Aborto

Entramos por las ventanas: los caminos hacia el derecho al aborto

Por: Eliana Robles-Pallares, directora de Investigaciones de ILEX Acción Jurídica En 1705, la naturalista Maria Sibylla Merian anotó en Surinam que las mujeres esclavizadas e indígenas usaban las semillas de la flor de pavo real para interrumpir sus embarazos. Lo hacían, escribió, para que “sus hijos no nacieran esclavos como ellas”.  Las mujeres negras esclavizadas, dueñas del conocimiento y el uso de las plantas para la salud del útero y la regulación de la menstruación, encontraron en el aborto la manera de sostener el gobierno de su propia reproducción bajo un sistema que había atado su capacidad de gestar al lucro esclavista. Como mostró Angela Davis en Mujeres, raza y clase, interrumpir un embarazo fue para ellas un acto de resistencia contra un sistema que convertía su descendencia en propiedad y, a la vez, una afirmación de soberanía sobre sus propios cuerpos, allí donde el derecho no las reconocía como mujeres ni como personas. La pulsión por decidir sobre el propio cuerpo es tan antigua como el intento de negarla. Así como entonces, los caminos hacia el derecho al aborto los han labrado y andado las mujeres desde tiempos remotos, antes incluso de que existiera el control del Estado sobre las decisiones que atraviesan, afectan y transforman sus cuerpos. Y también después de los marcos legales restrictivos y de la mayor criminalización. Han sido muchos esos caminos y diversas las formas de abrirlos. Las mujeres de los años setenta, con el movimiento de prácticas de autoayuda, inventaron formas de acompañamiento y protocolos para la extracción menstrual que ayudaban a autogestionar el aborto de manera segura y clandestina, y diseminaron esas guías a otros territorios donde pudieran adaptarse. Eran aprendidas y practicadas por mujeres que buscaban el control colectivo de la salud, conformando redes que siguen siendo vitales frente a la criminalización. Angustiadas por una morbilidad y una mortalidad materna que en muchos países dobla y hasta triplica la de sus pares sin pertenencia étnico-racial, las mujeres negras han transmitido y garantizado el traspaso de información que salva vidas a través de acompañantes, multiplicadas como respuesta solidaria a los marcos legales que las empujan a la clandestinidad y al aborto inseguro. En el Brasil de los años ochenta, en un contexto de restricción total, las mujeres pobres, en su mayoría negras, siguieron buscando rutas, herramientas e invenciones que les permitieran interrumpir sus embarazos sin que les costara la vida, la salud y la libertad. Así encontraron un medicamento para las úlceras gástricas, con severas contraindicaciones en el embarazo porque provocaba abortos: el misoprostol, un medicamento que hoy hace parte de la Lista de Medicamentos Esenciales de la Orgnanización Mundial de la Salud.  A comienzos de este siglo, la médica holandesa Rebecca Gomperts comenzó a trasladar a mujeres desesperadas por interrumpir sus embarazos a un barco ubicado en aguas internacionales. Allí les suministraba Misoprostol y Mifepristona de forma segura y legal, pues allí regía la jurisdicción holandesa que protege el derecho al aborto. Gomperts llamó a su iniciativa Women on Waves (Mujeres en las olas), y, aunque fueron pocas las mujeres que llegó a atender, su estrategia se convirtió en un hito por hackear el derecho internacional para producir precedentes judiciales, conversación pública y presión legislativa alrededor de la necesidad de legalizar el aborto. En América Latina, esa fuerza tiene un color y se expresa vivamente en las calles. La Marea Verde, nacida en Argentina y hoy extendida por el continente, es un movimiento vivo y creativo: del pañuelo verde a la Causa Justa que amplió el derecho en Colombia, sacó el aborto del silencio y lo puso en el centro de la conversación pública.  Dentro de esa marea, las mujeres negras han tejido su propio cauce. En el Pacífico, las parteras afrocolombianas y colectivos como la Red Mariposas de Alas Nuevas sostienen las redes de salud sexual y reproductiva que hacen posible decidir. El reclamo de las mujeres negras incluye el aborto, pero no se limita a él. Exigimos una justicia reproductiva que garantice el derecho a tener hijos, a no tenerlos y a criarlos en condiciones dignas. Que puedan crecer a salvo de los agrotóxicos que enferman y de la criminalización que se lleva la vida de los jóvenes negros. Gracias a esos esfuerzos multiplicados globalmente y a la movilización social sostenida de organizaciones, en las últimas décadas diversos países han empezado a flexibilizar sus prohibiciones y a garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones dignas y seguras.  La existencia de un delito y de marcos restrictivos no nos detuvo en el pasado y no nos detendrá en el presente. Porque poder decidir sobre el propio cuerpo es también una medida de la salud de la democracia: donde ese derecho se niega, la ciudadanía de las mujeres queda a medias. Pero tenerlo escrito en el marco legal no basta para ejercerlo.  En Colombia, el aborto es un derecho constitucional. La interrupción voluntaria del embarazo (IVE) está permitida hasta la semana 24 sin necesidad de acreditar una causal y después, sin límite temporal, aplican las tres causales de la Sentencia C-355 de 2006 (riesgo para la vida o la salud de la mujer, malformación fetal incompatible con la vida extrauterina y violencia sexual). Así lo decidió la Corte Constitucional en 2022, en un proceso al que las organizaciones de mujeres negras presentaron escritos explicando los efectos desproporcionados de la penalización del aborto en las mujeres afrodescendientes.  Aún así, las mujeres negras, indígenas, migrantes, con discapacidad y las que viven en la ruralidad tardan más en saber que pueden acceder a la IVE, y son las que más tardan en llegar a los servicios. No por negligencia, como muchos piensan, sino por desigualdades estructurales en el acceso a la información, en la infraestructura vial y en las redes de salud cercanas. Como documentamos en ILEX Acción Jurídica en la investigación IVE desde el margen, es más probable que estas mujeres vivan en desiertos de anticoncepción, territorios donde conseguir un método, o siquiera la información para usarlo, resulta casi imposible. A

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Ganó Trump: ¿Qué podría significar para América Latina?

Los resultados de estas elecciones en Estados Unidos reflejan una realidad preocupante para la agenda de la justicia racial y los derechos humanos. No solo ha ganado un candidato con una agenda de extrema derecha profundamente racista y sexista, sino que también ha sido elegido por una mayoría de votantes, lo que indica un apoyo popular generalizado hacia políticas regresivas y excluyentes. El hecho de que Donald Trump haya ganado tanto el voto del Colegio Electoral como el voto popular es un hecho alarmante, especialmente considerando que se trata de un candidato imputado en múltiples cargos, algunos de ellos relacionados con abuso sexual, y que abiertamente respalda políticas que restringen derechos y libertades básicas. Este respaldo mayoritario no puede desligarse de su mensaje de “Make America Great Again”, cuyo subtexto es hacer a Estados Unidos blanca otra vez. Este eslogan busca un regreso a una era en la que la supremacía blanca y los valores conservadores dominaban sin cuestionamientos. Las estadísticas respaldan esta interpretación: los datos muestran que Trump fue elegido por una mayoría de personas blancas, tanto hombres como mujeres, muchas de las cuales cuentan con un bajo nivel educativo. Este grupo ha sido clave en su victoria y parece responder a una narrativa que excluye y demoniza a las personas y comunidades racializadas, en particular a las personas negras y latinas. La postura de Trump en relación con temas como la justicia racial y la equidad de género podría reforzar la agenda de grupos conservadores en América Latina. En Colombia, esto podría derivar en mayores obstáculos para la implementación de políticas públicas que implementen enfoques diferenciales, así como la reproducción de discursos racistas,  afectando particularmente a la población afrocolombiana e indígenas que luchan por el reconocimiento y la protección de sus derechos.  Revisemos algunos temas: ABORTO Los derechos sexuales y reproductivos en EE.UU. han enfrentado retrocesos significativos, impulsados por decisiones políticas y judiciales que surgieron en el primer mandato de Donald Trump. Su influencia en la conformación de una Corte Suprema conservadora fue decisiva en la eliminación del precedente que garantizaba el derecho al aborto a nivel nacional. Durante su primer mandato, Trump implementó políticas como la “Global Gag Rule”, restringiendo el financiamiento a organizaciones que brindan información o servicios de aborto en el extranjero, lo que afectó la salud reproductiva en muchas regiones. El presidente electo Donald Trump, aunque no ha mencionado recientemente una prohibición directa del derecho a la IVE, genera inquietud entre colectivos y ONG defensoras de los derechos sexuales y reproductivos. Esto se debe tanto a sus antecedentes como a las posibles acciones restrictivas que podría implementar en los primeros meses de su mandato, alineadas con la agenda conservadora del Proyecto 25. Este plan promueve una serie de políticas regresivas en derechos humanos y civiles, que incluyen ataques significativos a los derechos sexuales y reproductivos. Cabe decir que, hoy el 60% de las mujeres negras se encuentran en Estados con prohibiciones, limitaciones o restricciones para acceder a la IVE.*  Aunque los países de América Latina tienen sistemas de justicia distintos al de EE.UU., un segundo mandato de Trump plantea desafíos significativos en la región debido a los efectos “espejo” de sus políticas restrictivas: VIOLENCIA POLICIAL RACISTA Y POLÍTICA DROGAS: Durante su primer mandato, Trump tuvo un enfoque limitado hacia la paz en Colombia y en un segundo mandato, su administración podría priorizar una visión de seguridad centrada en la militarización de la lucha antidrogas, en lugar de apoyar los procesos de paz e inclusión de los pueblos étnicos en áreas afectadas por el conflicto. Esto podría fortalecer la violencia y vulnerabilidad en zonas de comunidades afrodescendientes e indígenas, quienes son afectadas desproporcionadamente por el conflicto. La reciente elección, aumentan las preocupaciones de acciones y represalias en torno al ejercicio del derecho a la protesta, la criminalización de grupos que han sido considerados históricamente sospechosos y el retroceso frente a las posturas actuales sobre la “política de drogas”. Esto, no solo por sus antecedentes en el 2020, sino también ante las promesas de campaña en las que afirmó aumentar los castigos para los delincuentes juveniles, imponer la pena de muerte por vender drogas, fomentar la vigilancia de las requisas y  generar inmunidades y protecciones para policías que cometan abuso policial.  No podemos olvidar que estas son propuestas peligrosas en un país donde las personas afrodescendientes tienen 2.9 más probabilidades de morir que las personas blancas, de acuerdo con Mapping Police Violence. Ahora bien ¿Qué representa esto para Colombia y el panorama internacional? CAMBIO CLIMÁTICO La relación entre justicia climática y justicia racial en Colombia se ve afectada, también,  por decisiones a nivel global que impactan la financiación y el compromiso con la lucha contra el cambio climático.  Por ejemplo, la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París bajo la administración de Donald Trump en 2017 introdujo un punto de inflexión en la dinámica mundial de acción climática, cuyas repercusiones llegaron a países como Colombia, exacerbando las desigualdades que ya enfrentan las comunidades racializadas y empobrecidas. Cuando Donald Trump asumió la presidencia en 2017, tomó la controvertida decisión de retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París, un pacto global para mitigar el cambio climático al limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. La falta de compromiso de la primera economía mundial afectó el financiamiento y la cooperación internacional necesarios para enfrentar los efectos del cambio climático, lo que impactó especialmente a las comunidades vulnerables en países del Sur Global, como Colombia. Sin la participación activa de Estados Unidos en la reducción de emisiones, la meta de limitar el calentamiento global se vuelve más inalcanzable, lo que a su vez incrementa la vulnerabilidad de comunidades afrodescendientes e indígenas. Por eso, de frente a un nuevo cuatrienio presidencial de Trump, las alertas continúan siendo: AGENDA INTERNACIONAL: Las posturas de Trump racistas, misóginas y  xenófobas tienen un impacto tanto a nivel nacional como internacional que han potencializado discursos de odio y la eliminación de políticas que garantizan los derechos de grupos históricamente discriminados. Las elecciones

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