Estados Unidos

Ganó Trump: ¿Qué podría significar para América Latina?

Los resultados de estas elecciones en Estados Unidos reflejan una realidad preocupante para la agenda de la justicia racial y los derechos humanos. No solo ha ganado un candidato con una agenda de extrema derecha profundamente racista y sexista, sino que también ha sido elegido por una mayoría de votantes, lo que indica un apoyo popular generalizado hacia políticas regresivas y excluyentes. El hecho de que Donald Trump haya ganado tanto el voto del Colegio Electoral como el voto popular es un hecho alarmante, especialmente considerando que se trata de un candidato imputado en múltiples cargos, algunos de ellos relacionados con abuso sexual, y que abiertamente respalda políticas que restringen derechos y libertades básicas. Este respaldo mayoritario no puede desligarse de su mensaje de “Make America Great Again”, cuyo subtexto es hacer a Estados Unidos blanca otra vez. Este eslogan busca un regreso a una era en la que la supremacía blanca y los valores conservadores dominaban sin cuestionamientos. Las estadísticas respaldan esta interpretación: los datos muestran que Trump fue elegido por una mayoría de personas blancas, tanto hombres como mujeres, muchas de las cuales cuentan con un bajo nivel educativo. Este grupo ha sido clave en su victoria y parece responder a una narrativa que excluye y demoniza a las personas y comunidades racializadas, en particular a las personas negras y latinas. La postura de Trump en relación con temas como la justicia racial y la equidad de género podría reforzar la agenda de grupos conservadores en América Latina. En Colombia, esto podría derivar en mayores obstáculos para la implementación de políticas públicas que implementen enfoques diferenciales, así como la reproducción de discursos racistas,  afectando particularmente a la población afrocolombiana e indígenas que luchan por el reconocimiento y la protección de sus derechos.  Revisemos algunos temas: ABORTO Los derechos sexuales y reproductivos en EE.UU. han enfrentado retrocesos significativos, impulsados por decisiones políticas y judiciales que surgieron en el primer mandato de Donald Trump. Su influencia en la conformación de una Corte Suprema conservadora fue decisiva en la eliminación del precedente que garantizaba el derecho al aborto a nivel nacional. Durante su primer mandato, Trump implementó políticas como la “Global Gag Rule”, restringiendo el financiamiento a organizaciones que brindan información o servicios de aborto en el extranjero, lo que afectó la salud reproductiva en muchas regiones. El presidente electo Donald Trump, aunque no ha mencionado recientemente una prohibición directa del derecho a la IVE, genera inquietud entre colectivos y ONG defensoras de los derechos sexuales y reproductivos. Esto se debe tanto a sus antecedentes como a las posibles acciones restrictivas que podría implementar en los primeros meses de su mandato, alineadas con la agenda conservadora del Proyecto 25. Este plan promueve una serie de políticas regresivas en derechos humanos y civiles, que incluyen ataques significativos a los derechos sexuales y reproductivos. Cabe decir que, hoy el 60% de las mujeres negras se encuentran en Estados con prohibiciones, limitaciones o restricciones para acceder a la IVE.*  Aunque los países de América Latina tienen sistemas de justicia distintos al de EE.UU., un segundo mandato de Trump plantea desafíos significativos en la región debido a los efectos “espejo” de sus políticas restrictivas: VIOLENCIA POLICIAL RACISTA Y POLÍTICA DROGAS: Durante su primer mandato, Trump tuvo un enfoque limitado hacia la paz en Colombia y en un segundo mandato, su administración podría priorizar una visión de seguridad centrada en la militarización de la lucha antidrogas, en lugar de apoyar los procesos de paz e inclusión de los pueblos étnicos en áreas afectadas por el conflicto. Esto podría fortalecer la violencia y vulnerabilidad en zonas de comunidades afrodescendientes e indígenas, quienes son afectadas desproporcionadamente por el conflicto. La reciente elección, aumentan las preocupaciones de acciones y represalias en torno al ejercicio del derecho a la protesta, la criminalización de grupos que han sido considerados históricamente sospechosos y el retroceso frente a las posturas actuales sobre la “política de drogas”. Esto, no solo por sus antecedentes en el 2020, sino también ante las promesas de campaña en las que afirmó aumentar los castigos para los delincuentes juveniles, imponer la pena de muerte por vender drogas, fomentar la vigilancia de las requisas y  generar inmunidades y protecciones para policías que cometan abuso policial.  No podemos olvidar que estas son propuestas peligrosas en un país donde las personas afrodescendientes tienen 2.9 más probabilidades de morir que las personas blancas, de acuerdo con Mapping Police Violence. Ahora bien ¿Qué representa esto para Colombia y el panorama internacional? CAMBIO CLIMÁTICO La relación entre justicia climática y justicia racial en Colombia se ve afectada, también,  por decisiones a nivel global que impactan la financiación y el compromiso con la lucha contra el cambio climático.  Por ejemplo, la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París bajo la administración de Donald Trump en 2017 introdujo un punto de inflexión en la dinámica mundial de acción climática, cuyas repercusiones llegaron a países como Colombia, exacerbando las desigualdades que ya enfrentan las comunidades racializadas y empobrecidas. Cuando Donald Trump asumió la presidencia en 2017, tomó la controvertida decisión de retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París, un pacto global para mitigar el cambio climático al limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. La falta de compromiso de la primera economía mundial afectó el financiamiento y la cooperación internacional necesarios para enfrentar los efectos del cambio climático, lo que impactó especialmente a las comunidades vulnerables en países del Sur Global, como Colombia. Sin la participación activa de Estados Unidos en la reducción de emisiones, la meta de limitar el calentamiento global se vuelve más inalcanzable, lo que a su vez incrementa la vulnerabilidad de comunidades afrodescendientes e indígenas. Por eso, de frente a un nuevo cuatrienio presidencial de Trump, las alertas continúan siendo: AGENDA INTERNACIONAL: Las posturas de Trump racistas, misóginas y  xenófobas tienen un impacto tanto a nivel nacional como internacional que han potencializado discursos de odio y la eliminación de políticas que garantizan los derechos de grupos históricamente discriminados. Las elecciones …

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La masacre de Melilla y las políticas fronterizas de la muerte

El tratamiento de los cuerpos negros en las fronteras evidencia la deshumanización arraigada en un sistema de racismo estructural. La masacre de al menos 23 ciudadanos africanos en la valla fronteriza de Melilla (España) el pasado 24 de junio de 2022, es otra dolorosa muestra de las políticas migratorias de la muerte que rigen los pasos fronterizos hacia el “primer mundo”.  Las cruentas  imágenes del hecho muestran a decenas de hombres africanos tendidos en el suelo, en condiciones inhumanas, después de ser asesinados por los agentes del orden cuando intentaban cruzar la valla fronteriza de Mellilla. De acuerdo con la Delegación del Gobierno de la Ciudad Autónoma, de las 2.000 personas que se acercaron ese día a las inmediaciones de España, 133, en su mayoría de origen sudanés y chadiano, consiguieron llegar y ahora se encuentran recluidos en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla. Otros inmigrantes fueron devueltos de forma violenta e ilegal, lo cual representa una clara vulneración a la legislación internacional de derechos humanos.  (Te recomendamos leer: ¿Cómo incluir el enfoque étnico y de género en la actuación de la Policía?) En una carta enviada a las Naciones Unidas, firmada por ILEX Acción Jurídica y otras 63 organizaciones de la sociedad civil, advertimos que las fuerzas del orden marroquíes, en colaboración con la Guardia Civil y la Policía Nacional, “violaron los principios básicos sobre el uso de la fuerza y ​​de armas de fuego de las Naciones Unidas, recurriendo a una violencia desproporcionada y letal, disparando balas de goma y bombas lacrimógenas, utilizando porras, pateando y golpeando, maltratando y golpeando a las decenas de víctimas heridas y desangradas en el suelo sobre cuerpos inanimados”. “Violaron los principios básicos sobre el uso de la fuerza y ​​de armas de fuego de las Naciones Unidas, recurriendo a una violencia desproporcionada y letal, disparando balas de goma y bombas lacrimógenas, utilizando porras, pateando y golpeando, maltratando y golpeando a las decenas de víctimas heridas y desangradas en el suelo sobre cuerpos inanimados”. El tratamiento de los cuerpos negros en las fronteras evidencia la deshumanización arraigada en un sistema de racismo estructural donde la supremacía blanca como ideología establece nuestro valor, nuestra humanidad. Las organizaciones denunciamos que “la forma en que se despojan de los derechos humanos básicos de determinados grupos raciales y étnicos se justifica bajo el “control” de la migración eludiendo las leyes antidiscriminatorias y el derecho internacional de los derechos humanos bajo la garantía de la seguridad en suelo europeo”.  Miembros del Mecanismo Internacional de Expertos Independientes (MIEI) de la ONU calificaron la masacre de Melilla como un hecho “gravemente preocupante” y recalcaron que “todo uso de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la  ley debe guiarse por los principios de legalidad, precaución, necesidad,  proporcionalidad, rendición de cuentas y no discriminación”.  Los expertos solicitaron a los gobiernos de España y Marruecos información detallada  sobre el incidente y sobre parámetros internos en cuanto al uso de la fuerza y las medidas adoptadas para garantizar que  no se repita una situación similar en estas álgidas fronteras.  Más que preocupante, el panorama es aterrador. De acuerdo con estimaciones de la Organización Internacional para las Migraciones, desde el 2014 más de 34.000 migrantes han muerto en su travesía hacia los países del “Norte Global”, de ese total, casi 24.000 personas han muerto tratando de cruzar el Mediterráneo.  Las fronteras de la Unión Europea, Estados Unidos y otras naciones del “Norte Global” se han transformado en escenarios de barbarie, deshumanización, abuso de la fuerza, impunidad y criminalización, amparados y aplaudidos por gobernantes que implementan políticas de selección y exclusión de migrantes, en base a criterios jerárquicos de opresión y exterminio  como el origen, la nacionalidad, el género y la raza. En este entramado “necropolítico”, son estas categorías las que terminan por  definir la distancia entre la persona migrante y la bala. (Te recomendamos leer: De Minneapolis a Bogotá) Por ahora, el círculo de migración y despojo pareciera estar lejos de cerrarse. Adriana Estévez, ​​doctora en Derechos Humanos, considera que la migración masiva hacía estos destinos no es más que el  “resultado  residual  de  estrategias  deproducción  capitalista  que  los  necropoderes  utilizan  para  deshacerse  de  la  gente  que  habita  geografías  ricas  en  recursos  naturales  renovables  y  no  renovables mientras se benefician de tecnologías mortales como la violencia criminal y de pandillas, y la violencia sexual y de género, las cuales producen muerte  lucrativa  de  hombres  y  mujeres  diferenciadamente”.  Las fronteras de Europa y Estados Unidos son expresiones de un “necropoder” que deshumaniza, subyuga y distingue formas “válidas” de vida, de muerte y de muerte en vida.