Aunque las cifras son preocupantes, llama la atención que el número de víctimas con pertenencia étnica indígena y/o afrodescendiente sólo representan el 35,4% del consolidado total.
El pasado viernes 3 de marzo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) presentó su informe anual sobre la situación de los Derechos Humanos en Colombia durante el 2022. El documento alerta sobre el recrudecimiento de los problemas de orden público en las poblaciones indígenas y afros y el aumento de los asesinatos de líderes,lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos. También señaló los retrocesos en la protección de los derechos a la vida, la movilidad, los derechos territoriales y el el gobierno propio de las comunidades indígenas y afrodescendientes en lugares como Arauca, Cauca, Chocó, Córdoba, Huila, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca.
De acuerdo con el informe, el año pasado el ACNUDH recibió 256 alegaciones de homicidios de personas defensoras de derechos humanos, de las cuales verificó que en 116 existía un vínculo entre su muerte y su labor de defensa de los derechos humanos. De ese total, 26 eran indígenas, 15 afrodescendientes y 53 campesinos/as. Los presuntos responsables de estos hechos serían grupos armados al margen de la ley que ejercen actividades económicas ilícitas y control territorial en varias regiones del país. A este panorama deben sumarse las cuatro masacres que se dirigieron contra población negra/afro durante el mismo año.
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Aunque las cifras son preocupantes, llama la atención que el número de víctimas con pertenencia étnica indígena y/o afrodescendiente sólo representan el 35,4% del consolidado total, a pesar de que la mayoría de los crímenes contra personas defensoras de derechos humanos se registraron en departamentos con predominancia de población étnica como Cauca, Nariño, Valle del cauca y Antioquia. Al respecto, consideramos que esto puede ser muestra del subregistro de violencias o violaciones de derechos humanos contra líderes, líderes y personas negras/afro defensoras de derechos humanos.
En una reciente publicación de ILEX, “Recomendaciones para la implementación de un sistema de monitoreo étnico-racial”, explicamos cómo ocurre este subregistro. Encontramos que existe un subregistro de poblaciones históricamente discriminadas por su pertenencia étnico-racial en los sistemas de registro y monitoreo de violaciones graves a los derechos humanos de líderes y lideresas sociales, particularmente de gente negra/afro, lo que impacta el diagnóstico y la implementación de adecuadas políticas diferenciales de protección de los liderazgos sociales. Este hallazgo debe aplicarse para la determinación de las cifras y el análisis certero de las tendencias a la baja o alta y las razones de ese comportamiento.
A la gravedad de lo anterior se suma que, según el informe, el 70% de las 102.395 personas que se han visto confinadas o limitadas en su movilidad, son afrodescendientes y que los departamentos más afectados por los confinamientos son Arauca, Cauca, Chocó y Nariño. En estos contextos la seguridad de los liderazgos son directamente afectados.
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Por otro lado, nos parece importante resaltar que el informe anual del ACNUDH también reportó un incremento significativo de homicidios en contra de integrantes de Juntas de Acción Comunal a manos de grupos armados no estatales en los departamentos de Arauca, Bolívar y Putumayo. “Del total de casos de alegaciones de homicidios de personas defensoras verificados en 2022, el 45% correspondieron a miembros de las Juntas de Acción Comunal, lo cual significa que de 13 casos en 2021 se pasó a 52 en 2022”, señala el documento.
(Descarga el documento: Recomendaciones para la implementación de un sistema de monitoreo con enfoque étnico-racial)
En cuanto al Plan de emergencia implementado en agosto pasado por el Gobierno Nacional, con el objetivo de garantizar la seguridad de personas defensoras, líderes sociales y firmantes de paz en 65 municipios y 6 capitales priorizadas, el informe señala que este ha enfrentado desafíos para su implementación, “relacionados con la falta de un enfoque preventivo de algunas autoridades locales, limitaciones del Gobierno nacional para acompañar los espacios municipales, la ausencia de confianza entre autoridades y sociedad civil, y las causas estructurales de la violencia en los territorios”. Y agregó: “Es oportuno que el cambio de enfoque de la política de seguridad por parte del Gobierno hacia un enfoque de seguridad humana se complemente con una actuación de la Fuerza Pública orientada primordialmente a la protección de las comunidades en mayor riesgo”.
En cuanto a la situación de masacres, ONU DD. HH. en Colombia recibió reportes de 128 casos, de los cuales 92 fueron verificados, 2 siguen en proceso de verificación y 34 fueron considerados no concluyentes. En comparación, en 2021 se verificaron 78 masacres y en 2020 habían sido 76.