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Informe de ONU DD.HH advierte que 15 líderes afros fueron asesinados en Colombia durante 2022; la cifra podría ser más devastadora

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Aunque las cifras son preocupantes, llama la atención que el número de víctimas con pertenencia étnica indígena y/o afrodescendiente sólo representan el 35,4% del consolidado total. El pasado viernes 3 de marzo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) presentó su informe anual sobre la situación de los Derechos Humanos en Colombia durante el 2022. El documento alerta sobre el recrudecimiento de los problemas de orden público en las poblaciones indígenas y afros y el aumento de los asesinatos de líderes,lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos. También señaló los retrocesos en la protección de los derechos a la vida, la movilidad, los derechos territoriales y el el gobierno propio de las comunidades indígenas y afrodescendientes en lugares como Arauca, Cauca, Chocó, Córdoba, Huila, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca. De acuerdo con el informe, el año pasado el ACNUDH recibió 256 alegaciones de homicidios de personas defensoras de derechos humanos, de las cuales verificó que en 116 existía un vínculo entre su muerte y su labor de defensa de los derechos humanos. De ese total, 26 eran indígenas, 15 afrodescendientes y 53 campesinos/as. Los presuntos responsables de estos hechos serían grupos armados al margen de la ley que ejercen actividades económicas ilícitas y control territorial en varias regiones del país. A este panorama deben sumarse las cuatro masacres que se dirigieron contra población negra/afro durante el mismo año. (Te recomendamos leer: Instamos a los Estados miembros de la ONU a apoyar la resolución que renueva el mandato del Relator Especial sobre la situación de los y las defensoras de derechos humanos) Aunque las cifras son preocupantes, llama la atención que el número de víctimas con pertenencia étnica indígena y/o afrodescendiente sólo representan el 35,4% del consolidado total, a pesar de que la mayoría de los crímenes contra personas defensoras de derechos humanos se registraron en departamentos con predominancia de población étnica como Cauca, Nariño, Valle del cauca y Antioquia. Al respecto, consideramos que esto puede ser muestra del subregistro de violencias o violaciones de derechos humanos contra líderes, líderes y personas negras/afro defensoras de derechos humanos. En una reciente publicación de ILEX, “Recomendaciones para la implementación de un sistema de monitoreo étnico-racial”, explicamos cómo ocurre este subregistro. Encontramos que existe un subregistro de poblaciones históricamente discriminadas por su pertenencia étnico-racial en los sistemas de registro y monitoreo de violaciones graves a los derechos humanos de líderes y lideresas sociales, particularmente de gente negra/afro, lo que impacta el diagnóstico y la implementación de adecuadas políticas diferenciales de protección de los liderazgos sociales. Este hallazgo debe aplicarse para la determinación de las cifras y el análisis certero de las tendencias a la baja o alta y las razones de ese comportamiento. A la gravedad de lo anterior se suma que, según el informe, el 70% de las 102.395 personas que se han visto confinadas o limitadas en su movilidad, son afrodescendientes y que los departamentos más afectados por los confinamientos son Arauca, Cauca, Chocó y Nariño. En estos contextos la seguridad de los liderazgos son directamente afectados. (Revive nuestra intervención en el Foro Permanente sobre los Afrodescendientes en la ONU) Por otro lado, nos parece importante resaltar que el informe anual del ACNUDH también reportó un incremento significativo de homicidios en contra de integrantes de Juntas de Acción Comunal a manos de grupos armados no estatales en los departamentos de Arauca, Bolívar y Putumayo. “Del total de casos de alegaciones de homicidios de personas defensoras verificados en 2022, el 45% correspondieron a miembros de las Juntas de Acción Comunal, lo cual significa que de 13 casos en 2021 se pasó a 52 en 2022”, señala el documento. (Descarga el documento: Recomendaciones para la implementación de un sistema de monitoreo con enfoque étnico-racial) En cuanto al Plan de emergencia implementado en agosto pasado por el Gobierno Nacional, con el objetivo de garantizar la seguridad de personas defensoras, líderes sociales y firmantes de paz en 65 municipios y 6 capitales priorizadas, el informe señala que este ha enfrentado desafíos para su implementación, “relacionados con la falta de un enfoque preventivo de algunas autoridades locales, limitaciones del Gobierno nacional para acompañar los espacios municipales, la ausencia de confianza entre autoridades y sociedad civil, y las causas estructurales de la violencia en los territorios”. Y agregó: “Es oportuno que el cambio de enfoque de la política de seguridad por parte del Gobierno hacia un enfoque de seguridad humana se complemente con una actuación de la Fuerza Pública orientada primordialmente a la protección de las comunidades en mayor riesgo”. En cuanto a la situación de masacres, ONU DD. HH. en Colombia recibió reportes de 128 casos, de los cuales 92 fueron verificados, 2 siguen en proceso de verificación y 34 fueron considerados no concluyentes. En comparación, en 2021 se verificaron 78 masacres y en 2020 habían sido 76. Lee el informe completo aquí

#8M: 5 Mujeres afrocolombianas que han puesto sus vidas y saberes al servicio de sus territorios

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Las mujeres negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras hemos sido pilares fundamentales para el desarrollo de nuestros territorios. Nuestra resistencia ha representado la fuerza de pueblos que entre cantos, cabellos trenzados o sueltos, la academia y la literatura, reescriben la memoria colectiva de su pasado y tejen esperanzas en el presente. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, queremos reconocer a mujeres que desde distintas áreas y partes de Colombia, han aportado saberes, conocimientos y sus vidas al desarrollo de sus territorios, siendo pilares fundamentales no solo de desarrollo, sino también de resistencia y fuerza. Hoy queremos exaltar a cinco mujeres líderesas y voces que siguen poniendo sobre la mesa la importancia de la figura y la labor de mujeres negras para sus poblaciones y comunidades, pero sobre todo, para el país. Rosmilda Quiñones Fajardo Es partera tradicional y fundadora de la Asociación de Parteras Unidas del Pacífico – ASOPARUPA. Su trabajo ha significado la guardia de una de las prácticas ancestrales que ha alumbrado la vida de muchxs en la región. En un artículo para el Fondo de Población de las Naciones Unidas, Rosmilda aseguró que: “Quise ser partera porque vi la necesidad del rescate, conservación y transmisión de esos saberes culturales y ancestrales que estaban prácticamente perdidos, porque una partera atendía un parto y lo primero que le decía a la mujer es yo le atiendo el parto, pero no vaya a decir que yo la atendí, las parteras tenían miedo de que la medicina occidental se diera cuenta que estaban atendiendo partos”. Yolanda Perea Mosquera Yolanda ha sido una de las lideresas más activas por La Paz, luchando para el reconocimiento de las Violencias sexuales cometidas con las mujeres en medio el conflicto armado, hoy hace parte de la Ruta Pacífica de las Mujeres (RPM). Mara Viveros Vigoya Es una profesora, investigadora y doctora en antropología afrofeminista, quien ha investigado sobre las intersecciones de género, sexualidad, clase, raza y etnicidad como parte de las dinámicas sociales, y sobre el racismo y las luchas antirracistas en América Latina. Ha escrito cuatro libros y participado en la edición o coedición de otros seis. Actualmente es profesora titular en la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional. María Isabel Mena Garcia María Isabel Mena es una historiadora que se ha dedicado a hacer énfasis en la etnoeducación y el racismo a partir de sus experiencias personales y familiares. Estudió una maestría en investigación social interdisciplinaria, donde tuvo como tema de tesis el análisis de las representaciones de las comunidades negras en los textos escolares. Para el portal web Magua Red, María Isabel afirmó: “Esas ilustraciones de los textos no son un tema menor, están puestos con toda una intencionalidad. El ilustrador es producto de una historia ilustrada que nos ha hecho poner a ciertas personas en los textos, quitar o condenarlas a los mismos roles. Para mí siempre fue muy importante lo que puede ver un niño cuando no ve a sus congéneres en esos textos escolares, donde pasa la mitad de su vida y construye una política visual desde muy temprana edad“. Tania Duarte-Díaz Pérez Es una mujer trans afro cartagenera que ha enfocado su trabajo en generar oportunidades de vida digna para personas que habitan en sectores populares de Cartagena. Es Filósofa de la Universidad de Cartagena, investigadora social y creadora de la colectiva Las Libertarias, una organización social de base comunitaria que existe desde 2021 y que defiende, promueve y visibiliza las experiencias de vida de las mujeres trans negras racializadas y sus familias.

Aurora Vergara y la primavera de un sueño colectivo

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La historia de vida de la nueva Ministra de Educación encarna luchas históricas de la población afro por el acceso a educación de calidad. El nombramiento de Aurora Vergara Figueroa como nueva ministra de Educación representa la primavera de una lucha de casi un siglo por el acceso al derecho a la educación de la población afrocolombiana, que ha sido liderada por decenas de miles de maestras y maestros que promueven la enseñanza como principal herramienta para superar las barreras sociales impuestas por el legado colonial. Vergara, Socióloga de la Universidad del Valle y doctora en Sociología de la Universidad de Massachussetts-Amherst (EE.UU), ha manifestado que sus principales banderas serán la “revolución de la infraestructura educativa en las regiones que más lo requieren” y “el aumento de la cobertura para garantizar que muchas personas que necesitan acceder al sistema de educación superior puedan encontrar una oportunidad para alcanzar la formación de sus sueños”. Además, trabajará porque las instituciones “pongan en el centro de su gestión el reconocimiento de la dignidad de cada persona”. La llegada de la ganadora del premio Martin Diskin de LASA (2014) a uno de los cargos públicos más importantes del país también representa un desafío a los imaginarios racistas de un Estado que ha discriminado y marginalizado históricamente a las mujeres negras, al considerarlas como objetos y no como sujetas pensantes, o productoras de conocimiento. Con el fin de romper estas cadenas de opresiones que atraviesan los cuerpos de las mujeres de la Diáspora, Aurora Vergara -siguiendo los pasos luminosos de sus maestras en la Normal Superior de Itsmina- ha enfocado su vida profesional hacía el desarrollo de estrategias para fomentar la diversidad, la equidad y múltiples formas de acceso a la educación en Colombia y América Latina. Estas mismas banderas marcaron su gestión como Directora del Centro de Estudios Afrodiaspóricos – CEAF (2013 -2022), y profesora del Departamento de Estudios Sociales en la Universidad Icesi (2012 -2022). En el Pacífico colombiano, región madre de Aurora Vergara, la educación tiene poderes inconmensurables. Mary Grueso, escritora y narradora oral, asegura que el acceso a la escolaridad es lo que le ha permitido a las mujeres confrontar las opresiones del pensamiento patriarcal, reivindicar su identidad individual y colectiva, y alcanzar su emancipación, su autonomía. “Por eso cuando llega a la ciudad, anhela lo que no tiene en su municipio o río de origen y siempre ha deseado: el acceso a la educación. […] Por eso trabaja como vendedora de chontaduro, platonera o empleada doméstica, a la vez que cursa la primaria para aprender a leer y a escribir. En términos de género, esta mujer adopta el modelo alternativo, sin renunciar por completo a las enseñanzas del modelo tradicional, y transforma su vida a partir del conocimiento que adquiere en la escuela”, expone Grueso en ‘Las muchachas se fueron. De Migraciones y Sentires’, un análisis sobre la construcción del sujeto femenino en la poesía Afropacífico. La enseñanza también nos ha permitido construir proyectos de resistencia colectiva. En regiones como el norte del Cauca, en el Pacífico nariñense y chocoano, y en la costa Caribe, principalmente en San Basilio de Palenque y en los pueblos raizales de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, las profesoras afrodescendientes han liderado procesos educativos que integran la cultura local de estas comunidades a sus procesos curriculares, como método para enfrentar los modelos desarrollistas y garantizar la cohesión de la vida sociocultural y comunitaria. De acuerdo con la etnoeducadora y representante a la Cámara por Bolívar, Cha Dorina Hernández, esta forma de concebir la educación también le ha permitido a los pueblos étnicos del país fortalecer su autonomía, reencontrarse con su memoria colectiva, recuperar sus lenguas tradicionales y reafirmar su sabiduría ancestral. El acceso a la educación superior de calidad ha posibilitado a las mujeres afrodescendientes llegar a espacios de poder antes restringidos. Las investigadoras Diana Caicedo y Lizeth Sinisterra afirman que desde estos cargos las mujeres afro se han caracterizado por ejercer liderazgos políticamente activos y promover la democratización de la educación y “otras formas organizativas de participación, inclusive de lazos de solidaridad en sus propios territorios ancestrales”. Los desafíos son titánicos. Como ministra, Aurora tendrá el reto de liderar políticas públicas antirracistas que promuevan el cierre de las brechas en el acceso a la educación que impactan de manera diferencial a la niñez afrodescendiente del país. El ecosistema de inequidad también cimenta las barreras históricas que enfrentan hombres y mujeres de estas regiones para acceder a oportunidades y escenarios de competencia laboral en un mercado que aún está atravesado por altas cargas de clasismo y racismo. La educación fue y sigue siendo una bandera importante en la lucha por tener la capacidad de brindar oportunidades para superar las barreras sociales impuestas por el colonialismo a la población afrodescendiente. Desde ILEX Acción Jurídica extendemos nuestras felicitaciones a Aurora Vergara Figueroa por su nombramiento y le deseamos grandes éxitos en este imperioso reto.

Las organizaciones de la sociedad civil exigimos una reforma integral a la policía nacional de Colombia

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Este pliego hace parte de un trabajo de discusión y construcción colectiva en el que se consideró fundamental contar con las visiones de distintos sectores de la ciudadanía. Hoy, 2 de marzo de 2023, en el Centro de Memoria Histórica, 20 organizaciones sociales defensoras de los derechos humanos hicimos entrega al Gobierno Nacional del pliego de propuestas para que la Policía Nacional de Colombia reconstruya la confianza con la ciudadanía y se convierta en un servicio público para la paz. Este pliego hace parte de un trabajo de discusión y construcción colectiva en el que se consideró fundamental contar con las visiones de distintos sectores de la ciudadanía. La iniciativa del pliego surgió a raíz de las múltiples violaciones a los derechos humanos cometidas por la Fuerza Pública de Colombia y con ello, de la necesidad de implementar una Reforma Integral a la Policía que priorice los derechos humanos, la convivencia y la paz. Con el fin de lograr una Reforma Integral a la Policía, las organizaciones de la sociedad civil proponemos cinco puntos claves: 1. La Policía debe ser un servicio público al mando de instituciones civiles, 2. La Policía debe formarse para los derechos humanos, la convivencia y la paz, 3. La Policía debe respetar y garantizar la protesta social, 4. La Policía debe rendir cuentas a la sociedad y 5. Justicia para las víctimas y ¡no más víctimas de abuso policial!. Los anteriores son las bases de las modificaciones normativas e institucionales profundas y que representan un llamado al Estado para que asuma de forma completa, integral y verdadera el compromiso de realizar una Reforma a la Policía Nacional, son un llamado para que se garantice una participación amplia, real y efectiva de la sociedad civil y en especial de las víctimas de violencia policial, en la construcción y ejecución de cualquier iniciativa que busque transformar a dicha institución. POR LA VERDAD, LA JUSTICIA, LA REPARACIÓN, LAS GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN Y EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS, SOLICITAMOS AL GOBIERNO NACIONAL Y AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA QUE ESTOS PUNTOS MÍNIMOS SE TENGAN EN CUENTA EN SU TOTALIDAD AL MOMENTO DE TRAMITAR LA REFORMA A LA POLICÍA. Revive la transmisión del evento:

Instamos a los Estados miembros de la ONU a apoyar la resolución que renueva el mandato del Relator Especial sobre la situación de los y las defensoras de derechos humanos

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ILEX Acción Jurídica se suma a la carta en la que 169 organizaciones de la sociedad civil instan a los Estados miembros de la ONU a resistir “cualquier intento de diluir el mandato o las obligaciones de los Estados y apoyar la renovación consensuada del mandato”. Las personas defensoras de los derechos humanos son personas que actúan con humanidad, sirven a la humanidad y contribuyen a sacar lo mejor de ella. Son fundamentales en nuestra vida cotidiana: trabajan para que nuestros gobiernos sean más transparentes y rindan cuentas, para que nuestro medio ambiente esté más limpio y seguro, y para que nuestras escuelas y lugares de trabajo sean más justos y nuestro futuro más sostenible. Al enfrentarse al poder, los privilegios y los prejuicios, los defensores y defensoras de los derechos humanos se enfrentan con frecuencia a un amplio abanico de riesgos y amenazas, tanto contra sus organizaciones como contra sus familias, amigos y seres queridos. A pesar de su vital contribución, tanto algunos gobiernos como agentes no estatales siguen intentando silenciar a las personas defensoras de derechos humanos cuando denuncian injusticias y exigen rendición de cuentas para todes. El mandato de la Relatoría Especial sobre la situación de las y los defensores de los derechos humanos es esencial para su protección y reconocimiento en todo el mundo. Su misión es recopilar información sobre la situación de los defensores en todo el mundo, colabora constructivamente con gobiernos y agentes no estatales y ofrece recomendaciones de expertos para promover la aplicación efectiva de la “Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos” (Declaración sobre los defensores de los derechos humanos). (Te recomendamos leer: La violencia policial racista es sistemática y debe ser visibilizada: Mecanismo de Expertxs Independientes ante la ONU) En 2023 se cumplen 25 años desde que la Asamblea General de la ONU adoptó la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos. La adopción de la Declaración fue un momento crucial en la historia de los derechos humanos, en el que se articuló la forma en que la legislación vigente sobre derechos humanos se aplica a la situación de los defensores de los derechos humanos, se reconoció la importancia y legitimidad de la actividad de defensa de los derechos humanos y la necesidad de protegerla junto con quienes la llevan a cabo. Es oportuno que este importante aniversario coincida con el 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, lo que refleja el papel integral que desempeñan los defensores de los derechos humanos en la realización de los derechos humanos universales. En 2022, el Consejo de Derechos Humanos reafirmó la importancia de la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos y su aplicación plena y efectiva, y que promover el respeto, el apoyo y la protección de las actividades de los defensores de los derechos humanos, incluidas las defensoras de los derechos humanos, es esencial para el disfrute general de los derechos humanos, incluso en situaciones de conflicto y posteriores a conflictos. En 2021, la Asamblea General aprobó por consenso con 85 Estados copatrocinadores una resolución en la que se reconocía el importante y legítimo papel que desempeñaron los defensores de los derechos humanos en la respuesta al COVID-19, así como los retos a los que se enfrentaron como consecuencia de ello. (También puedes leer: ¿Cómo superar el amplio subregistro de las violencias contra líderes y lideresas afro en Colombia?) En la 52ª sesión del Consejo, los Estados considerarán una resolución que prorrogue el mandato del Relator Especial por tres años. Esta es una oportunidad clave para que los Estados y el Consejo demuestren su apoyo y reconocimiento al papel indispensable que desempeñan los defensores de los derechos humanos para garantizar que todas las personas disfruten de libertad, dignidad, justicia e igualdad. Por lo tanto, nuestras organizaciones instan a todos los Estados a apoyar la resolución que renueva el mandato del Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos mediante: Atentamente,

Instamos a los Estados miembros de la ONU a apoyar la resolución que renueva el mandato del Relator Especial de derechos humanos

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ILEX Acción Jurídica se suma a la carta en la que 168 organizaciones de la sociedad civil instan a los Estados miembros de la ONU a resistir “cualquier intento de diluir el mandato o las obligaciones de los Estados y apoyar la renovación consensuada del mandato”. Las personas defensoras de los derechos humanos son personas que actúan con humanidad, sirven a la humanidad y contribuyen a sacar lo mejor de ella. Son fundamentales en nuestra vida cotidiana: trabajan para que nuestros gobiernos sean más transparentes y rindan cuentas, para que nuestro medio ambiente esté más limpio y seguro, y para que nuestras escuelas y lugares de trabajo sean más justos y nuestro futuro más sostenible. Al enfrentarse al poder, los privilegios y los prejuicios, los defensores y defensoras de los derechos humanos se enfrentan con frecuencia a un amplio abanico de riesgos y amenazas, tanto contra sus organizaciones como contra sus familias, amigos y seres queridos. A pesar de su vital contribución, tanto algunos gobiernos como agentes no estatales siguen intentando silenciar a las personas defensoras de derechos humanos cuando denuncian injusticias y exigen rendición de cuentas para todes. El mandato de la Relatoría Especial sobre la situación de las y los defensores de los derechos humanos es esencial para su protección y reconocimiento en todo el mundo. Su misión es recopilar información sobre la situación de los defensores en todo el mundo, colabora constructivamente con gobiernos y agentes no estatales y ofrece recomendaciones de expertos para promover la aplicación efectiva de la “Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos” (Declaración sobre los defensores de los derechos humanos). (Te recomendamos leer: La violencia policial racista es sistemática y debe ser visibilizada: Mecanismo de Expertxs Independientes ante la ONU) En 2023 se cumplen 25 años desde que la Asamblea General de la ONU adoptó la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos. La adopción de la Declaración fue un momento crucial en la historia de los derechos humanos, en el que se articuló la forma en que la legislación vigente sobre derechos humanos se aplica a la situación de los defensores de los derechos humanos, se reconoció la importancia y legitimidad de la actividad de defensa de los derechos humanos y la necesidad de protegerla junto con quienes la llevan a cabo. Es oportuno que este importante aniversario coincida con el 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, lo que refleja el papel integral que desempeñan los defensores de los derechos humanos en la realización de los derechos humanos universales. En 2022, el Consejo de Derechos Humanos reafirmó la importancia de la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos y su aplicación plena y efectiva, y que promover el respeto, el apoyo y la protección de las actividades de los defensores de los derechos humanos, incluidas las defensoras de los derechos humanos, es esencial para el disfrute general de los derechos humanos, incluso en situaciones de conflicto y posteriores a conflictos. En 2021, la Asamblea General aprobó por consenso con 85 Estados copatrocinadores una resolución en la que se reconocía el importante y legítimo papel que desempeñaron los defensores de los derechos humanos en la respuesta al COVID-19, así como los retos a los que se enfrentaron como consecuencia de ello. (También puedes leer: ¿Cómo superar el amplio subregistro de las violencias contra líderes y lideresas afro en Colombia?) En la 52ª sesión del Consejo, los Estados considerarán una resolución que prorrogue el mandato del Relator Especial por tres años. Esta es una oportunidad clave para que los Estados y el Consejo demuestren su apoyo y reconocimiento al papel indispensable que desempeñan los defensores de los derechos humanos para garantizar que todas las personas disfruten de libertad, dignidad, justicia e igualdad. Por lo tanto, nuestras organizaciones instan a todos los Estados a apoyar la resolución que renueva el mandato del Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos mediante: Atentamente,

Mes de la Historia Negra: ¿qué significa y por qué se celebra?

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En Estados Unidos, del 1 de febrero hasta el 1 de marzo, se celebra el Mes de la Historia Negra, que se celebra principalmente para reconocer y resaltar los aportes de la diáspora afroaméricana al desarrollo del país. Además, se busca poner sobre la agenda pública la discriminación, el racismo y abusos con las que se han tenido que luchar durante años, y que siguen siendo el diario vivir de muchas personas afrodescendientes en EEUU. Esta celebración se ha dado desde 1915, cuando Carter G. Woodson inspirado por la conmemoración de los 50 años de la emancipación de la comunidad afroaméricana, dio inicio a la celebración de la Semana de la Historia Negra y a la conformación de una asociación que se encargaría de estudiar de manera científica la vida e historia de las personas negras. Esta asociación hoy lleva por nombre ASALH (Asociación para el Estudio de la Vida y la Historia de los Afroamericanos). Para Woodson y su coequipero, en ese entonces ministro Jesse E. Moorland, era importante que las personas negras fueran conscientes de su historia, de las contribuciones al país y a sus luchas. Esta revolución alrededor de dignificar la existencia de les afrodescendientes, creó todo un movimiento que no solamente creció y destacó desde distintos aspectos sociales, políticos y económicos la huella que ya había marcado la historia de todo un pueblo, sino que también fue la inspiración de quienes comenzaban a ser parte de una nueva sociedad, en la que tendrían que enfrentar los retos de su existencia. En un evento público, las palabras del académico ante estudiantes del Instituto Hampton fueron: “Vamos a volver a esa hermosa historia y nos va a inspirar a logros más grandes”. Luego en 1976 y tras un arduo camino de consciencia, el ex presidente Gerald R. Ford, quien instó a los estadounidenses a “buscar la oportunidad para honrar los logros de los afroestadounidenses, con mucha frecuencia ignorados, en todas las áreas de actividad de nuestra historia”, anunció el primer mes de la historia negra, que además, desde un principio estuvo enmarcado con la fecha de nacimiento de Fredrick Douglass, líder del movimiento abolicionista y del presidente Abraham Lincoln. A lo largo de esta celebración se han destacado otros nombres y celebridades que también siguieron forjando el camino hacía la visibilidad, no solo de la historia y de los logros que como población fueron alcanzando, sino también de la continuación de las muchas formas de intolerancia, racismo y discriminación estructural que sigue cobrando vidas y vulnerando los derechos de la comunidad afroaméricana. Anualmente esta celebración enfoca la agenda y el discurso en distintos temas que siguen atravesando la realidad de les afroestadounidenses y para 2023, se tuvo en cuenta la “Resistencia negra”, esto a raíz de los casos de violencia policial que le han dado la vuelta al mundo en los últimos años y como lo mencionó oficialmente la ASALH: “Este es un llamamiento a todos, dentro y fuera de la academia, para estudiar la historia de las respuestas de los estadounidenses negros para establecer espacios seguros, donde la vida negra pueda sostenerse, fortificarse y respetarse”.

Derecho al aborto: 6 recomendaciones para garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) desde un enfoque étnico-racial

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Desde el Centro de Estudios para la Justicia Racial de ILEX Acción Jurídica consideramos importante aplicar un enfoque etnico-racial que tenga en consideración que las mujeres afrodescendientes tienen barreras estructurales que deben ser tenidas en cuenta para brindar el servicio de IVE de manera adecuada. Cuando la Corte Constitucional en Sentencia C-055 de 2022 despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación en todas las circunstancias, analizó que esta decisión estaba motivada en parte para la protección de mujeres en estado de vulnerabilidad, quienes eran las que mayores impactos sufrían con un sistema que penalizaba la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). De manera específica, dispuso que más allá de la penalización, el Estado debía promover y garantizar una política con un enfoque de género y un alcance interseccional, en el sentido de que pueda proteger específicamente a quienes están expuestas a más de un factor de vulnerabilidad. En consecuencia, se debe responder a una IVE en condiciones de igualdad y sin discriminación, adoptando que estos contienen dos mandatos: el primero, de abstención de tratos discriminatorios; y el segundo, de intervención, donde se obliga a superar las condiciones de desigualdad. (También puedes leer: Corte Constitucional tuvo en cuenta argumentos presentados por ILEX Acción Jurídica en fallo a favor de despenalización del aborto) Este último mandato de superar las condiciones de desigualdad implica reflexionar que incluso con la despenalización del aborto no se garantiza automáticamente el acceso a un servicio de interrupción del embarazo de todas las mujeres, porque hay condiciones de desigualdad que impactan de manera diferencial a algunos grupos en específico cuando se conectan distintas categorías sociales, como la pertenencia etnico-racial, debido a que pueden determinar la posibilidad socioeconómica de obtener servicios de salud, la infraestructura hospitalaria de los territorios donde viven e incluso el acceso a la información. Teniendo en cuenta lo anterior, y la decisión de la Corte Constitucional, en cumplimiento de las órdenes establecidas en la sentencia, en el mes de enero se publicó la resolución 051 de 2023, Por medio del cual se adopta la regulación única para la atención integral en salud frente a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y se modifica el numeral 4.2 del Lineamiento Técnico y Operativo de la Ruta Integral de Atención en Salud Materno Perinatal adoptado mediante la Resolución 3280 de 2018. La regulación tiene como objetivo establecer disposiciones para todas las entidades que integran el sistema de salud con el fin de garantizar de manera integral el derecho al aborto de todas las mujeres y personas con capacidad de gestar. Respecto al contenido de la resolución, desde el Centro de Estudios para la Justicia Racial de ILEX Acción Jurídica consideramos importante establecer recomendaciones que resaltan la importancia de aplicar un enfoque etnico-racial, que tenga en consideración que las mujeres afrodescendientes tienen barreras estructurales que deben ser tenidas en cuenta para brindar el servicio de IVE de manera adecuada. Estas condiciones, aunque son múltiples, pueden reflejarse en datos como que las mujeres afrodescendientes son más afectadas por la pobreza, con un índice de feminidad de la pobreza de 121, mientras que, en las mujeres no afro, es de 116.6. Adicionalmente, las mujeres afro que son madres cabezas de hogar, tienen una tasa de pobreza del 47,9%, más de 10 puntos porcentuales por encima de los hogares monoparentales liderados por mujeres no afro, en la que el índice de pobreza es de 31.8%. Por último, es importante recordar que para el año 2021, la tasa de mortalidad de mujeres afrodescendientes era 1,8 veces mayor que las mujeres no afro. Los datos referenciados son una expresión de que las mujeres afrodescendientes no cuentan con la misma posibilidad de acceder a información, servicios de calidad o controles sobre su salud sexual y reproductiva, lo que coarta su derecho a escoger libremente sobre sus procesos de gestación. Por consiguiente, cuando nos vemos enfrentadas a analizar este tipo de regulaciones es primordial generar algunas reflexiones, que serán enumeradas a continuación: 1. La aplicación de la resolución 051 de 2022, debe junto a la enunciación de estándares con las cuales se debe brindar la IVE, en condiciones de pertinencia, accesibilidad, disponibilidad y el principio de no discriminación, generar diagnósticos reales y efectivos sobre las necesidades especificas de las mujeres afrodescendientes que puedan establecer las problemáticas que enfrentan en contextos tanto rurales como urbanos, que debe traer como consecuencia enfocarse en la superación de estas barreras y/o en la forma de minimizarlas. 2. Es importante que esta resolución también sea de conocimiento de los sistemas tradicionales de salud, como organizaciones de parteras tradicionales del Pacífico u otras zonas donde se identifique su trabajo. Se deben evaluar las posibilidades de articulación para realizar trabajos de capacitación que puedan combatir estigmas o prejuicios frente a la IVE, sin que esto implique el desconocimiento de la identidad etnico y cultural de estos sistemas 3. La resolución menciona el derecho a establecer una información oportuna, suficiente y adecuada. Este punto debe responder a las diferencias culturales de las poblaciones, sus dinámicas y visiones, que claramente abarcan a las mujeres afrodescendientes. 4. Uno de los puntos que puede afectar la aplicación real en territorios que no tienen un sistema de salud adecuado, que coincide con aquellos habitados por mayoría afrodescendiente, es el manejo de la accesibilidad y disponibilidad de los servicios de salud. La aplicación de la resolución debe contemplar que muchas mujeres afro, pueden no tener ni siquiera la posibilidad de trasladarse a centros hospitalarios que puedan brindar la IVE, por eso, es preciso integrar una evaluación de las posibilidad que de manera integral garantice el derecho al aborto. 5. En el artículo 12 de la resolución, se contempla el registro de atenciones en salud para la IVE. Es necesario que el sistema de salud enfrente la obligatoriedad de captar información desagregada en términos de pertenencia etnico-racial que posibilite obtener información de calidad que sea insumo para la generación de acciones con enfoque diferencial. 6. Es importante considerar el trabajo pedagógico sobre la IVE, que pueda ser de manera clara y …

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Desafiando alambradas: análisis de las obstáculos que impiden el acceso a los derechos territoriales de las comunidades negras en la región Caribe

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Desafiando alambradas: análisis de las obstáculos que impiden el acceso a los derechos territoriales de las comunidades negras en la región Caribe El estudio identificó que tanto la ausencia de progresividad en la titulación en la región, como el aumento de las aspiraciones territoriales sin atención ni acompañamiento estarían ligadas a problemas en la sistematización de los consejos comunitarios por parte de las entidades oficiales y a su limitada capacidad para tramitar estas solicitudes. Muchas preguntas pueden formularse en la temática de acceso a la tierra y los derechos territoriales de las comunidades negras en Colombia. Por medio de este documento, ILEX Acción Jurídica desea contribuir en la discusión sobre el reconocimiento legal de los derechos territoriales a cargo del Estado en el que, si bien otras organizaciones han trabajado, es preciso seguir ahondando, máxime cuando aproximadamente 401 comunidades del país aún esperan por ello. Este trabajo de ILEX está enfocado en la región Caribe. La titulación colectiva cuenta con un número importante de hectáreas y familias beneficiarias, principalmente en el Pacífico. Alrededor de seis millones de hectáreas (6.000.000 ha) han sido reconocidas como tierras de comunidades negras, como una materialización del derecho fundamental colectivo al territorio, garantizando la efectiva aplicación de la igualdad en el plano formal y material. De esas tierras reconocidas, solo 6.090 hectáreas con 4.049 m² se encuentran el Caribe. Pese a lo anterior, los resultados sobre titulaciones de los últimos años evidencian que los avances no son los esperados, no se cumple con las ejecuciones presupuestales asignadas para estos asuntos y los “planes de choque” no han sido ejecutados. Esto se vio agravado por las situaciones propias de la pandemia generada por el Covid-19. Así pues, este texto presenta un panorama sobre la situación del derecho a la propiedad colectiva de las comunidades negras del Caribe, a partir de datos abiertos y consultas realizadas a la entidad encargada de los temas formalización y reconocimiento de los derechos sobre la propiedad rural, la Agencia Nacional de Tierras; así mismo, refiere la normativa y algunos elementos de la jurisprudencia constitucional, necesarios para el análisis, sin pretender agotar integralmente dicho punto; y aborda una serie de obstáculos sobre los que ya se ha abierto el debate y que aún están por resolverse. La información se presenta en tres capítulos, en los que se desarrollaron algunas ideas y elementos principalmente jurídicos, apoyados en datos y casos, para entender la situación actual de las comunidades negras del Caribe en los procesos de titulación colectiva pendientes de resolverse Te recomendamos leer: Cifras de titulaciones evidencian lento avance en la garantía de los derechos territoriales de las comunidades negras del Caribe Consulta aquí la Cartilla ABC de derechos territoriales y titulación colectiva

Comunidades negras del Caribe podrían tardar más de 60 años en obtener los títulos de sus territorios ancestrales o comunitarios

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En el ‘muntú’ de las comunidades negras de Colombia, el vivir dignamente ha estado ligado a un continuum de modelos ancestrales de organización espiritual, social, económica, política y cultural de armonía con su entorno. El territorio es la base de la construcción de la autonomía y autodeterminación de esta población. El espacio en el que se crea y recrean constantemente su identidad cultural. La garantía de los derechos colectivos sobre los territorios de las comunidades negras es un requisito indispensable para la pervivencia de su espíritu. Es en este espacio ancestral, material y simbólico sobre el cual se desarrollan sus prácticas tradicionales de producción, utilizadas desde tiempos seculares para “garantizar la conservación de la vida y el desarrollo autosostenible”, según reseña un apartado de la Ley 70 de 1993. Sin embargo, a pesar de los avances en materia de políticas públicas, el camino hacia la titulación de la propiedad colectiva implica para las comunidades negras recorrer una pendiente cuesta arriba plagada de barreras institucionales para la implementación del debido proceso y largas demoras para la adjudicación de las titulaciones. Hernando Vega, representante del Consejo Comunitario Curazao Giovanny Vega, ubicado en el municipio de San Juan del Cesar (La Guajira), afirma que las trabas en el procedimiento han ido apagando el sueño de la titulación en varias comunidades de su región. “Inicialmente teníamos muchas expectativas pero no imaginamos que este iba a ser un proceso tan tedioso”, reclamó. El líder comunitario solicitó a la Agencia Nacional de Tierras -entidad encargada de los temas formalización y reconocimiento de los derechos sobre la propiedad rural- tener en cuenta que son “comunidades pobres, víctimas del conflicto armado, y no contamos con un rubro económico para hacer todas las diligencias a las que nos someten a lo largo del proceso. Siempre está uno actualizando, pagando impuestos para mantener la documentación vigente de los predios para adquirir la titulación colectiva o lograr que ellos compren la tierra”. Los resultados sobre las titulaciones en los últimos años esbozan un panorama desalentador. De acuerdo con cifras de la ANT documentadas por un informe realizado por ILEX Acción Jurídica, en el país hay alrededor de 400 comunidades negras a la espera de que sus derechos territoriales sean reconocidos por una institucionalidad que se ha caracterizado por el incumplimiento en las ejecuciones presupuestales asignadas para estos asuntos, y por fallar en la implementación de los “planes de choque” que con los que se pretende remediar esta problemática del rezago. El estudio titulado ‘Desafiando las alambradas: análisis de las barreras que impiden el acceso a los derechos territoriales de las comunidades negras en la región Caribe’, documenta que para el 2021 el 47 por ciento de las solicitudes en el Caribe estaba en estado “rezago” y un número alto de solicitudes en etapa preliminar calificadas como “incompletas” hoy “peticiones”. Situación que representa una doble vulneración a los derechos fundamentales de estas comunidades negras, algunas de estas víctimas del conflicto armado, puesto que, conforme a lo afirmado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-371 de 2014, la protección de los derechos ancestrales de los pueblos étnicos está íntimamente relacionada con los derechos a la identidad cultural y, por ende, ligada a la subsistencia de los mismos. “Persiste la necesidad de apostarle a un real esfuerzo fiscal, no sólo con relación a la disposición de mayores recursos que permitan avances significativos, sino la correcta ejecución de estos, dado que las cifras que fueron objeto de análisis evidencian que existe una relación entre los resultados y la ineficiente ejecución de los recursos, por tanto, la planeación e implementación de los planes de acción presentes y futuros debieran compensar los resultados ya expuestos”, señala el documento. “Persiste la necesidad de apostarle a un real esfuerzo fiscal, no sólo con relación a la disposición de mayores recursos que permitan avances significativos, sino la correcta ejecución de estos, dado que las cifras que fueron objeto de análisis evidencian que existe una relación entre los resultados y la ineficiente ejecución de los recursos” No obstante, agrega el estudio, para el 2020 las hectáreas tituladas en esta región sólo representaron el 0,08% de las más de cinco millones de hectáreas del territorio nacional pertenecientes a las comunidades negras del país. La inmensa mayoría, el 99,5%, se encuentra en el Pacífico, y un 0,31% restante en la zona Interandina. De acuerdo con el mapeo presentado por la investigación, a la fecha existen 22 comunidades negras con título colectivo en el Caribe, de éstas, ocho se ubican en el departamento de Bolívar, siete en La Guajira, tres en Magdalena y dos en el Atlántico. Córdoba y Sucre solo cuentan con un caso, respectivamente. “Persiste la necesidad de apostarle a un real esfuerzo fiscal, no sólo con relación a la disposición de mayores recursos que permitan avances significativos, sino la correcta ejecución de estos, dado que las cifras que fueron objeto de análisis evidencian que existe una relación entre los resultados y la ineficiente ejecución de los recursos, por tanto, la planeación e implementación de los planes de acción presentes y futuros debieran compensar los resultados ya expuestos”, señala el documento. No obstante, agrega el estudio, para el 2020 las hectáreas tituladas en esta región sólo representaron el 0,08% de las más de cinco millones de hectáreas del territorio nacional pertenecientes a las comunidades negras del país. La inmensa mayoría, el 99,5%, se encuentra en el Pacífico, y un 0,31% restante en la zona Interandina. De acuerdo con el mapeo presentado por la investigación, a la fecha existen 22 comunidades negras con título colectivo en el Caribe, de éstas, ocho se ubican en el departamento de Bolívar, siete en La Guajira, tres en Magdalena y dos en el Atlántico. Córdoba y Sucre solo cuentan con un caso, respectivamente. El estudio, fruto del trabajo investigativo de la línea de Derechos territoriales y titulación colectiva de ILEX Acción Jurídica, identificó que tanto la ausencia de progresividad en la titulación en la región, como el aumento de las aspiraciones territoriales sin atención ni acompañamiento estarían …

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