Ministerio de la Igualdad

Diez recomendaciones para la creación y puesta en marcha del Ministerio de la Igualdad en Colombia

Aunque solo falta la sanción del presidente Petro para que el Ministerio sea una realidad, aún persisten varios interrogantes en cuanto a la estructura y alcance de la cartera. El Congreso de la República aprobó esta semana el proyecto de Ley que crea el Ministerio de la Igualdad en Colombia. Tras conocer la noticia, Francia Márquez, vicepresidenta de la República y futura ministra de la Igualdad, afirmó que se creará una “institucionalidad para garantizarle los derechos de la igualdad a todo el pueblo colombiano y de manera muy especial a las mujeres, a la población con discapacidad, a las comunidades LGTBQ+, a las poblaciones étnicas, a los pueblos étnicos, indígenas, afrocolombianos, raizales, palenqueros”.  ¿Qué viene ahora?  Aunque solo falta la sanción del presidente Petro para que el Ministerio sea una realidad, aún persisten varios interrogantes en cuanto a la estructura y alcance de la cartera. Por ejemplo, no se tiene claridad sobre qué porcentaje del presupuesto nacional será destinado por el Gobierno para el cumplimiento de los ambiciosos objetivos del Ministerio, ni se ha brindado mayor información sobre los recursos, alcances y estructura organizativa del sistema nacional de cuidado que implementaría la cartera.  Desde ILEX Acción Jurídica, presentamos diez recomendaciones para la creación y puesta en marcha del Ministerio de la Igualdad. (También puedes leer: Las interrogantes que nos deja el proyecto de ley que crea el Ministerio de Igualdad y Equidad en Colombia) 1. No esperar hasta la creación del Ministerio para desarrollar la agenda normativa y programática del gobierno en temas de igualdad.  Los temas clave en la agenda de igualdad deben ser incorporados de forma oportuna en las iniciativas legislativas y reglamentarias que ya están en proceso de creación y que tienen la posibilidad de incidir sobre la futura agenda del Ministerio, como la reforma agraria, la reforma a la policía, el plan nacional de desarrollo, entre otros.  Si bien desde el plan de gobierno se previó la creación del Ministerio de la Igualdad, el alistamiento normativo, administrativo y técnico del Ministerio puede demorar meses, puesto que implica la aprobación de una ley de la república y su posterior reglamentación. Además, deben considerarse posibles escollos que demoren aún más la entrada en funcionamiento del Ministerio, como lo ocurrido en relación con el Ministerio de Ciencia, cuya creación fue declarada inexequible por la Corte Constitucional al haber desconocido normas superiores relativas a la necesidad de regular de la estructura orgánica del Ministerio.  En consecuencia, es importante garantizar que las apuestas de la nueva administración en materia de igualdad y no discriminación avancen de manera paralela al proceso de creación de la cartera de igualdad. Debería buscarse que asuntos clave en la agenda de igualdad se incorporen de forma oportuna en las iniciativas legislativas y reglamentarias que ya están en proceso de creación y que tienen la posibilidad de incidir sobre la futura agenda del Ministerio.  Así, por ejemplo, sería significativo que los asuntos de igualdad se incorporen en proyectos de ley como: a) la reforma tributaria; b) la reforma agraria; c) la reforma a la Ley 30 sobre educación superior; d) la reforma a la policía; e) el proyecto de ley del plan nacional de desarrollo; f) la reforma a la ley 100 de 1993 sobre salud y pensionales; g) los proyectos de ley que se presenten sobre el sistema nacional de cuidado, entre otras.  Muchos de estos proyectos de ley ya podrían encontrarse en discusión al interior de los movimientos políticos o en los procesos de empalme y se podrían empezar a radicar una vez se instale el nuevo Congreso el 20 de julio, por lo que sería fundamental conocer el estado de dichos proyectos de ley y participar en su elaboración o, al menos, hacer comentarios sobre los borradores para asegurar que incorporen criterios de igualdad y no discriminación que luego faciliten el trabajo del Ministerio.  2. Evitar la redundancia funcional con otras instituciones del Estado, concentrando funciones en el Ministerio de Igualdad. Sería importante que al determinar las funciones y misión del Ministerio de la Igualdad se minimice la redundancia institucional con otros órganos del Estado, para evitar que la creación de la estructura orgánica y misional del Ministerio sea percibida como “innecesaria” o “financieramente ineficiente”, debido a la existencia de órganos que ya asumen parte de sus potenciales funciones.  Muchos de los asuntos relacionados con grupos de especial protección constitucional ya tienen un lugar institucional (o lugares) dentro de la estructura orgánica del Estado. Así, por ejemplo, existe ya una dirección de comunidades negras y otra sobre indígenas, minorías y Rrom dentro del Ministerio del Interior, una Alta Consejería para la Equidad de la Mujer, el Departamento de la Prosperidad Social maneja múltiples programas sociales del Estado dirigidos a poblaciones en situación de vulnerabilidad económica y social, etc. Sería importante que al determinar las funciones y misión del Ministerio de la Igualdad se minimice la redundancia institucional con otros órganos del Estado, para evitar que la creación de la estructura orgánica y misional del Ministerio sea percibida como “innecesaria” o “financieramente ineficiente”, debido a la existencia de órganos que ya asumen parte de sus potenciales funciones.  Evitar la redundancia institucional no significa necesariamente desmantelar estas otras instancias de institucionalización de las necesidades de grupos de especial protección constitucional, sino que bastaría con garantizar que sus funciones y misión sean distintas y no se traslapen de manera injustificada con otros órganos del Estado. Esto implicaría negociar con las cabezas de las carteras afectadas por esta reestructuración institucional, puesto que sería previsible que haya oposición hacia esta posibilidad debido a sus implicaciones presupuestales.  3. Evitar que el Ministerio quede reducido buscar la “transversalización” de enfoques poblacionales.  El Ministerio debe servir como una instancia que irradie las demás instituciones del Estado en asuntos de igualdad y no discriminación, pero no puede quedarse en este rol meramente simbólico o de carácter asesor, en especial porque, de ser así, no tendría capacidad de ejecución presupuestal adecuada.  Sería importante velar porque el Ministerio de la Igualdad no se considerase …

Diez recomendaciones para la creación y puesta en marcha del Ministerio de la Igualdad en Colombia Leer más »

Las interrogantes que nos deja el proyecto de ley que crea el Ministerio de Igualdad y Equidad en Colombia

El presidente de la república, Gustavo Petro, y la vicepresidenta, Francia Márquez, radicaron este 18 de octubre el proyecto de ley para la creación del Ministerio de Igualdad y Equidad, que tendrá como objetivo liderar, coordinar y ejecutar las políticas públicas para promover la eliminación de las desigualdades económicas, políticas y sociales que afectan a la población de especial protección constitucional y a grupos discriminados o marginados.  La nueva cartera estará bajo la batuta de Francia Márquez, y tendrá la tarea de proteger, desde un enfoque diferencial e interseccional, a las poblaciones más vulnerables del país: mujeres en todas sus diversidades, población LGBTIQ+, pueblos afrodescendientes, negros, raizales, palenqueros, indígenas y Rrom, campesinos y campesinas, niños y niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultos mayores, miembros de hogares en situación de pobreza y pobreza extrema, víctimas de todas las violencias y la inequidad, personas en situación de discapacidad, habitantes de calle, y migrantes. Sin embargo, el proyecto de ley condensado en cuatro páginas y 11 artículos, deja algunos interrogantes importantes en cuanto a la estructura, presupuesto y alcance del ministerio.     ¿Cuál es el presupuesto para la igualdad? En el texto del proyecto se menciona que el patrimonio con el que funcionará el Ministerio de Igualdad y Equidad saldrá de las sumas que se aprueben en el presupuesto nacional, los bienes muebles e inmuebles que se adquieran para la cartera y las donaciones que se reciban de entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales. No obstante, aún no se tiene claridad sobre qué porcentaje del presupuesto nacional será destinado por el Gobierno para el cumplimiento de los ambiciosos objetivos de esta cartera. Esta cuestión es trascendental si se tiene en cuenta que combatir el hambre y la inequidad en uno de los países más desiguales del mundo implica una inversión importante de recursos.  Desde ILEX Acción Jurídica planteamos que, por un lado, la construcción de presupuestos desde un enfoque etnico-racial debe responder a las necesidades específicas de la población diferencialmente racializada a partir de un análisis territorial en el que se pueda evaluar la pertenencia étnico-racial y su proporción. De igual forma,  siguiendo las recomendaciones  consignadas en el documento ‘Análisis de la política fiscal como instrumento para alcanzar la justicia racial desde el enfoque étnico-racial en América Latina’ (2022), consideramos que estos presupuestos deben contar con metas e indicadores que puedan evaluar y orientar las asignaciones de recursos,  así como garantizar la participación representativa de estos grupos en la toma de decisiones, por lo cual es necesario contemplar implicaciones de participación, acuerdo, intervención y seguimiento. Los presupuestos públicos reflejan las prioridades reales de los gobiernos, tanto en la forma como se captan recursos, como en la forma en que se gastan.  El Gobierno debe demostrar su voluntad política haciendo incidencia en el Congreso para que el presupuesto que se le asignen al Ministerio contribuya de forma efectiva al cierre de las brechas de inequidad en el país.  ¿Cuáles serán las entidades que conformarán el Ministerio?  El proyecto señala que la cartera liderará el sector administrativo de la Igualdad y Equidad y que las demás entidades del Ministerio “serán asignadas a través de una ley”. Además, se le otorgarán al presidente Petro facultades extraordinarias, por el término de seis meses, “para expedir normas con fuerza material de ley dirigidas a integrar al Sector de Igualdad y Equidad con las entidades que defina como adscritas o vinculadas”.  Mauricio Lizcano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), adelantó por su parte que la cartera asumirá las funciones de dos consejerías claves para la equidad: la de la Mujer y la de la Juventud. “Lo que seguramente se va a hacer, es que muchas de las entidades que han estado haciendo ese tipo de funciones y que cuestan recursos, se trasladarán a este ministerio”, afirmó en entrevista con Caracol Radio.  Por ahora, desde ILEX consideramos que es indispensable que el Ministerio  se articule de forma sólida con todas las carteras, pues consideramos que para alcanzar la equidad y la justicia racial es necesario la implementación de medidas que promuevan transformaciones sociales profundas en Colombia. La lucha por la igualdad de género y la garantía de los derechos de la población históricamente marginalizada debe ser una política de Estado.  ¿Cuáles serán los alcances del Sistema Nacional de Cuidado?  El Sistema Nacional de Cuidado, una de las principales banderas de campaña del nuevo Gobierno, tendrá como objetivo “reconocer, reducir, redistribuir y recompensar el trabajo de cuidado, remunerado y no remunerado”, desde un enfoque diferencial, de género, étnico e interseccional, y por medio de un modelo corresponsable entre familias, el Estado, la sociedad y el mercado. El objetivo es uno: “compartir equitativamente las responsabilidades respecto a dichas labores y superar, entre otras, la injusta división sexual del trabajo”. Aunque reconocemos que este proyecto representa un avance importante hacia el cierre de brechas de género, el texto no brinda mayor información sobre los recursos, alcances y estructura organizativa del sistema que sería implementado por un Estado que sigue en mora de garantizar el cumplimiento de las normas que regulan actualmente las labores de cuidado en el país.  Aquí puedes leer el proyecto de ley completo: