Cuerpos que luchan: derechos sexuales y reproductivos de las mujeres afrodescendientes con discapacidad en Buenaventura
Este informe presenta los resultados de una investigación realizada por la Fundación Asesorarte, con el apoyo de ILEX Acción Jurídica, cuyo objetivo fue comprender las barreras, condiciones y posibilidades de acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos por parte de mujeres negras con discapacidad en Buenaventura, Colombia.
Las mujeres negras con discapacidad enfrentan una intersección compleja de desigualdades marcadas por el racismo, el capacitismo, el machismo y la exclusión social. Estas realidades se agudizan en contextos donde el acceso a derechos sexuales y reproductivos, como la interrupción voluntaria del embarazo (en adelante IVE), sigue siendo limitado por barreras culturales, económicas, de infraestructura y por la falta de capacitación de los/las profesionales de la salud. Para los propósitos de este informe, es importante reconocer que las acciones y omisiones de los prestadores de servicios de salud —incluyendo negativas, dilaciones injustificadas y la instrumentalización de la objeción de conciencia— también representan barreras significativas. Estas prácticas vulneran principios fundamentales como la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios, y perpetúan la exclusión de mujeres, hombres trans y personas no binarias que quieran acceder a una IVE.
Este informe presenta los resultados de una investigación realizada por la Fundación Asesorarte, con el apoyo de ILEX Acción Jurídica, cuyo objetivo fue comprender las barreras, condiciones y posibilidades de acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (En adelante IVE) y al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos por parte de mujeres negras con discapacidad en Buenaventura, Colombia.
“Este informe es urgente porque las barreras identificadas en la investigación tienen impactos reales sobre la vida, la salud y la autonomía de las mujeres negras con discapacidad. Es urgente avanzar hacia políticas y servicios más dignos, accesibles y antirracistas para que ninguna mujer quede por fuera del ejercicio pleno de sus derechos sexuales y reproductivos”.
Ana Bolena Rodríguez, directora de la Fundación Asesorarte
A partir de una metodología cualitativa basada en entrevistas, grupos focales y análisis documental, se construyó una lectura interseccional de las múltiples formas de opresión que enfrentan las mujeres con discapacidad. El estudio analiza cómo se entrelazan el racismo, el capacitismo y la exclusión territorial en el sistema de salud, revelando prácticas sistemáticas de infantilización, revictimización, violencia institucional y negación del deseo sexual y reproductivo. El análisis también aborda el papel del cuidado, la medicalización del cuerpo, y la precarización de la vida como condiciones estructurales que restringen el ejercicio pleno de los derechos.
“Uno de los hallazgos más contundentes no está en los testimonios sino en el silencio institucional: cuatro de las siete entidades de salud contactadas nunca respondieron. Eso no es desorganización administrativa. Es una forma activa de gobierno sobre los cuerpos racializados con discapacidad: si no hay datos, no hay problema; si no hay problema, no hay obligación. La invisibilización estadística ausencia de cruces interseccionales entre raza, género, discapacidad y acceso a salud reproductiva es en sí misma un mecanismo de exclusión que precede y sostiene a todos los demás”.
Audrey Mena, directora de Ilex Acción Jurídica
Este estudio pretende contribuir aunque sea modestamente a la comprensión y análisis de las experiencias situadas de mujeres negras con discapacidad frente al acceso a servicios de salud sexual y reproductiva; el desarrollo de un marco de análisis interseccional y comunitario; y una serie de recomendaciones orientadas a instituciones estatales, personal médico, organizaciones sociales y tomadores de decisión, que buscan fortalecer políticas públicas, servicios accesibles y prácticas institucionales que garanticen la autonomía, el consentimiento informado y el derecho a una vida digna.
