Por Audrey Mena, directora de ILEX Acción Jurídica
Las elecciones terminaron. Los votos fueron contados, comenzaron los empalmes, se anuncian los nombres del nuevo gabinete y el país debería estar entrando en una nueva etapa de debate sobre prioridades y políticas públicas. Pero Colombia parece incapaz de hacer esa transición.
Para unos, los nombramientos anunciados por el presidente electo confirman el temor de un giro autoritario. Para otros, persiste la sospecha menos concreta, pero no por ello menos real, de que ciertos sectores económicos y políticos, algunos hoy dentro del propio gobierno entrante, impidan cualquier transformación sustantiva.
No son miedos del mismo tipo. El primero se apoya en trayectorias verificables; el segundo, en una lectura estructural del poder. Pero ambos alimentan la misma sensación, el miedo sigue gobernando la conversación. Y quizás ese sea el dato político más importante que nos dejaron estas elecciones. Durante años hemos repetido que el gran problema de Colombia es la polarización. Cada vez estoy más convencida de que la polarización no es la enfermedad, sino apenas el síntoma.
La enfermedad es que somos un país que nunca aprendió a reconocer el trauma colectivo que dejó la violencia.
Durante décadas crecimos en medio del conflicto armado, el narcotráfico, el desplazamiento forzado, las masacres, los asesinatos de líderes sociales, la corrupción y una desigualdad persistente. Aprendimos a desconfiar del Estado, de las instituciones y, muchas veces, de quien piensa diferente. La violencia dejó de ser un episodio excepcional para convertirse en una manera de interpretar la realidad. Los traumas colectivos no desaparecen cuando disminuyen los enfrentamientos, permanecen en la forma en que una sociedad entiende el poder, responde a la incertidumbre y se relaciona con el otro. Cuando un trauma no se reconoce, encuentra otras maneras de expresarse: rabia, sospecha, necesidad permanente de encontrar culpables y la sensación de que cualquier cambio representa una amenaza existencial.
Detrás de quienes votaron por la derecha y de quienes votaron por la izquierda existe la convicción compartida de que nadie cree que Colombia pueda seguir igual. Quienes respaldaron opciones de derecha expresaron, en su mayoría, una preocupación legítima por la inseguridad, la pérdida de confianza institucional y el deterioro económico. Quienes apoyaron opciones de izquierda manifestaron una inconformidad igualmente legítima frente a las desigualdades históricas, la exclusión y la urgencia de ampliar derechos. Las respuestas son distintas, pero la pregunta que intentan responder es, en el nivel ciudadano, la misma: ¿Cómo cambiamos un país que millones de colombianos sienten que ya no les ofrece certezas?
Esa coincidencia ciudadana, sin embargo, no debe leerse como un consenso nacional sobre el cambio, porque no significa que todos los actores con capacidad real de decisión compartan ese interés. Sectores económicos y políticos con poder de veto, algunos hoy dentro del propio gobierno entrante, han demostrado una y otra vez su capacidad para bloquear las reformas que tocan su posición. Que la ciudadanía coincida en la necesidad del cambio no garantiza que quienes deciden coincidan en permitirlo. Y es ahí donde aparece una consecuencia más profunda del trauma colectivo, la pérdida de nuestra imaginación política.
Las sociedades heridas tienen dificultades para imaginar futuros distintos, no por falta de inteligencia o creatividad, sino porque el miedo reduce el horizonte de posibilidades. En lugar de construir proyectos propios, organizan su política alrededor de aquello que desean evitar. Por eso nuestra conversación pública está llena de comparaciones, como el temor a ser el espejo de Argentina, El Salvador o Estados Unidos. Aprender de otras experiencias es sano; pensar exclusivamente a través de ellas, no. Cuando dejamos de preguntarnos qué necesita Colombia para preguntarnos qué ejemplo extranjero confirma mejor nuestros temores, renunciamos a imaginar un proyecto nacional propio.
Escribo estas líneas no solo como ciudadana, sino como directora de ILEX Acción Jurídica, una organización que ha acompañado a poblaciones afrodescendientes que han vivido la guerra, el racismo, el despojo y el abandono estatal. Y si algo nos han enseñado esas comunidades es que la imaginación política nunca desapareció de Colombia. Lo que ocurrió fue que dejamos de reconocer dónde estaba.
Mientras el país discutía cómo sobrevivir al conflicto armado, las parteras del Pacífico siguieron imaginando cómo proteger la vida. Durante la pandemia reorganizaron sus prácticas, fortalecieron redes comunitarias de cuidado y demostraron que el conocimiento ancestral también podía responder a una crisis sanitaria global, sin esperar a que llegara una política pública. Lo mismo ocurrió con el viche, tratado durante décadas como bebida ilegal donde en realidad existía una compleja economía cultural, sus productoras y productores insistieron en imaginar que ese conocimiento fuera reconocido como patrimonio. Y, antes de que existiera una ley que lo protegiera, existió una comunidad capaz de imaginar que ese reconocimiento era posible. Y mientras el Chocó aparecía en las noticias como sinónimo de violencia, procesos como Jóvenes Creadores del Chocó apostaron por la danza, la música y el arte, y construyeron escuelas y proyectos de vida para niños y jóvenes donde muchos solo veían un territorio condenado. Esa apuesta, que puede parecer únicamente cultural, es una negación a aceptar que la violencia tenga el monopolio del futuro.
Podría mencionar también a los consejos comunitarios que protegieron los bosques antes de que el país hablara de justicia climática, o a quienes insistieron durante años en que sin datos étnico- raciales no habría igualdad real. Todas esas experiencias nacieron de la imaginación, no del poder. Y quizás ese sea uno de los mayores aportes que las comunidades históricamente excluidas pueden hacer hoy a Colombia, la justicia racial también consiste en ampliar quiénes tienen derecho a imaginar el futuro del país. Durante demasiado tiempo hemos tratado a las comunidades afrodescendientes, indígenas, campesinas y populares como destinatarias de políticas públicas, cuando en realidad han sido creadoras de algunas de las respuestas más innovadoras sobre cuidado, economía, cultura, territorio y desarrollo que tiene Colombia.
Quizás el mayor desafío de los próximos años no sea demostrar quién tenía razón en estas elecciones, sino recuperar la capacidad de imaginar un país distinto, uno donde la seguridad y la igualdad no se presenten como objetivos incompatibles, donde el crecimiento económico y la justicia racial se entiendan como condiciones de un desarrollo más sólido, y donde las comunidades que durante siglos sostuvieron la vida en medio del abandono sean reconocidas como protagonistas de un nuevo proyecto nacional.
Recuperar la imaginación política no es un ejercicio retórico. Significa dejar de diseñar políticas para un ciudadano abstracto y construir un Estado capaz de reconocer las desigualdades reales que atraviesan a su población. Significa que ninguna promesa de reconciliación nacional pueda hacerse sin datos que muestren, con nombre propio, a quién beneficia y a quién sigue dejando atrás. Y significa que la política fiscal se pregunte quién acumula riqueza, quién sostiene la economía del cuidado y quién continúa financiando, con su pobreza, el bienestar de otros.
Las elecciones ya pasaron. Ahora comienza una tarea más difícil. La del Gobierno, que tendrá la responsabilidad de gobernar para todos; la de la oposición, que deberá ejercer un control firme y responsable; y también la nuestra, la de las organizaciones sociales, las universidades, el sector privado, las iglesias, los medios de comunicación y millones de ciudadanos que cada día deciden si alimentan el miedo o construyen confianza. A las comunidades que durante décadas han resistido la violencia, el racismo y el abandono quisiera decirles una sola cosa: no permitan que el miedo les robe la capacidad de imaginar.
