El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, tiene aspectos importantes que establecen una relación directa con la población afrodescendiente en el país, teniendo 5 ejes transformadores: ordenamiento del territorio alrededor del agua, seguridad humana y justicia social, derecho humano a la alimentación, transformación productiva, internacionalización y acción climática, convergencia regional. Además, contiene cuatro ejes transversales: paz total, los actores diferenciales para el cambio, estabilidad macroeconómica, política exterior con enfoque de género; aspectos que orientarán gran parte de las propuestas dispuestas en el articulado.
Según la visión de gobierno, el PND ha sido un proceso participativo en el cual más de 250.000 colombianas y colombianos participaron en los diálogos regionales vinculantes, lo que hizo en buena parte un Plan orientado a la ciudadanía, garantizando voces diversas en la construcción de ideas y metas finales. Dicho plan tiene un costo aproximado de 1.154,8 billones de pesos constantes, donde el 50% de la financiación del Plan Plurianual de Inversiones Públicas saldrán del presupuesto general de la nación. La distribución total de las fuentes de financiación se distribuye así:
Gráfica 1. Fuentes que financian el PND 2022-2026.
Fuente: : Subdirección General de Inversión, Seguimiento y Evaluación – DNP. Cifras en miles de millones de pesos constantes
2022.
Dentro del PND existen diversas propuestas en torno a la población afrodescendiente que les impactará de manera transversal en diferentes ejes, necesarios para el desarrollo inversión territorial y la movilidad social. Uno de ellos es la implementación de trazadores presupuestales para las asignaciones presupuestales de los pueblos indígenas y comunidades negras, afrodescendientes, raizales, palenqueros. Esta estrategia es importante, dado que las entidades deben preparar anualmente informes sobre los recursos apropiados y de alguna manera, es una herramienta que permite realizar seguimientos sobre los recursos destinados y que orienta la focalización a grupos específicos.
Algunas estrategias importantes que se contempla dentro del PND, se destacan la apropiación de partidas presupuestarias para que el cierre de compromisos adquiridos en los pueblos indígenas y comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, y campesinas que se vincularon al Programa de Cultivos de Uso Ilícito -PNIS. Esta iniciativa contemplada en el artículo 11 del PND, podría orientar las prácticas en beneficio de los municipios y comunidades étnicas afectadas por el cultivos ilícitos, por medio de sustituciones alternativas. Esto último es necesario, sin embargo, no propiamente se menciona el cómo se realizará este tipo de actividades, aunque se deja en manos de las entidades como la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos y autoridades propias.
Por otro lado, se dispondrán y crearán mecanismos especiales con enfoque intercultural para la gestión catastral multipropósito en territorios y territorialidades de comunidades negras e indígenas. Cabe destacar que, los operadores catastrales en territorios formalizados serán operadores indígenas y comunidades negras y estas, podrán ser contratadas de manera directa y el gestor transversal en estos aspectos será el IGAC.
Esta iniciativa tiene dos matices, la primera de ellas, es que se está reconociendo de manera amplia la autogestión de los territorios. Esto implica que las comunidades tengan una participación directa en la gestión del catastro, en donde podrán tomar decisiones, entre otras cosas, sobre el control e información del territorio. Por otro lado, este artículo (11 – PND) también orienta a que habrá un mayor reconocimiento de su territorio y por último, que es posible que haya una consolidación y empoderamiento económico, al permitir que la gestión del catastro los operadores sean “comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras pertenecientes al territorio a intervenir catastralmente”.
Sin embargo, es necesario que además del enfoque intercultural, se contemple y se desarrolle, como así lo mencionan en el PND, un enfoque técnico en donde los gestores tengan toda la información necesaria y capacitación para llevar a cabo una gestión del catastro multipropósito coherentes y veraz. Por lo cual, el acompañamiento del IGAC y demás instituciones como la ANT u otras instituciones, será indispensable en todo este proceso para la implementación de la política del catastro multipropósito, que entre otras cosas dicha política es necesaria para corregir situaciones de inequidad. Contar con esta información, orientaría a garantizar mejores políticas en torno a la tenencia de la tierra, acceso y ordenamiento territorial, así como también mejorar los aspectos de recaudo de impuestos, y permitiría identificar lugares, áreas y territorios que de alguna manera estén en riesgo de desastres, entre otras cosas.
Así mismo, se creará el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, como mecanismo transversal en la implantación de la reforma agraria y reforma rural integral, esto es importante para las comunidades negras, dado que el PND contempla que dicho sistema esté compuesto por ocho subsistemas, en donde uno de ellos estará directamente relacionado con la delimitación, constitución y consolidación de territorios indígenas y de territorios colectivos de comunidades negras. La importancia radica en que, si esto se cumple, habría un instrumento amplio para que de esta manera mejoren las condiciones de los trabajadores agrarios y también, la amplitud de la garantía de los derechos territoriales de las comunidades indígenas y negras, que de alguna manera realizan actividades de conservación, producción y aprovechamiento de recursos, y este tipo de actividades deben ser evidenciadas en la reforma rural y agraria.
Uno de los programas que, de cumplirse puede disminuir brechas sanitarias y de salud, es el programa de “Agua es vida”, el cual será formulado por el Ministerio de Igualdad y Equidad, en conjunto con el Ministerio de Vivienda. Este programa debe estar en vigencia según el texto conciliatorio dentro los primeros seis meses a la entrada de la Ley. La estrategia es vital para el mejoramiento y el acceso de agua potable y saneamiento básico de la población vulnerable, por ejemplo, la cobertura de agua potable en Colombia para la población afrodescendiente llega al 69,% y el alcantarillado al 54,1%, estos resultados para la población afrodescendiente en la zona rural son aún más bajos. Por último, algo que se resalta es que dentro de este programa habrá un plan de acción para la restauración ecológica en la cuenca del río Atrato, y este aspecto específico tendrá un informe semestral para verificar el avance de este.
Una de las políticas más ambiciosas dentro del texto, es la formulación y adaptación de una política pública para la erradicación del racismo y la discriminación, la cual será concertada y se desarrollará de manera participativa. El texto contempla una consulta previa con los pueblos y comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, pueblos indígenas y Rrom a través de sus autoridades en la Mesa Permanente de Concertación Indígena, Espacio Nacional de Consulta Previa y la Comisión Nacional de Diálogo Rrom; actores que estarán de manera transversal en la orientación y desarrollo de esta política. El objetivo es deseable, sin embargo, existen diferentes limitaciones que se deben poner sobre la mesa para este tipo de políticas públicas y que no necesariamente se abordan en dicho artículo del texto conciliatorio. La primera de ellas es que no están definidos los plazos para llevar acabo al menos la convocatoria y desarrollo de la consulta previa, lo que podría dejar un vacío en la ejecución. Aunque este tipo de ejercicios merece de un tiempo amplio, es importante poner sobre la marcha plazos en los que al menos se ponga a disposición de las instituciones involucradas la gestión administrativa y operativa de la iniciativa como lo hacen en otros artículos.
Así mismo, el artículo no deja claro como una participación de otros actores en el desarrollo de esta política pública, aunque se alineara desde el espacio de consulta previa. Es necesario que hayan actores como la academia en este desarrollo, en especial en los aspectos como los instrumentos de erradicación de racismo (cuyo nombre es ambicioso) y demás aspectos, como la disminución de desigualdades en estos grupos poblacionales, por lo cual, la participaron de otros actores será clave para desarrollar una política participativa, en la cual se pueda hacer seguimiento y evaluación.
Otro aspecto que cobra importancia es la reglamentación integral de la Ley 70 (art. 349) que, a diferencia de la política anterior, si tiene un plazo para el desarrollo del plan integral de reglamentación e implementación, que será dentro de los primeros seis meses a la entrada en vigor de la Ley. Lo anterior es positivo, pues habrá agilidad en los procesos que han sido obstaculizados, como es el ejemplo al acceso a la tierra. Sin embargo, la Ley 70 tiene diferencias sustanciales para el desarrollo de la población afrodescendiente, una de ellas por ejemplo, su naturaleza. Esta está ligada en gran parte para la población afrodescendiente del pacifico, dejando a otros territorios como la región Caribe, con una maniobra limitada en los beneficios que podría llevar a acabo dicha reglamentación e implementación, de hecho, en buena parte es por esto que las comunidades del Caribe han hecho algunos acercamientos para estar incluidas en la Ley 70 de manera mucho más directa a la actual. Esto explica principalmente porque, hasta hace poco, estas comunidades comenzaron a organizarse e identificarse sobre una cultura diferencial, contrario al Pacífico colombiano, cuya identidad racial y cultura diferencial comenzó desde la época de los 80 o podría ser antes (Engle, 2011).
Por último, existen diferencias importantes que se deben visibilizar, uno de ellos es la participación de los departamentos en la inversión que se llevará a cabo, que además es uno de los recursos con los que contarán para el cumplimiento de los objetivos y metas del PND durante los próximos cuatro años. En total, se destinarán aproximadamente 780 billones de pesos a los departamentos, este rubro disminuye alrededor de 68,3 billones de pesos menos con respecto al cuatrienio anterior, en el que se dispusieron alrededor de 848,9 billones. Una de estas diferencias, la destacan departamentos de la región Pacifico; un ejemplo es el departamento del Chocó, cuyo monto destinado disminuye un 23,7% pasando de 15,7 billones para el cuaternio 2018-2022 a 11,6 billones en 2022-2026, esto podría afectar el cumplimiento de metas plasmadas en el PND, considerando además que para este departamento hacen referencia a 34 proyectos plasmados en el PPI.
Tabla 1. Distribución PPI por departamento.
Nota: Cifras en Billones de pesos constantes.
Fuente: PND y PPI de cada cuatrienio.
Este panorama es similar para departamentos como Cauca y Nariño, aunque en menor medida, pues en estos, la disminución llega al 2,1% y 19,6% respectivamente siendo Valle del Cauca el único departamento con montos asignados superiores al cuatrienio anterior (en esa región). En cuanto a la región Caribe, el panorama no es distinto, todos los departamentos en esa región disminuyen los montos asignados entre 0,4 billones y 3,6 billones. Es posible que esta situación esté orientada a la asignación de inversiones estratégicas nacionales que impactan a buena parte de los departamentos del país, el PPI contempla más de 40 proyectos de impacto regional.
Finalmente y sin duda, el PND da un paso adelante en cuanto a reconocimiento y proyectos entorno a la población afrodescendiente que, en su mayoría, son positivos. No obstante, también deja algunos vacíos en los que dichos efectos puedan verse permeados, por lo cual es necesario que el PND sea desarrollado de manera amplia, transversal y con criterio de manera que los vacíos no sean los que dirijan las políticas y estrategias sobre la población afrodescendiente.
Por último, este PND tendrá sin duda un impacto transversal en el Plan de Acción (PA) de Ilex Acción Jurídica (Ilex AJ), porque al ser un PND que aborda problemáticas importante para la población afrodescendiente, desde Ilex AJ y el Centro de Estudios para la Justicia Racial (CEJR) habría un mayor esfuerzo para vigilar y analizar el cumplimiento del PND, en especial de los puntos directos sobre esta población (que son más amplios que los expuestos en otros planes de desarrollo) y sobre esta premisa, es indispensable realizar un seguimiento objetivo y coherente del mismo.
Referencias
Engle, K. (2011). La esquiva promesa de desarrollo para las comunidades afrodescendientes: el futuro de la Ley 70. Revista de Derecho Público.
Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022. Pacto por Colombia, pacto por la equidad.
Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022 – 2026. Colombia, potencia mundial de la vida.
Plan Plurianual de Inversiones (PPI). 2018-2022. Pacto por Colombia, pacto por la equidad.
Plan Plurianual de Inversiones (PPI). 2022 – 2026. Colombia, potencia mundial de la vida.