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Este balance actualiza el estado de los proyectos identificados por ILEX en el balance legislativo 2024-
2025 y analiza los proyectos de ley y de acto legislativo radicados durante la legislatura 2025–2026 que pueden generar impactos directos o
indirectos sobre los derechos, las condiciones de vida y los territorios de la población
negra, afrocolombiana, raizal y palenquera.

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El seguimiento al Congreso de la República constituye una herramienta fundamental para evaluar en qué medida las demandas históricas de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera logran traducirse en decisiones legislativas concretas. En este contexto, el Centro de Estudios para la Justicia Racial (CEJR) de ILEX ha desarrollado una línea permanente de seguimiento al proceso legislativo colombiano. Este documento corresponde al cuarto balance legislativo y consolida un ejercicio de monitoreo descriptivo iniciado con la legislatura 2022-2023.

Este balance desarrolla dos ejercicios complementarios. En primer lugar, actualiza el estado de los proyectos identificados por ILEX en el balance legislativo 2024- 2025, con el propósito de establecer cuáles fueron aprobados, archivados, retirados o modificados durante la legislatura siguiente, y precisar qué significan esos desenlaces para la población afrodescendiente, ya mapeados en la dicha legislatura.

Y en segundo lugar, el documento analiza los proyectos de ley y de acto legislativo radicados durante la legislatura 2025–2026 que pueden generar impactos directos o indirectos sobre los derechos, las condiciones de vida y los territorios de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera; la revisión prioriza iniciativas relacionadas con reparación histórica, participación política y laboral, representación étnica, derechos territoriales, etnoeducación, memoria, patrimonio cultural, vivienda y reconocimiento de los pueblos afrodescendientes.

Este documento, también incorpora proyectos de alcance general sobre ambiente, tierras, transición energética, seguridad, justicia penal, protección social, turismo, catastro y desarrollo rural, debido a que sus efectos pueden recaer de manera diferenciada sobre comunidades y territorios afrodescendientes porque definen la seguridad de sus territorios ancestrales, su autonomía económica y su supervivencia cultural.

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