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MEDIOS DE COMUNICACIÓN, HACÍA LA LUCHA CONTRA EL RACISMO

| Oct 14, 2021 Debemos reforzar el uso de los medios de comunicación como herramienta para combatir el racismo estructural. La forma en la que algunos portales noticiosos cubrieron el pasado 12 de octubre, fecha en la que se conmemora el mal llamado ‘Día de la Raza’, ahora también denominado ‘Día de la Resistencia’ o ‘Día del Respeto por la Diversidad Cultural’, es una muestra de ello. Aún no se logra comprender la importancia de resignificar la fecha ni la relevancia que tienen los pueblos indígenas y afrodescendientes en este ejercicio. Históricamente, esta conmemoración ha estado asociada a recordar la invasión de los españoles a las Américas en 1492 y a la celebración de la hispanidad. Sin embargo, ¿Por qué no debemos celebrar el ‘Día de la Raza’? ¿Por qué algunas organizaciones apelan al ‘Día de la Diversidad’? Son preguntas que se sigue haciendo la ciudadanía cada 12 de octubre, pero en los medios las respuestas siguen siendo abordadas, en su mayoría, desde un lugar ajeno y sin mayor profundidad. Quizá para evitar el proceso interno y personal que implica hablar del racismo. “Los indígenas dicen que no hay nada que celebrar”, “Las organizaciones aseguran que no hay nada que celebrar”, señalaron algunos medios de comunicación al reseñar la fecha, haciendo un abordaje del racismo y la discriminación como un tema que no los toca y que hay tratar bajo las reglas de la objetividad periodística, sin reconocer que el lenguaje está permeado por la construcción del imaginario colonizador que sitúa a las poblaciones indígenas y afrodescendientes como inferiores, ni tener en cuenta que lo que buscan este tipo de movilizaciones sociales es resignificar esta conmemoración y pasar de la celebración al reconocimiento de la resistencia de los pueblos y de la necesidad de poner en la agenda pública las deudas históricas que tiene la sociedad con ellos. En este sentido, vale la pena mirar trabajos como el realizado por Carolina Arrunátegui Matos sobre la prensa peruana y el racismo en el que reflexiona sobre los planteamientos del autor colombiano Santiago Castro Gómez en su texto ‘La poscolonialidad explicada a los niños’. “El dominio colonial no se consiguió tan solo asesinando y sometiendo al otro por la fuerza, sino que requirió de un elemento ideológico o representacional, es decir, de la construcción de un discurso sobre el otro que lo situara como inferior”, dice. Ya en 2012 lo había advertido el Ministerio del Interior cuando realizó un informe junto a la Organización Mundial para las Migraciones (OIM) y el Observatorio Contra la Discriminación y el Racismo: existen en los medios de comunicación tendencias negativas, reproducción de estigmas, prejuicios sociales y ausencia de cubrimiento de los problemas cotidianos de la comunidad afrocolombiana. En dicho estudio se evidencia que los medios registran solo entre 2 % y 9% las noticias, hechos o acontecimientos que involucren a la población afrocolombiana y por tanto es necesario que estos se incluyan en el papel de eliminar la discriminación y el racismo, empezando por reconstruir el imaginario en el que la población afrocolombiana solo se traduce en miseria, crimen, la prostitución, deporte y música. En este sentido, es importante resaltar que el Programa de Acción de Durban contra el racismo y la discriminación señala que es deber de los medios de comunicación representar la diversidad de la sociedad multicultural, sin promover o utilizar imágenes falsas y estereotipos que difundan sentimientos racistas y xenófobos. También indica que una de sus funciones es informar para promover la igualdad y combatir el racismo, la discriminación y la intolerancia. “Reconocemos la contribución positiva que el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, en particular por los medios de comunicación y las nuevas tecnologías, incluida internet, y el pleno respeto de la libertad de buscar, recibir y comunicar información pueden hacer a la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia. Reiteramos la necesidad de respetar la independencia de la prensa y la autonomía de los medios de comunicación a este respecto”, agrega la Declaración de Durbán. A continuación retomamos algunas de las recomendaciones del PNUD en su informe ‘Los medios de comunicación y la población afrocolombiana’, publicado en 2010, pero que siguen vigentes: Procurar que la información sobre las comunidades afrocolombianas responda a su diversidad en términos de visibilidad y pluralidad de géneros periodísticos. Se hace énfasis en la consulta de personas especializadas en el tratamiento de la población afrocolombiana. Incluir el racismo en las agendas propias de los medios de comunicación. Usar relatos que reflejen la problemática del racismo desde un punto de vista humano, que genere sensibilidad con el público. Profundizar en la investigación de temas relacionados con la población afrodescendiente. Evitar tener una sola fuente y, en especial, incluir las voces de la población afrodescendiente. Incluir en los manuales políticas de respeto y tratamiento de temas relacionados con la población afrodescendiente. Monitoreo permanente de la información y de la recepción de la misma.

REFLEXIONES SOBRE LA NUEVA LEY VICHE

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| Sep 21, 2021 | La aprobación de la ‘Ley del viche’ por el Senado, significa, sin duda alguna, el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, representada en el conjunto de prácticas tradicionales de las comunidades negras del Pacífico. Es un avance histórico en materia de garantías de derechos étnicos colectivos de las comunidades negras en Colombia. Este marco normativo generará impactos económicos, sociales y culturales en las comunidades étnicas y vuelve a establecer la discusión sobre la protección, uso y administración del acervo tradicional intelectual colectivo, detrás de la elaboración de una botella de viche o sus derivados. A través de esta ley, el Congreso por primera vez, marca un hito para la explotación económica de un producto como el viche, que es el resultado de producciones intelectuales que se han dado por generaciones de formas particulares y dotadas de especificidades que las distinguen de las producciones intelectuales ordinarias de otro tipo de bebidas, así mismo plantea un modelo de administración institucional que incluye la creación de diferentes instancias de aval y otorgamiento de los derechos de explotación . Lo anterior, plantea cuestiones de protección jurídica relacionadas, por un lado, con los derechos fundamentales colectivos cimentados en el principio de autonomía de las comunidades, frente a las dinámicas de participación con las que se vayan a orientar la reglamentación del proyecto de ley en los próximos meses. En este caso, la participación se constituye más que en un elemento, en una demanda de las comunidades étnicas para entablar cualquier relación respetuosa relacionada con el uso y administración de sus conocimientos tradicionales materializados en el viche. Lo anterior, porque para este tipo de recursos culturales como el viche, que reúne conocimiento tradicional relacionado con las formas de uso de la biodiversidad, pero que también encierra unas expresiones culturales alrededor de su uso, el alcance de los derechos fundamentales parte de la identidad del sujeto étnico que lo crea y no del valor del uso y venta del producto sobre el cual se materialice el conocimiento tradicional étnico colectivo. Por otro lado, plantea cuestiones jurídicas de protección frente al riesgo de generación de cargas operacionales y de apropiación indebida y desbalance en el mercado, que un proceso de explotación del viche a gran escala sin el acompañamiento y financiación efectiva del Gobierno nacional pueda generar en las comunidades como pequeñas productoras frente a las grandes industrias de licores en el país. Finalmente, entre otras disposiciones, la normatividad aprobada les brinda a las comunidades étnicas afrodescendientes del Pacífico la posibilidad de reclamar la propiedad intelectual del viche a través del otorgamiento de derechos exclusivos de uso, producción, comercialización y distribución, según el tipo de protección utilizada registro marcario o denominación de origen, así mismo como flexibilidades para la obtención del registro Invima. Sin embargo, el uso de la expresión “propiedad intelectual” tiene una carga ideológica que termina por reducir y limitar el acervo tradicional milenario e intelectual colectivo de las comunidades afrodescendientes, a una cosa, ?al y como lo hace la protección que se ofrece sobre el individualismo posesivo de la propiedad privada. De ahí qué, cualquier propuesta de regulación debe reconocer y proteger la dimensión colectiva detrás de un producto como el viche.

LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA PARA LAS POBLACIONES MÁS IMPACTADAS POR EL COVID-19

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| Sep 15, 2021 | Según lo relatado por Laudicina Ramírez (2020), en una sociedad racista, desigual y regida por un modelo heteronormado, el covid-19 plantea un escenario que reafirma cifras preocupantes[1] y más aún cuando planteamos el plano de la reactivación económica, donde el Estado no tiene políticas fiscales que contemplen la población vulnerable del país, por tanto, es trascendental adoptar medidas de emergencia que defiendan el estado de derecho, protegiendo y respetando la democracia configurada en el acceso a los derechos fundamentales. A pesar del gran subregistro de la población afrocolombiana del Censo 2018, según el cual la población afrodescendiente se redujo de manera inexplicable en un 30.8%[2], la población negra, afrodescendiente, raizal y palenquera, de acuerdo con el estimativo de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida de 2018 realizada por el DANE, representa el 9,34% del total nacional, siendo 4.671.160 personas. De estas, el 50,4% son mujeres y el 49,6 son hombres y habitan mayoritariamente en el Valle del Cauca, Bolívar, Antioquia, Nariño, Chocó y La Guajira[3]. Dos tercios de la población reside en zonas urbanas y un tercio en zonas rurales. En los municipios con participación igual o mayor al 50% de población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera, los índices de pobreza multidimensional arrojaron un puntaje entre 80% y 85%, donde resaltan los municipios de Medio Baudó, López de Micay, Bajo Baudó (Chocó); Roberto Payán y Magüí Payán (Nariño). Murindó (Antioquia) y municipios entre Turbo y Acandí arrojaron entre 50% y 51% y en ciudades como Providencia, Andalucía, Puerto Tejada y San Andrés, presentan los índices más bajos entre 14 % y 17%. Estas desventajas históricamente acumuladas se exacerban con la pandemia producida por el covid-19[4] que, tal como se evidenció con el estallido social del paro nacional, puso las economías altamente informales en una categoría que contempla retos que deben ser estudiados y desarrollados por el Estado, ya que la dinámica de crecimiento en el 2021 no logrará compensar la caída de la actividad económica del 2020, ni tampoco revertir los aumentos de la pobreza y desigualdad[5]. Las respuestas a la pandemia en los países altamente informales requieren contemplar formas diferentes para el acercamiento a las poblaciones informales e incorporarlas a esquemas de formalización, créditos, y/o entrenamientos ligados a oportunidades dignas[6]. Lo anterior es necesario para comprender el actual contexto recrudecido por las situaciones laborales, académicas y de pobreza multidimensional que tiene como una de sus consecuencias el aumento de la violencia hacia personas afrodescendientes y afro LGBTIQA. La situación de descontento social histórico en el país, exacerbada por la crisis que generó el covid-19 ha suscitado reclamos por parte de sectores invisibilizados de la sociedad colombiana, sobre todo, aquellos representados por las personas empobrecidas, negras, LBGT, indígenas que se lanzaron a las calles el 28 de abril reclamando mejoras en la calidad de vida y el respeto de esta. En el contexto de la movilización nacional, la población afro y afro LGBT ha tenido un rol muy importante, considerando que los diferentes colectivos a nivel nacional han salido a las calles a protestar, no solo por la reforma tributaria y la reforma a la salud, también contra factores estructurales como desempleo, falta de acceso a educación superior, discriminación, junto con otras violencias que agudizan la crisis nacional y siguen vigentes contra las personas con orientaciones, expresiones o identidades de género diversas, especialmente aquellas pertenecientes a la población afrodescendiente. Deborah Skenassy, directora de la Fundación Santamaría, relata que las personas trans han sido carne de cañón por años ante las desigualdades sociales, y que con motivo de la pandemia han visto sus derechos vulnerados y son expuestas a situaciones de alto riesgo, al punto de no contar con acceso a derechos básicos, como salud, vivienda, trabajo y alimentación. De ahí que la calle sea el espacio público por excelencia porque, parafraseando a Déborah, la calle, la esquina, el barrio, el parche de amigos han sido espacios de transformación social y de resistencia ante un estado “identicida” que en palabras de Skenassy, asesina, rechaza y desaparece personas por su identidad de género[7]. Otro asunto preocupante es la situación de las mujeres trans que ejercen el trabajo sexual, pues están pasando situaciones de extrema vulnerabilidad pues sus ingresos no alcanzan ni para comer, por eso se han hecho ollas comunitarias en dos zonas de la ciudad de Cali para responder a esta situación de emergencia, aunque se hace de manera anónima por miedo a recibir agresiones por parte de la policía, ya que han intentado desaparecer a dos de sus compañeras en medio de las jornadas de protesta[8]. Las falencias estructurales en la garantía de los derechos fundamentales de las personas negras, que se han hecho mas evidentes y agudas en el marco de la pandemia, influyen directamente en la exacerbación de violencias racistas y homolesbotransbifobicas. Por tanto, es importante que el Estado colombiano para la reactivación económica tome medidas de impacto, como lo ha recomendado Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)[9]. Es imperativo implementar políticas activas para enfrentar la pandemia del covid-19 y mitigar los efectos económicos y sociales que esta genera, siguiendo las políticas fiscales que deben cumplir con los Objetivos y metas del desarrollo Sostenible -ODS-. Asignar mayores recursos de gasto publico para potencializar el acceso a la salud en Colombia, mejorar la eficiencia del gasto, resguardar las fuentes de trabajo y los ingresos de las familias, y, sobre todo, resguardar a la población mas vulnerable antes, durante y después de la pandemia por covid-19. Frente al panorama actual, es importante que el Estado refuerce los sistemas sanitarios y haga frente a los desafíos sociales y económicos de esta pandemia, lo que conlleva una mayor inversión del gasto público. De igual manera, Colombia al ser un país altamente informal requiere contemplar formas diferentes para el acercamiento a las poblaciones informales e incorporarlas a esquemas de formalización, crédito y/o capacitación ligados a oportunidades laborales dignas. Por último, es importante pensar y aplicar alternativas que ayuden a la reactivación de la …

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LOS DERECHOS TERRITORIALES DE LAS COMUNIDADES NEGRAS: ENTRE RECONOCIMIENTOS JURÍDICOS Y DEMORAS

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| Ago 5, 2021 | La Constitución Política de 1991 representó avances jurídicos para las comunidades negras, afrodescendientes, raizales, palenqueras, indígenas y demás grupos étnicos, entre los que se destacan el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural (Art. 7); lenguas y dialectos (Art. 10); su protección (Art. 8); el derecho a la igualdad real y efectiva (Art. 13). También abrió la puerta para el reconocimiento del derecho a la titulación colectiva de las comunidades negras (Art. Transitorio 55). El desarrollo legal y jurisprudencial de estas normas ha permitido entender y ampliar el alcance de estos derechos. En el marco de este reconocimiento de derechos, el derecho fundamental al territorio ha resultado trascendental para la defensa y supervivencia de las comunidades étnicas, específicamente negras en Colombia. La Ley 70 de 1993, producto del ejercicio de la movilización y exigibilidad de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera[1], intentó responder a la búsqueda de soluciones estructurales a necesidades históricas de formalidad de la tierra, reconocimiento de ocupación ancestral, protección de la diversidad y la cultura, entre otras. En conjunto con esta ley se han expedido otras normas como el Decreto 1745 de 1995 sobre el reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva de las tierras de las comunidades negras; el Decreto 1320 de 1998 sobre la consulta previa con las comunidades indígenas y negras para la explotación de los recursos naturales dentro de su territorio; el Decreto 140 de 2006 sobre atención educativa para grupos étnicos, catedra de estudios afrocolombianos, proceso de selección de etnoeducadores/as y su ingreso a la carrera administrativa. Sin embargo, su aplicación ha sido accidentada e insuficiente para los casi 30 años que han pasado desde la expedición de su norma superior. La mayoría de las comunidades étnicas colombianas tienen histórica permanencia en el territorio y han desarrollado una relación especial con el mismo. Los derechos territoriales de las comunidades étnicas se traducen en “poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otra forma tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma”. Estos derechos territoriales están comprendidos dentro del conjunto de derechos colectivos de las comunidades negras, derivados de los usos y costumbres ancestrales o de sus sistemas de derecho propio. El Estado, en el marco de lo dispuesto en el Convenio 169 de la OIT de 1989 (Ley 21 de 1991), está obligado a reconocer y proteger los territorios de las comunidades negras en Colombia, su propiedad, posesión sobre la tierra de manera integral, esto es la garantía de otros derechos y libertades como la consulta previa, uso y goce de recursos naturales y su autodeterminación y Gobierno. El territorio es la base fundamental para desarrollar su cultura, su vida espiritual, su integridad, su subsistencia económica y cosmovisión. De allí que se entienda la tierra o territorio “no como un objeto de propiedad sino un elemento del ecosistema con el que interactúan. Por esto, la propiedad de la tierra no se asume de manera individual sino colectiva”. El acceso a la tierra por parte de las comunidades negras es un medio de conservación, pues “sin el reconocimiento del derecho a la tierra, los derechos a la identidad cultural y a la autonomía son sólo reconocimientos formales”. A pesar de la importancia del territorio para esta población y las obligaciones nacionales e internacionales del Estado por garantizarlo como derecho fundamental, los procesos de titulación colectiva avanzan a paso de tortuga, en ocasiones, luego de años de radicación de la solicitud se les comunica que hacen falta documentos, dando cuenta de la nula gestión del asunto hasta ese momento por parte de las entidades oficiales. En Colombia, para el año 2010, de acuerdo con Indepaz, hay 276 consejos comunitarios mayores, integrados por 1.454 consejos comunitarios locales. De estos, hasta la fecha, en el Ministerio del Interior se encuentran inscritos solo 298 y uno está en estado de aprobación. Así mismo, desde la aprobación de la Ley 70 de 1993 hasta abril de 2021 se han expedido 210 resoluciones de titulación colectiva a su favor, lo que en promedio son poco menos de 10 resoluciones por año. A la lenta implementación de los procesos de titulación colectiva se le suman las constantes amenazas a liderazgos que defienden el territorio y los desplazamientos, que se han duplicado en lo que va del 2021. Según la Defensoría del Pueblo, hasta el mes de marzo, “Fueron 16 eventos de desplazamiento masivo intraurbano y 14 eventos de desplazamiento masivo rural, los cuales afectaron a un total de 4.062 familias 11.150 personas, de las cuales el 90% pertenece a comunidades étnicas del Pacífico colombiano-. Y han sufrido confinamiento 40 comunidades en Chocó, Cauca y la costa nariñense”. Son muchos los casos que podemos citar respecto de estas demoras y limitaciones al derecho fundamental al territorio. Sobre esta problemática, Mónica P. Hernández en su ponencia Regímenes racistas de propiedad en el Caribe Colombiano: la revocatoria del título colectivo a la comunidad negra de La Boquilla, producto de su investigación doctoral Afro Colombian Communities, Conflict, and Collective Land Titling, expone que las comunidades étnicas son queridas hasta que se convierten en un obstáculo para quienes desean implementar/imponer sus proyectos y en la costa Caribe a diferencia que en el Pacífico se empeñan en desligar a las comunidades negras de su relación con el territorio y defensa del medio ambiente, pues los “capaces” de realizar esa protección son los proponentes de megaproyectos. Hernández agrega que producto de su investigación no se evidenciaba una sistematicidad en la titulación, pero sí en el despojo e identifica elementos de esta estrategia, como desvirtuar la posesión, criminalizar a la población, y presentarlos desligados de la protección del medio ambiente, incapaces de autogestionarse, adaptarse a los cambios, especialmente los climáticos. Curiosamente esta es la virtud que más destacan poseer dichos megaproyectos, mientras que las comunidades serían ocupadores de alto riesgo. En el informe “Despojo invisible de una selva chocoana” presentado por Verdadabierta.com, se alerta, …

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LA LUCHA HISTÓRICA Y POCO NOMBRADA DE LAS MUJERES AFRODESCENDIENTES

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Ilex | Jul 23, 2021 | Opinión Las mujeres afrodescendientes son pilares de la defensa de los derechos de su población, sus realidades y territorios. Sin embargo, la importancia de su labor ha sido históricamente invisibilizada por el machismo presente incluso al interior de las organizaciones y la narrativa oficial de la historia de esta nación que reconoce, en su mayoría, la labor de los hombres mientras omite los nombres y legados de ellas. Este mes de la mujer negra, afrolatina, afrocaribeña y de la diáspora, que ha coincidido con la celebración de los 30 años de la constitución de 1991, debemos recordar que lo obtenido en el proceso de la constituyente, es también un logro de muchas mujeres afrodescendientes dentro del escenario político directo de la asamblea. Mujeres como Mercedes Moya, impulsaron la ley 70 de 1993 y participaron activamente del proceso constituyente que conocemos hoy. La Red de Mujeres Negras del Pacífico Sur que desde temprano en 1992, puso en la mesa las reivindicaciones de género y la integración de las mujeres en los procesos políticos. En el Caribe, las mujeres afrodescendientes también son la representación de resistencia y lucha por sus derechos y los de sus comunidades. Las tejedoras de Mampuján, por ejemplo, son una fiel muestra de cómo los procesos conjuntos de mujeres resultan escenarios de reparación y reconstrucción del tejido social a partir de distintas expresiones simbólicas que son su voz para narrar lo ocurrido en el conflicto armado y su forma de reivindicar derechos. Esta lucha es también compartida por mujeres afrodescendientes con orientaciones sexuales e identidad de género diversas que a través de formas de resistencia como la comparsa diversa de las fiestas de San Pacho en Quibdó, liderada por mujeres trans afrodescendientes, les recuerdan a sus comunidades que existen, transforman y resisten. Las mujeres negras, afrodescendientes, afrolatinas, afrocaribeñas y de la diáspora encarnan autonomía, liderazgo y ciertamente la voz para enfrentar y transformar las realidades que enfrenta la población afrocolombiana. En ese escenario, tal vez por ello y por las violencias que sufren, se han convertido en figuras de defensa en medio del conflicto armado, defensa del medio ambiente, abanderadas de las luchas por la igualdad de género y las libertades sexuales. Son la voz líder en los barrios marginalizados, en los escenarios de la guerra, y responden, muchas con veces hasta con sus vidas, a la discriminación estructural y violencia institucional que les afecta. Son distintos los contextos donde las mujeres afrodescendientes han demostrado su capacidad de liderazgo y defensa por los derechos humanos. En el campo político, social, ambiental y comunitario han sido el sustento de la población, pese a la tendencia de su invisibilización y contante amenaza. Mujeres como Johana Maturana, Erlendy Cuero, Juana Ruiz, Francia Márquez, Teresa Cassiani, Inis Mosquera, Yolanda Perea, Charo Mina, Regina Miranda, entre otras muchas, han vivido la experiencia de ser impulsoras, lideresas, promotoras de derechos de la población afrocolombiana. Hoy las reconocemos en su lucha que ha permitido que la realidad de nuestra población se transforme un poco, y quienes vienen encontrarán un camino gracias a ellas. Esta semana, en particular fue un día histórico para la población afrocolombiana, para el pueblo negro, Francia Márquez anunció que oficializaba su precandidatura a la presidencia, la primera mujer negra en aspirar a este cargo de forma pública y con la visibilidad suficiente como para impactar en las discusiones de cara a las elecciones del 2022.

Medidas de protección a líderes sociales: ausencia de cifras reales y de un enfoque étnico-racial adecuado

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| Jun 16, 2021| Por: Yuly Paola Campiño, abogada- ILEX Acción Jurídica A pesar de los esfuerzos para la finalización del conflicto armado y la garantía de una paz estable y duradera, las violaciones a derechos humanos contra de los líderes/as sociales continúan en aumento. Colombia es un país que en materia de protección y seguridad a líderes/as sociales tiene grandes debilidades, entre estas, que las herramientas y entidades que existen para garantizar el ejercicio de liderazgos y la defensa de derechos no cuentan con enfoques diferenciales que propendan por proteger la vida de los líderes/as desde una mirada étnico-racial. Por dicha razón, la implementación en el análisis del problema de violencia contra líderes/as sociales y las medidas de protección resultan poco efectivas y se dificulta la real protección de estos/as. La situación que enfrentan los líderes/as sociales afro es mucho más gravosa si tenemos en consideración las dinámicas de violencia y conflicto armado que se han presentado en los territorios habitados por las comunidades afrodescendientes. De hecho, la Corte Constitucional a través del Auto 005 de 2009 ha reconocido que existen unos riesgos caracterizados que han enfrentado las comunidades afro en sus territorios, sumado a la discriminación y la lucha constante por mejores oportunidades. La necesidad de una implementación de medidas de protección con enfoque étnico-racial radica en realizar un acercamiento culturalmente adecuado a los líderes/as sociales, que permita a su vez comprender el rol que los mismos desenvuelven al interior de la comunidad. Permitiría también que este acercamiento haga parte del análisis de los riesgos que afectan su liderazgo y que las medidas de protección se implementen procurando no fracturar el tejido social y dinámicas de su comunidad. La sistematicidad de las violencias ejercidas en contra de los líderes/as sociales afro en conjunto con la falta de enfoques diferenciales reales por parte de las entidades del Estado también han dificultado la posibilidad de contar con cifras reales frente a las amenazas y asesinatos de estos líderes, ya que los números que se registran en las distintas páginas oficiales de las entidades estatales no corresponden a los que algunas organizaciones de la sociedad civil han manejado. En el Informe “Líderes y Defensores de DDHH Asesinados al 26 de Julio de 2019”, INDEPAZ publicó que para el año 2018 se reportó el asesinato de 282 líderes/as, mientras que en el año 2019 se registraron 112 casos de asesinatos. En su lugar, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales desde el 7 de agosto de 2018 hasta el 7 de noviembre del 2020 registró 198 asesinatos a líderes sociales, lo que, para el actual gobierno, que usa los datos de dicha consejería, significa la reducción en el número de líderes sociales asesinados y el avance en materia de protección. Lo anterior demuestra la existencia de un subregistro en materia de asesinatos a líderes/as sociales, al tiempo que evidencia la falta de articulación en materia de levantamiento de datos por parte del actual gobierno y de las organizaciones de la sociedad civil, muchas de las cuales se encuentran en el terreno. En medio de estas dificultades, la población afrocolombiana suma un muerto más a la cifra. El día 13 de junio del 2021 fue asesinado Harold Angulo Vencé, conocido en el medio artístico como “Junior Jein”, reconocido líder cultural afrocolombiano y quien fue pionero en el movimiento urbano del Pacífico colombiano. Durante su trayectoria artística, “Junior Jein” se dedicó a luchar contra la discriminación racial, visibilizar la situación de vulnerabilidad que se vive en los territorios afro y apoyar las protestas sociales que se vienen adelantando en el marco del paro nacional que inició el 28 de abril del 2021; con este asesinato ya son 73 los líderes/as sociales asesinados en Colombia según información publicada por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz-INDEPAZ-. Resulta indispensable que el Estado colombiano se comprometa a analizar este problema con enfoques diferenciales, a garantizar la vida e integridad de los líderes/as sociales, pero que además se dé un registro real del número de líderes/as sociales étnica y racialmente diferenciados que han sido amenazados y/o asesinados para de esa manera establecer por parte del Estado y las organizaciones de la sociedad civil las estrategias que se implementarían para combatir este tipo de violencia diferenciada.

CIDH, informe de dd.Hh y discriminación racial en colombia en contextos de protesta

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CIDH, INFORME DE DD.HH Y DISCRIMINACIÓN RACIAL EN COLOMBIA EN CONTEXTOS DE PROTESTA Compartir en facebook Compartir en twitter Compartir en linkedin El paro nacional iniciado el pasado 28 de abril y que ya cumple más de 60 días, se ha caracterizado por la resistencia., especialmente de la población joven, las demostraciones artísticas y la confluencia de distintos sectores sociales y políticos. También han sido persistentes, múltiples y sistemáticas, las vulneraciones a derechos humanos por parte de la Policía nacional y su Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). De acuerdo con la ONG Temblores entre el 28 de abril y 26 de junio de 2021, se registran 4.687 casos de violencia policial entre los que se encuentran violencia sexual, física, detenciones arbitrarias e intervenciones violentas, en su mayoría, caracterizadas por el uso desproporcional e innecesario de la fuerza. Estas alarmantes cifras se conjugan con la militarización de las ciudades, entre ellas Cali, Buenaventura, Buga, Yumbo y Palmira (Valle del Cauca), Pasto e Ipiales (Nariño), Popayán (Cauca), Bucaramanga (Santander), Pereira (Risaralda), Madrid y Facatativá (Cundinamarca), y Neiva (Huila), así con medidas de toque de queda, restricciones por parte de mandatarios locales, y la criminalización de las manifestaciones. Aunado a esto, el ministro del interior, Daniel Palacios, anunció una modificación al Decreto 003 de 2021 por medio del cual se expidió el Estatuto de Reacción, Uso y Verificación de la Fuerza Legítima del Estado y Protección del Derecho a La Protesta Pacífica Ciudadana, en el sentido de establecer que las protestas que se valgan de bloqueos no serán consideradas pacíficas, desconociendo que la Corte Constitucional, ha manifestado que la interrupción de la normalidad social es inherente al ejercicio de este derecho, pues lo que persigue es llamar la atención sobre las demandas de la sociedad civil. Esta tendencia represiva del derecho a la protesta por parte del Gobierno, a través de la Policía, afecta diferencialmente a las personas afrodescendientes que en razón del racismo son estereotipadas, consideradas como un peligro, perfiladas como criminales. También, se ven afectadas las personas que les atraviesan categorías de opresión como clase, sexo y género. Estas personas, fuera del contexto de las protestas, tienen una mayor interacción con la Policía, por lo general, mediada por la excesiva vigilancia, registros y/o controles injustificados, detenciones arbitrarias, el uso excesivo de fuerza, malos tratos y asesinatos. También puedes leer el blog ‘Con orgullo y luchando por nuestra ciudadanía. Lo anterior, fue confirmado en las observaciones formuladas por la CIDH con base en su visita de trabajo en el marco del paro nacional, entre las cuales manifestó que en el país se presenta una discriminación histórica y estructural hacia afrodescendientes e indígenas y que observa con preocupación la utilización del perfilamiento étnico-racial, los traslados por protección indiscriminadamente, las detenciones arbitrarias y abusos a los que se encuentran expuestos. Aunado a ello, la CIDH recomienda sistematizar los datos desagregados con la variable étnico racial sobre víctimas en conjunto con la población civil, esclarecer las denuncias de violaciones a derechos humanos, generar diálogos con enfoque territorial, evitar la estigmatización y discursos de odio por parte de autoridades, reestructurar la formación de la Policía Nacional y sacar la institución del ministerio de defensa. La violación a derechos humanos, desatada en el marco de las protestas, llamó la atención incluso de la alta comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos, quien en su informe Promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los africanos y los afrodescendientes frente al uso excesivo de la fuerza y otras violaciones de los derechos humanos por agentes del orden, hace mención a la investigación de Abuso Policial Racista realizada por Ilex, la cual halló que para el año 2019 en las localidades de Usme y Kenedy en Bogotá D.C. “El perfilamiento racial en la imposición de medidas correctivas se concentra en aquellas personas que tienen la tonalidad de piel más oscura. Personas de tonalidades más oscuras tienen 2,67 más probabilidades de interactuar con la policía y 2,57 mayor probabilidad de ser detenidas, llevadas al área restringida, multadas o requisadas”, se cita en el texto. A pesar de que la alta comisionada pasó por alto mencionar datos específicos sobre violencia policial contra personas afrodescendientes en Colombia en el marco del paro nacional iniciado en abril de 2021, su informe sí es claro en establecer la sistematicidad de la violencia contra estas por parte de la Fuerza Pública. Las conclusiones del informe reflejan la realidad de Colombia, que a pesar de contar con alta presencia de población negra/afrodescendiente, es un país racista. Las tasas de necesidades básicas insatisfechas, inseguridad y violencia se concentran en los sectores habitados mayoritariamente por la población afrodescendiente sobre la que reposan estereotipos que la asocian con la criminalidad. Estos estereotipos fundados en el racismo permean toda la estructura estatal. Por esta razón, la vigilancia y persecución por parte del personal que ejerce estas funciones en establecimientos de comercio y la esfera pública deriva en requisas injustificadas y al “azar”, uso desproporcionado de la fuerza y malos tratos aludiendo a características fenotípicas de las personas afrodescendientes. El informe de la comisionada reitera el carácter sistemático del racismo y llama a la acción de los Estados para contrarrestarlo, igualmente resalta el carácter de derecho humano que tiene la protesta y reactiva en la agenda pública internacional, nacional y regional la lucha contra la discriminación racial, especialmente en el uso excesivo de la fuerza y otras violaciones de los derechos humanos por agentes del orden. Adicionalemnte, el texto también brinda recomendaciones para lograr la equidad racial para la agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en concordancia con los objetivos de reconocimiento, justicia y desarrollo del decenio de los afrodescendientes, la conmemoración de 20 años de la declaración y programa de acción de Durban, y la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. La alta comisionada exhorta a los Estados a garantizar la participación de personas afrodescendientes en la toma de decisiones que les afecten y cumplir con los …

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CON ORGULLO Y LUCHANDO POR NUESTRA CIUDADANÍA

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| Jun 28, 2021| Por Dayana Blanco *Texto originalmente publicado en blog del Fondo Noruego para los derechos humanos Barbara Smith, escritora y feminista afroamericana y queer, explicaba en un artículo en el The New York Times porqué dejó de hacer parte del mainstream del Orgullo Gay que se celebra en junio. La razón era obvia, muchas personas lesbianas, gays, trans, bisexuales, queer, sobre todo aquellas marginadas por su color de piel u origen étnico, siguen privadas de derechos, bienes y servicios; siguen viviendo al margen. Si bien no podemos comparar el contexto queer afroamericano de los EEUU con el Latinoamericano sí podríamos afirmar que la situación de las personas LGBTQIA+ en la región mejora a pasos de caracol y que no tenemos mucho que celebrar. En Colombia, las difíciles condiciones en las que vive la mayoría de esta población, los crímenes por perjuicio y odio, el conflicto armado que azota las zonas rurales y las constantes amenazas a procesos organizativos y liderazgos precariza su vida, bienestar y, al final del día, su ciudadanía.En junio debemos recordar esta lucha con orgullo y seguir reclamando nuestra ciudadanía con fuerza. Ha sido largo el camino demandando seguridad, salud, trabajo, educación, no violencia, entre otras garantías que más accesibles desde la heteronormatividad y la binariedad. Desde los disturbios del Stonewall Inn (Nueva York, Estados Unidos) en junio de 1969, o desde 1982, año en que se realizó la primera marcha por el Orgullo Gay en Colombia, contamos con algunas victorias, pero no con la materialización y disfrute de nuestra ciudadanía completa. Hemos logrado la despatologización de las identidades trans y de género diverso, la despenalización de la homosexualidad, que en Colombia solo se alcanzó hasta 1980, y el reconocimiento de derechos patrimonialespor parte de la Corte Constitucional a partir de la Sentencia C-075 del 7 de febrero de 2007, pero en Colombia seguimos recibiendo trato de ciudadanos de segunda categoría. Solo hasta 2018 supimos cuántxs habitamos en zonas urbanas de país, pues el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica -DANE- no hizo la medición en zonas rurales. La invisibilidad estadística de esta población es una de las primeras barreras para el mejoramiento de la calidad de vida. Esas personas LGBTQIA+ que viven en la ruralidad y que aun no vemos, han sufrido limitaciones históricas en el acceso servicios básicos y los embates del conflicto armado. Desplazamientos, amenazas, delitos contra la libertad y la integridad sexual, homicidios, torturas, crímenes por perjuicio y odio, han sido documentados por distintas organizaciones de derechos humanos que han denunciado la precaria situación de esta población en zonas rurales, agravado por su identidad étnico-racial. “Los episodios empezaron cuando era apenas un adolescente, a los 14 años. La guerrilla empezó a contactarlo, pues había ganado cierta visibilidad por su participación en grupos de danza tradicional afro-pacífica. A los ojos de los integrantes del grupo armado, el hecho de que Alex fuera homosexual (o leído como tal) lo convertía automáticamente en una persona extrovertida, amiguera y con una amplia vida social, recursos todos muy beneficiosos para su organización. Intentaron entonces persuadirlo de que trabajara como informante para ellos de diversos modos (mediante mensajes de texto, mensajes con otras personas o conversaciones directas). Sin embargo, fallaron en su cometido, pues Alex se negó sistemáticamente a vincularse a las actividades ilícitas del grupo. A partir de allí se desató un torrente de rumores que señalaban a Alex como portador de VIH, una enfermedad que lo convertía en un sujeto indeseable y blanco de todas las violencias higienizadoras” (Ver informe ¿Quién nos va a contar?- Colombia Diversa) Organizaciones como la Red Comunitaria Trans, nos recuerdan que aún no se ha esclarecido la muerte de Alejandra Monocuco, que en lo que va de 2021 se han asesinado a varias mujeres trans. Frente a esta realidad, las personas LGBTQIA+ sobre todo aquellas que lideran procesos sociales y defensoras de los derechos humanos siguen denunciando crímenes y violencia por prejuicio debido a la orientación sexual o el género como actos que constituyen racionalizaciones o justificaciones de reacciones negativas, por ejemplo, frente a expresiones de orientaciones sexuales o identidades de género no normativas” [CIDH]. Por lo anterior, se ha reiterado la necesidad de que las autoridades públicas y la sociedad en general implementen herramientas adecuadas para identificar y sistematizar los escenarios de riesgo y las agresiones, realizar acciones de reconocimiento desde la institucionalidad para que se hagan efectivos los derechos de estas personas, fortalecimiento colectivo de las organizaciones en los territorios, entre otras. Entonces, ¿qué podemos celebrar en junio? Tomémonos el mes para conmemorar toda esta lucha, recordar a las personas LGBTQIA+ que murieron esperando atención médica, acceso a la justicia, un mejor trabajo, que no las mataran por trabajadoras sexuales o por machorras, una ciudanía real. Celebremos que no nos golpeen, a veces, que podemos entrar al baño tranquilxs, a veces, y que podamos cenar en navidad con nuestras parejas y familia, a veces. Marcharemos para, algún día, poder eliminar el “a veces” de este párrafo y para dejar de ser el “medio ciudadano marica”, que no importe con quién te acuestas o qué llevas entre las piernas, para saber qué derechos tienes.

LA PARTERÍA Y LA RESISTENCIA DE LAS MUJERES AFROCOLOMBIANAS

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| Mar 29, 2021 | En el mes de marzo, cuando conmemoramos la lucha contra la discriminación racial y la lucha por la equidad y la justicia para las mujeres, reflexionamos sobre la fortaleza y resistencia de quienes están en la intersección entre el género y la raza. La lucha contra la discriminación racial y la lucha por la igualdad de género tiene cara de mujer, de mujer negra, por eso en esta ocasión queremos dedicar este espacio a reconocer la labor de personas, en su mayoría mujeres negras, que se dedican a la defensa de la vida y la salud en los territorios, las parteras. La partería entre la población afro es una práctica ancestral que se remonta, en Colombia, a la vergonzante época de la esclavización, en la que las mujeres, en su mayoría, mantenían en sus comunidades aprendizajes y conocimientos sobre el parto y la salud reproductiva. Esto ha representado hasta el día de hoy un elemento esencial de la identidad de las comunidades afrodescendientes, la unidad de los territorios y la protección de la integridad de los derechos sexuales y reproductivos. Todo esto se ha logrado a través de un ejercicio continuo de resistencia que pese al abandono estatal y el conflicto armado presente en los territorios ha insistido en esta práctica como una forma de supervivencia no solo cultural, también física, ante la ausencia de un sistema de salud integral que atienda las necesidades de la población. La partería se compone de procesos de comadraje y sororidad entre mujeres para la conservación de su salud mental y física, compartir vivencias de su ejercicio y escuchar a las otras como iguales. El Plan Especial de Salvaguarda de los saberes asociados a la partería afro del pacifico, enmarcado en el reconocimiento de la partería como patrimonio inmaterial de la nación, reconoce a las mujeres que ejercen la partería, como aquellas que respetan los derechos de las mujer, pues su actuar se guía en la libertad, el respeto por el cuerpo y sus deseos autónomos. Estos pilares implican que las relaciones que se crean entre las mujeres y las parteras sea un ejercicio de confianza colectivo, que preserva el sentido de lo comunitario y el arraigo al territorio. Las parteras son personas que contrarían el sistema guiado por el individualismo y la despersonalización del otro. En ese sentido, la partería puede ser vista como una practica contestataria que relaciona lo propio con lo sagrado, que pervive, incluso, en medio del conflicto armado que azota al pacifico colombiano. Que, en la actualidad, las plantas tradicionales para las curaciones y tratamientos se cultiven incluso en las azoteas o patios de las viviendas de las aprendices de partería y no en los territorios que se vieron obligados a abandonar, es una muestra valiosa de lo que implica la transformación de las practicas culturales que se resisten a desaparecer. Ni las entidades territoriales ni el gobierno han comprendido que ellas son las que salvan las vidas de cientos de personas en los territorios, quienes se ven enfrentadas no solo a la ausencia de un sistema de salud, sino al conflicto armado que se ha recrudecido en zonas como Chocó y Buenaventura. Este grupo también se enfrenta a violencias económicas porque no tienen recursos suficientes para su sustento y al no incluirlas en el talento humano de salud, no se les dio el reconocimiento el derecho a atención prioritaria en el marco de la pandemia. Además, las omisiones de las ayudas solicitadas por asociaciones como ASOPARUPA y ASOREDIPARCHOCO, escasez de elementos de bioseguridad, han obligado a las parteras a menguar sus servicios, a cerrar los nichos donde atienden a mujeres y comunidad en general, a aislarse pues se exponen a la muerte al prestar sus servicios, debido a que la mayoría de sus miembros son personas de avanzada edad y con enfermedades preexistentes. Este es un llamado a la protección real de estas mujeres que hoy resisten para no perder lo construido y lo conservado. Reconocemos el logro alcanzado el 23 de marzo de 2021 con la aprobación en primer debate del proyecto de Ley “Por medio del cual se define la partería tradicional afro del Pacífico colombiano, se exalta y reconoce como oficio ancestral y se adoptan las medidas para su salvaguardia, transmisión y protección”, por parte de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Esta propuesta cuenta con seis artículos y busca que el gobierno nacional y sus distintas instituciones adopten medidas para garantizar la sostenibilidad de la partería. Sin embargo, esto es solo un pequeño paso frente al reconocimiento legítimo y las condiciones que se deben brindar a las parteras para ejercer su oficio en condiciones de dignidad, sobre todo en la situación de desigualdad estructural que ha develado la pandemia.

EL GLIFOSATO TAMBIÉN DEBE PARAR: PONGÁMOSLE EL OJO A LA REANUDACIÓN DE LAS ASPERSIONES

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| May 18, 2021 | El 11 de mayo de 2020, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, protegió los derechos a la consulta previa de las comunidades afrodescendientes e indígenas del pacifico nariñense frente a la aspersión área con glifosato y ordenó la suspensión de las diligencias de licenciamiento ambiental y la realización de la consulta previa para garantizar una participación acorde a las características y necesidades de los territorios. Este es un nuevo revés a la pretensión del Gobierno de fumigar con glifosato y pone en la mesa la necesidad estar atentos/as a sus esfuerzos por imponerlo. En ese sentido, es importante reflexionar sobre el Decreto 380 de 2021, que regula el control de los riesgos para la salud y el medio ambiente en el marco de la erradicación de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea, el cual como veremos, no cumple las condiciones para proteger la integridad de las comunidades. En primera medida, dentro de la parte motiva del decreto y su articulado se omite por completo contemplar dos normatividades que deben guiar el PECIG: el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera (Acto legislativo 02 de 2017) y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos -PNIS- (Decreto – ley 896 de 2017). Estas normas son determinantes porque el punto 4.1.3.2 del Acuerdo de Paz, establece que en los casos donde no exista consenso con las comunidades, el Gobierno debe propender por la erradicación manual y en última instancia en las aspersiones, sin embargo, no hay mención alguna en el decreto. Tampoco se hace referencia a las comunidades que están cobijadas por los programas de sustitución voluntaria, y que en la actualidad están expuestas a los incumplimientos del Gobierno. Lo mencionado, no es una observación caprichosa, es una orden de la Corte Constitucional en el Auto 387 de 2019, que dispuso que toda política pública que se desarrolle dentro de la política de drogas debe derivarse de lo acordado en el punto 4 del acuerdo. De otro lado, una de las precisiones para contemplar la reanudación de aspersiones con glifosato que hizo la Corte Constitucional en la sentencia T-236 de 2017, fue que los procedimientos de queja deben ser comprehensivos, independientes, imparciales y vinculados con la evaluación de riesgo. En relación con este punto observamos que: Las entidades encargadas de recibir estas quejas y determinar si son procedentes para hacer una evaluación, son las mismas que han estado en la posición de aceptar el uso del glifosato, que, en contraste con experiencias anteriores, no es del todo confiable. II.En relación con quejas por riesgo de salud, se precisa el criterio de un médico tratante y una atención del sistema de salud, exigencia que desconoce las barreras que sufren las comunidades, especialmente étnicas para llegar a centros hospitalarios. III. La decisión de la pertinencia de las quejas presentadas por las comunidades, se limita a los criterios de la Agencia Nacional de Licencias Ambiental, el Instituto Nacional de Salud y el Instituto Nacional Agropecuario. Encima, con el decreto 333 de 2021, las tutelas que son interpuestas precisamente en situaciones de peligro inminente en el marco de las aspersiones son restringidas a la competencia del Consejo de Estado, lo que implica trabas y retrasos a un asunto de especial urgencia, especialmente para las comunidades afrocolombianas e indígenas marginadas y excluidas. Como asunto anexo se deben anotar las pocas garantías de la participación. El decreto, pese a incluir espacios participación de las comunidades, en ningún punto refleja que estos tendrán incidencia en las decisiones que puedan definir el uso o no del glifosato en los territorios. Lo más preocupante, es que tiende a negar el deber de incluir a las comunidades que serían afectadas por encontrarse en las áreas de aspersión. Se anuda también que resultó paradójico encontrar que una de las formas de participación efectiva sea a través de las páginas web de las instituciones, aun sabiendo que hay múltiples comunidades étnicas excluidas, que no han sido llamadas a los “espacios concretos” y que tienen un paupérrimo o inexistente acceso a internet y tecnologías de la información. Sin duda alguna, estas anotaciones muestran la política del Gobierno de espaldas a las realidades de las comunidades y a la urgencia de proteger sus derechos humanos. Si bien este decreto no significa que se reanuden las aspersiones, sí demuestra una decisión clara de adoptar una estrategia nociva para combatir los cultivos de uso ilícito y el narcotráfico, por encima de las poblaciones que están en medio del abandono y la discriminación estructural.

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