Lideres sociales afro

Informe de ONU DD.HH advierte que 15 líderes afros fueron asesinados en Colombia durante 2022; la cifra podría ser más devastadora 

Aunque las cifras son preocupantes, llama la atención que el número de víctimas con pertenencia étnica indígena y/o afrodescendiente sólo representan el 35,4% del consolidado total. El pasado viernes 3 de marzo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) presentó  su informe anual sobre la situación de los Derechos Humanos en Colombia durante el 2022. El documento alerta sobre el recrudecimiento de los problemas de orden público en las poblaciones indígenas y afros y el aumento de los asesinatos de líderes,lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos. También señaló los retrocesos en la protección de los derechos a la vida, la movilidad, los derechos territoriales y el el gobierno propio de las comunidades indígenas y afrodescendientes en lugares como Arauca, Cauca, Chocó, Córdoba, Huila, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca. De acuerdo con el informe, el año pasado el ACNUDH recibió 256 alegaciones de homicidios de personas defensoras de derechos humanos, de las cuales verificó que en 116 existía un vínculo entre su muerte y su labor de defensa de los derechos humanos. De ese total, 26 eran indígenas, 15 afrodescendientes y 53 campesinos/as. Los presuntos responsables de estos hechos serían grupos armados al margen de la ley que ejercen actividades económicas ilícitas y control territorial en varias regiones del país. A este panorama deben sumarse las cuatro masacres que se dirigieron contra población negra/afro durante el mismo año.  (Te recomendamos leer: Instamos a los Estados miembros de la ONU a apoyar la resolución que renueva el mandato del Relator Especial sobre la situación de los y las defensoras de derechos humanos) Aunque las cifras son preocupantes, llama la atención que el número de víctimas con pertenencia étnica indígena y/o afrodescendiente sólo representan el 35,4% del consolidado total,  a pesar de que la mayoría de los crímenes contra personas defensoras de derechos humanos se registraron en departamentos con predominancia de población étnica como Cauca, Nariño,  Valle del cauca y Antioquia. Al respecto, consideramos que esto puede ser muestra del subregistro de violencias o violaciones de derechos humanos contra líderes, líderes y personas negras/afro defensoras de derechos humanos.  En una reciente publicación de ILEX, “Recomendaciones para la implementación de un sistema de monitoreo étnico-racial”, explicamos cómo ocurre este subregistro. Encontramos que existe un subregistro de poblaciones históricamente discriminadas por su pertenencia étnico-racial en los sistemas de registro y monitoreo de violaciones graves a los derechos humanos de líderes y lideresas sociales, particularmente de gente negra/afro, lo que impacta el diagnóstico y la implementación de adecuadas políticas diferenciales de protección de los liderazgos sociales. Este hallazgo debe aplicarse para la determinación de las cifras y el análisis certero de las tendencias a la baja o alta y las razones de ese comportamiento. A la gravedad de lo anterior se suma que, según el informe, el 70% de las 102.395 personas que se han visto confinadas o limitadas en su movilidad, son afrodescendientes y que los departamentos más afectados por los confinamientos son Arauca, Cauca, Chocó y Nariño. En estos contextos la seguridad de los liderazgos son directamente afectados.  (Revive nuestra intervención en el Foro Permanente sobre los Afrodescendientes en la ONU) Por otro lado, nos parece importante resaltar que el informe anual del ACNUDH también reportó  un incremento significativo de homicidios en contra de integrantes de Juntas de Acción Comunal a manos de grupos armados no estatales en los departamentos de Arauca, Bolívar y Putumayo. “Del total de casos de alegaciones de homicidios de personas defensoras verificados en 2022, el 45% correspondieron a miembros de las Juntas de Acción Comunal, lo cual significa que de 13 casos en 2021 se pasó a 52 en 2022”, señala el documento.  (Descarga el documento: Recomendaciones para la implementación de un sistema de monitoreo con enfoque étnico-racial) En cuanto al Plan de emergencia implementado en agosto pasado por el Gobierno Nacional, con el objetivo de garantizar la seguridad de personas defensoras, líderes sociales y firmantes de paz en 65 municipios y 6 capitales priorizadas, el informe señala que este ha enfrentado desafíos para su implementación, “relacionados con la falta de un enfoque preventivo de algunas autoridades locales, limitaciones del Gobierno nacional para acompañar los espacios municipales, la ausencia de confianza entre autoridades y sociedad civil, y las causas estructurales de la violencia en los territorios”. Y agregó: “Es oportuno que el cambio de enfoque de la política de seguridad por parte del Gobierno hacia un enfoque de seguridad humana se complemente con una actuación de la Fuerza Pública orientada primordialmente a la protección de las comunidades en mayor riesgo”.  En cuanto a la situación de masacres, ONU DD. HH. en Colombia recibió reportes de 128 casos, de los cuales 92 fueron verificados, 2 siguen en proceso de verificación y 34 fueron considerados no concluyentes. En comparación, en 2021 se verificaron 78 masacres y en 2020 habían sido 76. Lee el informe completo aquí

Los asesinatos de líderes sociales y la urgencia de sistemas de monitoreo con enfoque étnico-racial en Colombia

Es urgente que la priorización de las medidas de prevención y protección se haga a través de enfoques diferenciales que atiendan a las necesidades de los liderazgos negros/afro.  Escrito por: Sibelys Mejía, directora de Litigio de ILEX Acción Jurídica Los asesinatos contra líderes, lideresas y personas defensoras de derechos humanos han aumentado en 2022 en Colombia, según los datos del Instituto de estudios para el desarrollo y la paz – Indepaz.  De acuerdo con esa organización, 171 líderes han sido asesinados en el país este año, de estos, 58 casos ocurrieron desde que Gustavo Petro asumió la Presidencia. El panorama es desalentador. Según Indepaz, los homicidios registrados este año ya superan los 161 casos reportados durante todo el 2021. A esto se suma que  dichos datos continúan invisibilizando el peso de la identidad étnico-racial en los asesinatos, lo que es motivo de preocupación para ILEX.  En una reciente publicación de Ilex, “Recomendaciones para la implementación de un sistema de monitoreo étnico-racial”, mostramos cómo ocurre dicho subregistro. Encontramos que existe un subregistro de poblaciones históricamente discriminadas por su pertenencia étnico-racial en los sistemas de registro y monitoreo de violaciones graves a los derechos humanos de líderes y lideresas sociales, particularmente de gente negra/afro, lo que impacta el diagnóstico y la implementación de adecuadas políticas diferenciales de protección de líderes y lideresas. Este hallazgo también puede aplicarse cuando intentamos determinar si las cifras están subiendo o bajando y por qué. Basta con desagregar los datos por identidad poblacional. Veamos los de Indepaz, una de las bases más populares: Al parecer, los asesinatos contra líderes, lideresas y personas negras/afro defensoras de derechos humanos, se dispararon en octubre, mientras que para el caso de indígenas hay una reducción, pero esta no es decisiva; y frente a liderazgos campesinos, comunales y comunitarios no hay una tendencia clara, pues los dos meses anteriores al inicio del nuevo gobierno hubo menos asesinatos que durante el gobierno Petro. En este sentido, consideramos que es urgente que la priorización de las medidas de prevención y protección se haga a través de enfoques diferenciales que atiendan las necesidades de los liderazgos negros/afro.  (Te recomendamos leer: ¿Cómo superar el amplio subregistro de las violencias contra líderes y lideresas afro en Colombia?) No queremos decir con esto que el gobierno está haciendo las cosas mal. Petro y su equipo han demostrado ser sensibles a las dimensiones raciales y étnicas de la violencia que ha apagado la vida física de líderes y lideresas. Recientemente, adoptaron un plan de emergencia, acordado con organizaciones de la sociedad civil y víctimas; en los territorios más acosados por la violencia se socializó la Estrategia Integral e Interinstitucional para la vida y La Paz, y se han instalado Puestos de Mando Unificado para la Vida en departamentos como Nariño y Putumayo. En dichos espacios, el gobierno ha elaborado planes y ha asumido compromisos que van en línea con un enfoque diferencial en la protección de los liderazgos sociales. También hay que ser conscientes que el gobierno se enfrenta a serias limitaciones de presencia y capacidad institucional, que debe resolver lo más pronto posible. (También puedes leer: La Corte Constitucional determinó que el Gobierno de Duque le incumplió al pueblo raizal de Providencia y Santa Catalina) Sin embargo, de dichos espacios aún no ha salido una propuesta clara sobre cómo gestionar los datos sobre la identidad étnico-racial de las víctimas. Sobre esto, Ilex propone, como posible insumo para intentar dar respuesta al problema, tres recomendaciones que pueden revisarse con más detalle en nuestra publicación: