los negros con aquel peón fuerte que puede soportar todo como una bestia”, relató a la Comisión un hombre afro, víctima del conflcito. 

La desprotección estatal y el despojo 

En el informe de la Comisión de la Verdad se sostiene que el racismo estructural también es conexo a los altos niveles de pobreza, desprotección estatal y acceso marcadamente desigual de las comunidades étnicas a sus derechos. Estos grupos también han sido excluidos de forma permanente y persistente del relato nacional,  y vilipendiados implícita y explícitamente, con narrativas racistas instaladas en organismos institucionales, espacios de poder, medios de comunicación  y otros actores decisores del país.

A este entramado de exclusión y desprotección estatal se ha sumado, dice el Informe,  “la baja aplicación de leyes que se han logrado con enormes luchas en la búsqueda de la equidad”. Entre ellas se destacan la autonomía de los gobiernos indígenas y la Ley 70 de 1993, la cual tiene por objeto reconocer a las comunidades negras el derecho a la propiedad colectiva. Sobre esta última, aunque han pasado 27 años desde que se promulgó, la Ley aún no se ha reglamentado en su totalidad, lo que ha impedido que estas comunidades accedan al goce efectivo de sus derechos. 

De acuerdo con la Comisión, la  concepción colonial y dominante  de los territorios indígenas y negros basados en tres elementos: “i) espacios “baldíos”, ii) la relación entre violencia y economía y, iii) el acaparamiento de tierras como sinónimo de riqueza y poder, junto con la adopción de políticas de desposesión territorial,  militarización y de exterminio y asimilación cultura que, también dieron lugar a la imposición sistemática de intereses ajenos sobre las formas tradicionales de vida y conservación territorial”, situación que se evidencia en violaciones como “el desplazamiento, el despojo, la apropiación y el control de los territorios y ante todo, la destrucción espiritual de estas poblaciones”. 

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Fue así como la definición de los territorios étnicos como espacios “salvajes”, una herencia colonial mantenida una “visión de productividad” en Occidente, permitió que se perpetuara la costumbre de “civilizar mediante el saqueo y el despojo”. Con la llegada de la explotación de petróleo a la región del pueblo barí en 1930, por ejemplo, se produjo un exterminio de la población, la cual fue reducida en un 80 % y despojada del 70 % de su territorio ancestral.

Las violencias sufridas por las comunidades negras e indígenas en el Bajo Atrato evidencian la magnitud de lo que ha sido este engranaje de despojo y desolación. Desde finales de 1996, luego de los desplazamientos forzados generados por las operaciones Génesis de la Brigada XVII y el Bloque Elmer Cárdenas, la expulsión violenta de aproximadamente 15.000 personas de la región, así como el posterior reordenamiento territorial y social, facilitó que, en el marco de las alianzas que establecieron algunos agentes económicos (gremio bananero, Ecopetrol, multinacionales mineras, industria azucarera) con las AUC, miembros de la fuerza pública y funcionarios estatales, se consolidaran proyectos económicos a gran escala en los territorios despojados.

El informe señala que la política de “repoblación” implementada por los paramilitares en los territorios étnicos  buscaba, por medio de la violencia y el control territorial y de las poblaciones, “constituir un nuevo orden socioeconómico basado en la lealtad de las nuevas poblaciones, la protección de las actividades agroindustriales existentes y la apertura de nuevas regiones al monocultivo de productos agroalimentarios articulados al mercado mundial (banano, plátano y palma)”.

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El “repoblamiento”,  asegura la Comisión,  “ha sido uno de los factores por los que el despojo de los territorios persiste y continúa limitando el retorno de las comunidades desplazadas, la materialización de sus derechos territoriales y la restitución real de resguardos indígenas y territorios colectivos”. Además, ha aumentado los conflictos entre comunidades y agudizado la violencia de los actores armados contra los pueblos étnicos.

En cuanto a las dinámicas impuestas por el narcotráfico, el Informe señala que esta actividad delictiva representa actualmente el principal factor de riesgo para el ejercicio material de derechos territoriales, la integridad cultural de las comunidades y la conservación de la biodiversidad. Según los reportes de Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito,  el 32 % de los cultivos de coca se localiza concentra en las tierras de las comunidades negras y otro 17 % se ubica en las zonas de resguardos indígenas. 

Para la Comisión, la discriminación racial  y la desterritorialización de estas comunidades excluidas es la responsable de que,  una vez las víctimas son forzadas al desplazamiento, “lleguen a las ciudades, en donde se someten nuevamente a condiciones en que la pobreza y la exclusión se profundizan, fracturando su integridad cultural y haciéndolas engrosar los cinturones de miseria”.

Recomendaciones

En este apartado del Informe Final, la Comisión de la Verdad también presentó varias recomendaciones con el objetivo de ayudar a definir una agenda de futuro para avanzar en un diálogo sobre las transformaciones necesarias en el país y poner fin a las confrontaciones armadas que persisten,  avanzar hacia la reconciliación y garantizar la no repetición  del conflicto armado. 

En lo que refiere a la garantía de los derechos de los pueblos históricamente subyugados, la Comisión señala que “no puede haber paz íntegra sin un trato diferencial hacia los grupos históricamente excluidos – pueblos étnicos, población campesina, mujeres, NNAJ, personas LGBTQ+, personas en situación de discapacidad o diversidad funcional y de la tercera edad – y si no se hacen esfuerzos específicos para transformar los factores por los que el conflicto armado causó impactos particularmente agravados sobre ellos”.

“No puede haber paz íntegra sin un trato diferencial hacia los grupos históricamente excluidos – pueblos étnicos, población campesina, mujeres, NNAJ, personas LGBTQ+, personas en situación de discapacidad o diversidad funcional y de la tercera edad – y si no se hacen esfuerzos específicos para transformar los factores por los que el conflicto armado causó impactos particularmente agravados sobre ellos”.

En este sentido, la Comisión recomienda garantizar el derecho de los pueblos étnicos a la participación en los procesos de políticas públicas, reconociendo sus liderazgos y autoridades. El enfoque diferencial, primordial para la construcción de una “Paz grande” y duradera, deberá incluir tanto medidas afirmativas específicas para cada grupo poblacional, “como la aplicación transversal del enfoque en todas las medidas que tienen especial efecto para la erradicación de las violencias históricas estructurales (racismo, patriarcado y clasismo)”.  

De igual forma, después de reconocer un rezago en la implementación del enfoque capítulo étnico de los Acuerdos de Paz, en la primera sección de recomendaciones sobre implementación integral del acuerdo, la Comisión recomendó al Estado garantizar el cumplimiento “pleno e integral” de lo pactado, “desarrollando un plan de impulso a la implementación de todos los puntos del Acuerdo con enfoque territorial, étnico, de género y de derechos de las mujeres”. 

Este proceso, indica la Comisión, debe hacerse en un diálogo abierto con las autoridades territoriales y étnicas y las organizaciones de la sociedad civil nacionales y locales que han venido haciendo seguimiento a la implementación de los Acuerdos de Paz. 

En lo relativo a poblaciones negras, afro, raizales y palenqueras, la Comisión recomienda el cumplimiento de la normatividad especial y la regulación completa de la Ley 70 de 1993, con el fin de garantizar autonomía y protección de los territorios colectivos, procesos de desarrollo diferenciado de los lugares en que existe mayor presencia de estas poblaciones.

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