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Sin justicia de datos no hay justicia racial: una investigación sobre invisibilidad estadística y su impacto en los derechos de la población afro

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En el marco de las conmemoraciones del pasado 21 de marzo, Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, ILEX Acción Jurídica realizó el lanzamiento del documento ‘La invisibilidad estadística de la población afrocolombiana y su impacto en los derechos humanos’, una investigación que analiza el ciclo de invisibilidad estadística y las graves vulneraciones de derechos ligadas a esta forma de discriminación de la población étnica en Colombia y América Latina. A partir de un estudio de fuentes secundarias de carácter doctrinal, normatividad nacional e internacional, así como experiencias de litigio -como el llevado a cabo en contra del Censo de 2018 en Colombia-, el documento presenta valiosos apuntes sobre la necesidad de reconocer esta forma de discriminación como un asunto que debe ser enfrentado por los estados con acciones concretas, que eliminen el patrón de marginación y desigualdad a la que ha sido sometida la población afrodescendiente. (También puedes leer: Corte Constitucional reconoce que el Censo del 2018 vulneró los derechos de la población afrocolombiana y ordena tomar medidas para mitigar impactos) Daniel Gómez-Mazo, director de investigaciones de ILEX Acción Jurídica, afirmó que la investigación surgió a raíz de las dificultades presentadas en la contabibilización de la población afrodescendiente en el Censo Nacional realizado por el DANE en 2018. De acuerdo con la sentencia T-276 de 2022 de la Corte Constitucional, una variedad de factores, incluyendo errores cometidos por el DANE durante el proceso de ejecución del Censo 2018, dieron lugar a la disminución significativa en el número de personas contabilizadas como afrodescendientes, vulnerando así los derechos fundamentales a la igualdad, al reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, a la información de calidad y a la materialización progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales de esta población. Este “daño irreversible” en la visibilización estadística de las comunidades afrocolombianas, aseguró la Corte, afecta el “reconocimiento oficial de las diversidades en la población colombiana” y “obstruye el diseño de políticas públicas idóneas que permitan superar las enormes brechas que golpean de forma desproporcionada a las poblaciones afrocolombianas”. De acuerdo con Mazo, el documento fue desarrollado desde una perspectiva de investigación aplicada en derechos humanos, con el objetivo de entender cómo se contabiliza a la población afro en estos procesos estadísticos e indentificar las vulneraciones de derechos que genera la invisibilidad estadística. “Se piensa que este es un tema técnico, pero no se tiene conciencia sobre las implicaciones que este tema tiene en derechos humanos. La producción de información estadística es fundamental para que el estado pueda desarrollar acciones concretas, políticas públicas, en sus distintos, para atender esas brechas de desigualdad y, en últimas, para garantizar los derechos humanos de grupos históricamente discriminados”, explicó el abogado. Y agregó: “Para alcanzar condiciones de justicia racial es indispensable contar con visibilidad estadística, esto no solo vulnera a la población afrodescendiente, sino que entorpece el accionar del Estado”. “Para alcanzar condiciones de justicia racial es indispensable contar con visibilidad estadística, esto no solo vulnera a la población afrodescendiente, sino que entorpece el accionar del Estado”. Las palabras de Daniel Mazo van en la misma línea de las declaraciones de la comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Margarette Macaulay, quien ha señalado que “los afrodescendientes que no han sido cubiertos por censos anteriores son invisibilizados actualmente. Si quisieran pedir sus derechos no podrían porque no hacen parte de la población reconocida de Colombia”. La investigación también analizó los impactos diferenciados de la invisibilidad estadística en la población afrodescendiente en países como Brasil, Perú y México. De igual forma, se estudiaron los entreverados de esta problemática en Colombia, teniendo como punto de partida el contexto reciente de la crisis social, económica y de salud generada por el COVID-19. “Cuando un estado no conoce la información detallada de su población no puede tomar decisiones adecuadas, y las decisiones que toma a partir de estas estadísticas van a estar erradas. Cuando la población no se toma en cuenta dentro de las estadísticas, cuando los censos no definen la pertenencia étnico-racial, se invisibilzan las brechas de desigualdad”, afirmó Eliana Alcalá, abogada de ILEX Acción Jurídica. El documento finaliza con recomendaciones a las entidades que de una u otra forma tienen la obligación por revertir los efectos de este fenómeno y empezar a captar información desagregada en aplicación a un enfoque diferencial étnico-racial. Primero, se invita a las instituciones a reconocer que se debe generar un debate y reflexión sobre la posibilidad de ampliar los mecanismos usados para captar la pertenencia étnico-racial, pues aunque el autorreconocimiento es irremplazable y debe ser el factor principal para definir la identidad étnico-racial, este se debe complementar con otros instrumentos. “Para que un proceso de captación estadística tenga una consistencia amplia y verídica, se debe priorizar el uso de estrategias de heterorreconocimiento y no ceñirse sólo al autorreconocimiento”, manifestó por su parte Abraham Caraballo, economista de ILEX Acción Jurídica. (Te recomendamos leer: Diez recomendaciones para la creación y puesta en marcha del Ministerio de la Igualdad en Colombia) El documento también recomienda que se establezca de manera obligatoria la captación de la variable étnico-racial en todas los instrumentos de recolección de información del Estado y capacitar a los encuestadores en los censos nacionales, encuestas y demás receptores/ras de información dentro de la institucionalidad. Finalmente, se recomienda que las entidades privadas que realizan estudios de percepción, opinión y otros, en las diferentes ciudades, incluyan dentro de sus variables sociodemográficas el enfoque étnico-racial. LA INVISIBILIDAD ESTADÍSTICA DE LA POBLACIÓN AFROCOLOMBIANA Y SU IMPACTO EN LOS DERECHOS HUMANOS La invisibilidad estadística de la población afrodescendiente genera un desconocimiento de las condiciones sociales, económicas y políticas de la población, que al final se ve reflejada en la falta de formulación de políticas que respondan de manera efectiva a las condiciones históricas de discriminación, configurándose con esta situación una expresión más de la discriminación estructural.

La invisibilidad estadística de la población afrocolombiana y su impacto en los derechos humanos

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LA INVISIBILIDAD ESTADÍSTICA DE LA POBLACIÓN AFROCOLOMBIANA Y SU IMPACTO EN LOS DERECHOS HUMANOS La invisibilidad estadística de la población afrodescendiente genera un desconocimiento de las condiciones sociales, económicas y políticas de la población, que al final se ve reflejada en la falta de formulación de políticas que respondan de manera efectiva a las condiciones históricas de discriminación, configurándose con esta situación una expresión más de la discriminación estructural. La ausencia de información estadística confiable y de calidad sobre la población afrodescendientes está atada a la discriminación estructural que experimenta esta población, muchas veces expresada por medio de situaciones de invisibilización. En palabras de la comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Margarette Macaulay, “los afrodescendientes que no han sido cubiertos por censos anteriores son invisibilizados actualmente. Si quisieran pedir sus derechos no podrían porque no hacen parte de la población reconocida de Colombia”. El documento titulado ‘La invisibilidad estadística de la población afrocolombiana y su impacto en los derechos humanos’, realizado por el equipo de investigadores/as de ILEX Acción Jurídica, analiza la relación entre la invisibilidad estadística de la población afrodescendiente, la forma en cómo es contada la población desde el autorreconocimiento y heteroreconocimiento y su relación con la garantía de derechos humanos. A partir de un estudio de fuentes secundarias de carácter doctrinal, normatividad nacional e internacional, así como experiencias de litigio -como el llevado en el Censo nacional de población de 2018 en Colombia-, el documento presenta valiosos apuntes sobre la necesidad de reconocer esta forma de discrminación como un asunto que debe ser enfrentado por los estados con acciones concretas, que eliminen el patrón de marginación y desigualdad a la que ha sido sometida la población afrodescendiente en Colombia y América Latina. La investigación también analizó los impactos diferenciados de la invisibilidad estadística en la población afrodescendiente en países como Brasil, Perú y México. De igual forma, se estudiaron los entreverados de esta problemática en Colombia, teniendo como punto de partida el contexto reciente de la crisis social, económica y de salud generada por el COVID-19. El documento finaliza con recomendaciones a las entidades que de una u otra forma tienen la obligación por revertir los efectos de este fenómeno y empezar a captar información desagregada en aplicación a un enfoque diferencial étnico-racial.

Abrimos convocatoria laboral para el cargo de Coordinador/a de la línea de Derechos Territoriales

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ILEX Acción Jurídica es una organización de la sociedad civil liderada por abogadas afrodescendientes, dirigida a impulsar estrategias de movilización legal, comunicaciones e investigación social, con enfoque interseccional, para alcanzar la justicia racial y contribuir al goce efectivo de los derechos de las comunidades y personas afrodescendientes en Colombia. La organización se encuentra actualmente en búsqueda de un/a abogado/a para el cargo de coordinador/a de la línea de Derechos Territoriales y Justicia Ambiental. También buscamos una abogada con experiencia en derecho constitucional que apoye nuestras iniciativas para la garantía de derechos sexuales y reproductivos de mujeres negras/afrodescendientes. Coordinador/a de la línea de Derechos Territoriales y Justicia Ambiental Perfil requerido Tipo de contrato: Prestación de servicios. Honorarios: Cinco millones de pesos colombianos ($ 5’000.000) Abogada Perfil requerido Tipo de contrato: Prestación de servicios. Honorarios: Cinco millones de pesos colombianos ($ 5’000.000) Fecha límite de postulación: viernes 17 de marzo de 2023. Postúlate

Informe de ONU DD.HH advierte que 15 líderes afros fueron asesinados en Colombia durante 2022; la cifra podría ser más devastadora

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Aunque las cifras son preocupantes, llama la atención que el número de víctimas con pertenencia étnica indígena y/o afrodescendiente sólo representan el 35,4% del consolidado total. El pasado viernes 3 de marzo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) presentó su informe anual sobre la situación de los Derechos Humanos en Colombia durante el 2022. El documento alerta sobre el recrudecimiento de los problemas de orden público en las poblaciones indígenas y afros y el aumento de los asesinatos de líderes,lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos. También señaló los retrocesos en la protección de los derechos a la vida, la movilidad, los derechos territoriales y el el gobierno propio de las comunidades indígenas y afrodescendientes en lugares como Arauca, Cauca, Chocó, Córdoba, Huila, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca. De acuerdo con el informe, el año pasado el ACNUDH recibió 256 alegaciones de homicidios de personas defensoras de derechos humanos, de las cuales verificó que en 116 existía un vínculo entre su muerte y su labor de defensa de los derechos humanos. De ese total, 26 eran indígenas, 15 afrodescendientes y 53 campesinos/as. Los presuntos responsables de estos hechos serían grupos armados al margen de la ley que ejercen actividades económicas ilícitas y control territorial en varias regiones del país. A este panorama deben sumarse las cuatro masacres que se dirigieron contra población negra/afro durante el mismo año. (Te recomendamos leer: Instamos a los Estados miembros de la ONU a apoyar la resolución que renueva el mandato del Relator Especial sobre la situación de los y las defensoras de derechos humanos) Aunque las cifras son preocupantes, llama la atención que el número de víctimas con pertenencia étnica indígena y/o afrodescendiente sólo representan el 35,4% del consolidado total, a pesar de que la mayoría de los crímenes contra personas defensoras de derechos humanos se registraron en departamentos con predominancia de población étnica como Cauca, Nariño, Valle del cauca y Antioquia. Al respecto, consideramos que esto puede ser muestra del subregistro de violencias o violaciones de derechos humanos contra líderes, líderes y personas negras/afro defensoras de derechos humanos. En una reciente publicación de ILEX, “Recomendaciones para la implementación de un sistema de monitoreo étnico-racial”, explicamos cómo ocurre este subregistro. Encontramos que existe un subregistro de poblaciones históricamente discriminadas por su pertenencia étnico-racial en los sistemas de registro y monitoreo de violaciones graves a los derechos humanos de líderes y lideresas sociales, particularmente de gente negra/afro, lo que impacta el diagnóstico y la implementación de adecuadas políticas diferenciales de protección de los liderazgos sociales. Este hallazgo debe aplicarse para la determinación de las cifras y el análisis certero de las tendencias a la baja o alta y las razones de ese comportamiento. A la gravedad de lo anterior se suma que, según el informe, el 70% de las 102.395 personas que se han visto confinadas o limitadas en su movilidad, son afrodescendientes y que los departamentos más afectados por los confinamientos son Arauca, Cauca, Chocó y Nariño. En estos contextos la seguridad de los liderazgos son directamente afectados. (Revive nuestra intervención en el Foro Permanente sobre los Afrodescendientes en la ONU) Por otro lado, nos parece importante resaltar que el informe anual del ACNUDH también reportó un incremento significativo de homicidios en contra de integrantes de Juntas de Acción Comunal a manos de grupos armados no estatales en los departamentos de Arauca, Bolívar y Putumayo. “Del total de casos de alegaciones de homicidios de personas defensoras verificados en 2022, el 45% correspondieron a miembros de las Juntas de Acción Comunal, lo cual significa que de 13 casos en 2021 se pasó a 52 en 2022”, señala el documento. (Descarga el documento: Recomendaciones para la implementación de un sistema de monitoreo con enfoque étnico-racial) En cuanto al Plan de emergencia implementado en agosto pasado por el Gobierno Nacional, con el objetivo de garantizar la seguridad de personas defensoras, líderes sociales y firmantes de paz en 65 municipios y 6 capitales priorizadas, el informe señala que este ha enfrentado desafíos para su implementación, “relacionados con la falta de un enfoque preventivo de algunas autoridades locales, limitaciones del Gobierno nacional para acompañar los espacios municipales, la ausencia de confianza entre autoridades y sociedad civil, y las causas estructurales de la violencia en los territorios”. Y agregó: “Es oportuno que el cambio de enfoque de la política de seguridad por parte del Gobierno hacia un enfoque de seguridad humana se complemente con una actuación de la Fuerza Pública orientada primordialmente a la protección de las comunidades en mayor riesgo”. En cuanto a la situación de masacres, ONU DD. HH. en Colombia recibió reportes de 128 casos, de los cuales 92 fueron verificados, 2 siguen en proceso de verificación y 34 fueron considerados no concluyentes. En comparación, en 2021 se verificaron 78 masacres y en 2020 habían sido 76. Lee el informe completo aquí

#8M: 5 Mujeres afrocolombianas que han puesto sus vidas y saberes al servicio de sus territorios

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Las mujeres negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras hemos sido pilares fundamentales para el desarrollo de nuestros territorios. Nuestra resistencia ha representado la fuerza de pueblos que entre cantos, cabellos trenzados o sueltos, la academia y la literatura, reescriben la memoria colectiva de su pasado y tejen esperanzas en el presente. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, queremos reconocer a mujeres que desde distintas áreas y partes de Colombia, han aportado saberes, conocimientos y sus vidas al desarrollo de sus territorios, siendo pilares fundamentales no solo de desarrollo, sino también de resistencia y fuerza. Hoy queremos exaltar a cinco mujeres líderesas y voces que siguen poniendo sobre la mesa la importancia de la figura y la labor de mujeres negras para sus poblaciones y comunidades, pero sobre todo, para el país. Rosmilda Quiñones Fajardo Es partera tradicional y fundadora de la Asociación de Parteras Unidas del Pacífico – ASOPARUPA. Su trabajo ha significado la guardia de una de las prácticas ancestrales que ha alumbrado la vida de muchxs en la región. En un artículo para el Fondo de Población de las Naciones Unidas, Rosmilda aseguró que: “Quise ser partera porque vi la necesidad del rescate, conservación y transmisión de esos saberes culturales y ancestrales que estaban prácticamente perdidos, porque una partera atendía un parto y lo primero que le decía a la mujer es yo le atiendo el parto, pero no vaya a decir que yo la atendí, las parteras tenían miedo de que la medicina occidental se diera cuenta que estaban atendiendo partos”. Yolanda Perea Mosquera Yolanda ha sido una de las lideresas más activas por La Paz, luchando para el reconocimiento de las Violencias sexuales cometidas con las mujeres en medio el conflicto armado, hoy hace parte de la Ruta Pacífica de las Mujeres (RPM). Mara Viveros Vigoya Es una profesora, investigadora y doctora en antropología afrofeminista, quien ha investigado sobre las intersecciones de género, sexualidad, clase, raza y etnicidad como parte de las dinámicas sociales, y sobre el racismo y las luchas antirracistas en América Latina. Ha escrito cuatro libros y participado en la edición o coedición de otros seis. Actualmente es profesora titular en la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional. María Isabel Mena Garcia María Isabel Mena es una historiadora que se ha dedicado a hacer énfasis en la etnoeducación y el racismo a partir de sus experiencias personales y familiares. Estudió una maestría en investigación social interdisciplinaria, donde tuvo como tema de tesis el análisis de las representaciones de las comunidades negras en los textos escolares. Para el portal web Magua Red, María Isabel afirmó: “Esas ilustraciones de los textos no son un tema menor, están puestos con toda una intencionalidad. El ilustrador es producto de una historia ilustrada que nos ha hecho poner a ciertas personas en los textos, quitar o condenarlas a los mismos roles. Para mí siempre fue muy importante lo que puede ver un niño cuando no ve a sus congéneres en esos textos escolares, donde pasa la mitad de su vida y construye una política visual desde muy temprana edad“. Tania Duarte-Díaz Pérez Es una mujer trans afro cartagenera que ha enfocado su trabajo en generar oportunidades de vida digna para personas que habitan en sectores populares de Cartagena. Es Filósofa de la Universidad de Cartagena, investigadora social y creadora de la colectiva Las Libertarias, una organización social de base comunitaria que existe desde 2021 y que defiende, promueve y visibiliza las experiencias de vida de las mujeres trans negras racializadas y sus familias.

Aurora Vergara y la primavera de un sueño colectivo

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La historia de vida de la nueva Ministra de Educación encarna luchas históricas de la población afro por el acceso a educación de calidad. El nombramiento de Aurora Vergara Figueroa como nueva ministra de Educación representa la primavera de una lucha de casi un siglo por el acceso al derecho a la educación de la población afrocolombiana, que ha sido liderada por decenas de miles de maestras y maestros que promueven la enseñanza como principal herramienta para superar las barreras sociales impuestas por el legado colonial. Vergara, Socióloga de la Universidad del Valle y doctora en Sociología de la Universidad de Massachussetts-Amherst (EE.UU), ha manifestado que sus principales banderas serán la “revolución de la infraestructura educativa en las regiones que más lo requieren” y “el aumento de la cobertura para garantizar que muchas personas que necesitan acceder al sistema de educación superior puedan encontrar una oportunidad para alcanzar la formación de sus sueños”. Además, trabajará porque las instituciones “pongan en el centro de su gestión el reconocimiento de la dignidad de cada persona”. La llegada de la ganadora del premio Martin Diskin de LASA (2014) a uno de los cargos públicos más importantes del país también representa un desafío a los imaginarios racistas de un Estado que ha discriminado y marginalizado históricamente a las mujeres negras, al considerarlas como objetos y no como sujetas pensantes, o productoras de conocimiento. Con el fin de romper estas cadenas de opresiones que atraviesan los cuerpos de las mujeres de la Diáspora, Aurora Vergara -siguiendo los pasos luminosos de sus maestras en la Normal Superior de Itsmina- ha enfocado su vida profesional hacía el desarrollo de estrategias para fomentar la diversidad, la equidad y múltiples formas de acceso a la educación en Colombia y América Latina. Estas mismas banderas marcaron su gestión como Directora del Centro de Estudios Afrodiaspóricos – CEAF (2013 -2022), y profesora del Departamento de Estudios Sociales en la Universidad Icesi (2012 -2022). En el Pacífico colombiano, región madre de Aurora Vergara, la educación tiene poderes inconmensurables. Mary Grueso, escritora y narradora oral, asegura que el acceso a la escolaridad es lo que le ha permitido a las mujeres confrontar las opresiones del pensamiento patriarcal, reivindicar su identidad individual y colectiva, y alcanzar su emancipación, su autonomía. “Por eso cuando llega a la ciudad, anhela lo que no tiene en su municipio o río de origen y siempre ha deseado: el acceso a la educación. […] Por eso trabaja como vendedora de chontaduro, platonera o empleada doméstica, a la vez que cursa la primaria para aprender a leer y a escribir. En términos de género, esta mujer adopta el modelo alternativo, sin renunciar por completo a las enseñanzas del modelo tradicional, y transforma su vida a partir del conocimiento que adquiere en la escuela”, expone Grueso en ‘Las muchachas se fueron. De Migraciones y Sentires’, un análisis sobre la construcción del sujeto femenino en la poesía Afropacífico. La enseñanza también nos ha permitido construir proyectos de resistencia colectiva. En regiones como el norte del Cauca, en el Pacífico nariñense y chocoano, y en la costa Caribe, principalmente en San Basilio de Palenque y en los pueblos raizales de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, las profesoras afrodescendientes han liderado procesos educativos que integran la cultura local de estas comunidades a sus procesos curriculares, como método para enfrentar los modelos desarrollistas y garantizar la cohesión de la vida sociocultural y comunitaria. De acuerdo con la etnoeducadora y representante a la Cámara por Bolívar, Cha Dorina Hernández, esta forma de concebir la educación también le ha permitido a los pueblos étnicos del país fortalecer su autonomía, reencontrarse con su memoria colectiva, recuperar sus lenguas tradicionales y reafirmar su sabiduría ancestral. El acceso a la educación superior de calidad ha posibilitado a las mujeres afrodescendientes llegar a espacios de poder antes restringidos. Las investigadoras Diana Caicedo y Lizeth Sinisterra afirman que desde estos cargos las mujeres afro se han caracterizado por ejercer liderazgos políticamente activos y promover la democratización de la educación y “otras formas organizativas de participación, inclusive de lazos de solidaridad en sus propios territorios ancestrales”. Los desafíos son titánicos. Como ministra, Aurora tendrá el reto de liderar políticas públicas antirracistas que promuevan el cierre de las brechas en el acceso a la educación que impactan de manera diferencial a la niñez afrodescendiente del país. El ecosistema de inequidad también cimenta las barreras históricas que enfrentan hombres y mujeres de estas regiones para acceder a oportunidades y escenarios de competencia laboral en un mercado que aún está atravesado por altas cargas de clasismo y racismo. La educación fue y sigue siendo una bandera importante en la lucha por tener la capacidad de brindar oportunidades para superar las barreras sociales impuestas por el colonialismo a la población afrodescendiente. Desde ILEX Acción Jurídica extendemos nuestras felicitaciones a Aurora Vergara Figueroa por su nombramiento y le deseamos grandes éxitos en este imperioso reto.

Las organizaciones de la sociedad civil exigimos una reforma integral a la policía nacional de Colombia

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Este pliego hace parte de un trabajo de discusión y construcción colectiva en el que se consideró fundamental contar con las visiones de distintos sectores de la ciudadanía. Hoy, 2 de marzo de 2023, en el Centro de Memoria Histórica, 20 organizaciones sociales defensoras de los derechos humanos hicimos entrega al Gobierno Nacional del pliego de propuestas para que la Policía Nacional de Colombia reconstruya la confianza con la ciudadanía y se convierta en un servicio público para la paz. Este pliego hace parte de un trabajo de discusión y construcción colectiva en el que se consideró fundamental contar con las visiones de distintos sectores de la ciudadanía. La iniciativa del pliego surgió a raíz de las múltiples violaciones a los derechos humanos cometidas por la Fuerza Pública de Colombia y con ello, de la necesidad de implementar una Reforma Integral a la Policía que priorice los derechos humanos, la convivencia y la paz. Con el fin de lograr una Reforma Integral a la Policía, las organizaciones de la sociedad civil proponemos cinco puntos claves: 1. La Policía debe ser un servicio público al mando de instituciones civiles, 2. La Policía debe formarse para los derechos humanos, la convivencia y la paz, 3. La Policía debe respetar y garantizar la protesta social, 4. La Policía debe rendir cuentas a la sociedad y 5. Justicia para las víctimas y ¡no más víctimas de abuso policial!. Los anteriores son las bases de las modificaciones normativas e institucionales profundas y que representan un llamado al Estado para que asuma de forma completa, integral y verdadera el compromiso de realizar una Reforma a la Policía Nacional, son un llamado para que se garantice una participación amplia, real y efectiva de la sociedad civil y en especial de las víctimas de violencia policial, en la construcción y ejecución de cualquier iniciativa que busque transformar a dicha institución. POR LA VERDAD, LA JUSTICIA, LA REPARACIÓN, LAS GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN Y EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS, SOLICITAMOS AL GOBIERNO NACIONAL Y AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA QUE ESTOS PUNTOS MÍNIMOS SE TENGAN EN CUENTA EN SU TOTALIDAD AL MOMENTO DE TRAMITAR LA REFORMA A LA POLICÍA. Revive la transmisión del evento:

Instamos a los Estados miembros de la ONU a apoyar la resolución que renueva el mandato del Relator Especial sobre la situación de los y las defensoras de derechos humanos

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ILEX Acción Jurídica se suma a la carta en la que 169 organizaciones de la sociedad civil instan a los Estados miembros de la ONU a resistir “cualquier intento de diluir el mandato o las obligaciones de los Estados y apoyar la renovación consensuada del mandato”. Las personas defensoras de los derechos humanos son personas que actúan con humanidad, sirven a la humanidad y contribuyen a sacar lo mejor de ella. Son fundamentales en nuestra vida cotidiana: trabajan para que nuestros gobiernos sean más transparentes y rindan cuentas, para que nuestro medio ambiente esté más limpio y seguro, y para que nuestras escuelas y lugares de trabajo sean más justos y nuestro futuro más sostenible. Al enfrentarse al poder, los privilegios y los prejuicios, los defensores y defensoras de los derechos humanos se enfrentan con frecuencia a un amplio abanico de riesgos y amenazas, tanto contra sus organizaciones como contra sus familias, amigos y seres queridos. A pesar de su vital contribución, tanto algunos gobiernos como agentes no estatales siguen intentando silenciar a las personas defensoras de derechos humanos cuando denuncian injusticias y exigen rendición de cuentas para todes. El mandato de la Relatoría Especial sobre la situación de las y los defensores de los derechos humanos es esencial para su protección y reconocimiento en todo el mundo. Su misión es recopilar información sobre la situación de los defensores en todo el mundo, colabora constructivamente con gobiernos y agentes no estatales y ofrece recomendaciones de expertos para promover la aplicación efectiva de la “Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos” (Declaración sobre los defensores de los derechos humanos). (Te recomendamos leer: La violencia policial racista es sistemática y debe ser visibilizada: Mecanismo de Expertxs Independientes ante la ONU) En 2023 se cumplen 25 años desde que la Asamblea General de la ONU adoptó la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos. La adopción de la Declaración fue un momento crucial en la historia de los derechos humanos, en el que se articuló la forma en que la legislación vigente sobre derechos humanos se aplica a la situación de los defensores de los derechos humanos, se reconoció la importancia y legitimidad de la actividad de defensa de los derechos humanos y la necesidad de protegerla junto con quienes la llevan a cabo. Es oportuno que este importante aniversario coincida con el 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, lo que refleja el papel integral que desempeñan los defensores de los derechos humanos en la realización de los derechos humanos universales. En 2022, el Consejo de Derechos Humanos reafirmó la importancia de la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos y su aplicación plena y efectiva, y que promover el respeto, el apoyo y la protección de las actividades de los defensores de los derechos humanos, incluidas las defensoras de los derechos humanos, es esencial para el disfrute general de los derechos humanos, incluso en situaciones de conflicto y posteriores a conflictos. En 2021, la Asamblea General aprobó por consenso con 85 Estados copatrocinadores una resolución en la que se reconocía el importante y legítimo papel que desempeñaron los defensores de los derechos humanos en la respuesta al COVID-19, así como los retos a los que se enfrentaron como consecuencia de ello. (También puedes leer: ¿Cómo superar el amplio subregistro de las violencias contra líderes y lideresas afro en Colombia?) En la 52ª sesión del Consejo, los Estados considerarán una resolución que prorrogue el mandato del Relator Especial por tres años. Esta es una oportunidad clave para que los Estados y el Consejo demuestren su apoyo y reconocimiento al papel indispensable que desempeñan los defensores de los derechos humanos para garantizar que todas las personas disfruten de libertad, dignidad, justicia e igualdad. Por lo tanto, nuestras organizaciones instan a todos los Estados a apoyar la resolución que renueva el mandato del Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos mediante: Atentamente,

Instamos a los Estados miembros de la ONU a apoyar la resolución que renueva el mandato del Relator Especial de derechos humanos

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ILEX Acción Jurídica se suma a la carta en la que 168 organizaciones de la sociedad civil instan a los Estados miembros de la ONU a resistir “cualquier intento de diluir el mandato o las obligaciones de los Estados y apoyar la renovación consensuada del mandato”. Las personas defensoras de los derechos humanos son personas que actúan con humanidad, sirven a la humanidad y contribuyen a sacar lo mejor de ella. Son fundamentales en nuestra vida cotidiana: trabajan para que nuestros gobiernos sean más transparentes y rindan cuentas, para que nuestro medio ambiente esté más limpio y seguro, y para que nuestras escuelas y lugares de trabajo sean más justos y nuestro futuro más sostenible. Al enfrentarse al poder, los privilegios y los prejuicios, los defensores y defensoras de los derechos humanos se enfrentan con frecuencia a un amplio abanico de riesgos y amenazas, tanto contra sus organizaciones como contra sus familias, amigos y seres queridos. A pesar de su vital contribución, tanto algunos gobiernos como agentes no estatales siguen intentando silenciar a las personas defensoras de derechos humanos cuando denuncian injusticias y exigen rendición de cuentas para todes. El mandato de la Relatoría Especial sobre la situación de las y los defensores de los derechos humanos es esencial para su protección y reconocimiento en todo el mundo. Su misión es recopilar información sobre la situación de los defensores en todo el mundo, colabora constructivamente con gobiernos y agentes no estatales y ofrece recomendaciones de expertos para promover la aplicación efectiva de la “Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos” (Declaración sobre los defensores de los derechos humanos). (Te recomendamos leer: La violencia policial racista es sistemática y debe ser visibilizada: Mecanismo de Expertxs Independientes ante la ONU) En 2023 se cumplen 25 años desde que la Asamblea General de la ONU adoptó la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos. La adopción de la Declaración fue un momento crucial en la historia de los derechos humanos, en el que se articuló la forma en que la legislación vigente sobre derechos humanos se aplica a la situación de los defensores de los derechos humanos, se reconoció la importancia y legitimidad de la actividad de defensa de los derechos humanos y la necesidad de protegerla junto con quienes la llevan a cabo. Es oportuno que este importante aniversario coincida con el 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, lo que refleja el papel integral que desempeñan los defensores de los derechos humanos en la realización de los derechos humanos universales. En 2022, el Consejo de Derechos Humanos reafirmó la importancia de la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos y su aplicación plena y efectiva, y que promover el respeto, el apoyo y la protección de las actividades de los defensores de los derechos humanos, incluidas las defensoras de los derechos humanos, es esencial para el disfrute general de los derechos humanos, incluso en situaciones de conflicto y posteriores a conflictos. En 2021, la Asamblea General aprobó por consenso con 85 Estados copatrocinadores una resolución en la que se reconocía el importante y legítimo papel que desempeñaron los defensores de los derechos humanos en la respuesta al COVID-19, así como los retos a los que se enfrentaron como consecuencia de ello. (También puedes leer: ¿Cómo superar el amplio subregistro de las violencias contra líderes y lideresas afro en Colombia?) En la 52ª sesión del Consejo, los Estados considerarán una resolución que prorrogue el mandato del Relator Especial por tres años. Esta es una oportunidad clave para que los Estados y el Consejo demuestren su apoyo y reconocimiento al papel indispensable que desempeñan los defensores de los derechos humanos para garantizar que todas las personas disfruten de libertad, dignidad, justicia e igualdad. Por lo tanto, nuestras organizaciones instan a todos los Estados a apoyar la resolución que renueva el mandato del Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos mediante: Atentamente,

Mes de la Historia Negra: ¿qué significa y por qué se celebra?

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En Estados Unidos, del 1 de febrero hasta el 1 de marzo, se celebra el Mes de la Historia Negra, que se celebra principalmente para reconocer y resaltar los aportes de la diáspora afroaméricana al desarrollo del país. Además, se busca poner sobre la agenda pública la discriminación, el racismo y abusos con las que se han tenido que luchar durante años, y que siguen siendo el diario vivir de muchas personas afrodescendientes en EEUU. Esta celebración se ha dado desde 1915, cuando Carter G. Woodson inspirado por la conmemoración de los 50 años de la emancipación de la comunidad afroaméricana, dio inicio a la celebración de la Semana de la Historia Negra y a la conformación de una asociación que se encargaría de estudiar de manera científica la vida e historia de las personas negras. Esta asociación hoy lleva por nombre ASALH (Asociación para el Estudio de la Vida y la Historia de los Afroamericanos). Para Woodson y su coequipero, en ese entonces ministro Jesse E. Moorland, era importante que las personas negras fueran conscientes de su historia, de las contribuciones al país y a sus luchas. Esta revolución alrededor de dignificar la existencia de les afrodescendientes, creó todo un movimiento que no solamente creció y destacó desde distintos aspectos sociales, políticos y económicos la huella que ya había marcado la historia de todo un pueblo, sino que también fue la inspiración de quienes comenzaban a ser parte de una nueva sociedad, en la que tendrían que enfrentar los retos de su existencia. En un evento público, las palabras del académico ante estudiantes del Instituto Hampton fueron: “Vamos a volver a esa hermosa historia y nos va a inspirar a logros más grandes”. Luego en 1976 y tras un arduo camino de consciencia, el ex presidente Gerald R. Ford, quien instó a los estadounidenses a “buscar la oportunidad para honrar los logros de los afroestadounidenses, con mucha frecuencia ignorados, en todas las áreas de actividad de nuestra historia”, anunció el primer mes de la historia negra, que además, desde un principio estuvo enmarcado con la fecha de nacimiento de Fredrick Douglass, líder del movimiento abolicionista y del presidente Abraham Lincoln. A lo largo de esta celebración se han destacado otros nombres y celebridades que también siguieron forjando el camino hacía la visibilidad, no solo de la historia y de los logros que como población fueron alcanzando, sino también de la continuación de las muchas formas de intolerancia, racismo y discriminación estructural que sigue cobrando vidas y vulnerando los derechos de la comunidad afroaméricana. Anualmente esta celebración enfoca la agenda y el discurso en distintos temas que siguen atravesando la realidad de les afroestadounidenses y para 2023, se tuvo en cuenta la “Resistencia negra”, esto a raíz de los casos de violencia policial que le han dado la vuelta al mundo en los últimos años y como lo mencionó oficialmente la ASALH: “Este es un llamamiento a todos, dentro y fuera de la academia, para estudiar la historia de las respuestas de los estadounidenses negros para establecer espacios seguros, donde la vida negra pueda sostenerse, fortificarse y respetarse”.

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