Sala de prensa

DE MINNEAPOLIS A BOGOTÁ

| Jun 16, 2020 | Por: Ana González y Eliana Alcalá La escena del asesinato del afroamericano George Floyd la hemos visto varias veces: varios policías blancos custodian o persiguen a un hombre o mujer negra, desarmado/a, que no representa ningún peligro y, sin embargo, sobre su humanidad se aplica fuerza sin justificación y de manera desproporcionada que resulta en su muerte. De la misma forma, bajo el lente de una cámara desprevenida, han sido asesinados mujeres y hombres afroamericanos como Philando Cassile, quien murió frente a su hija y novia, víctima de varios disparos al interior de su carro el 6 de julio de 2016; Eric Garner, quien fue murió asfixiado como Floyd en una calle en Long Island, Breonna Taylor, una trabajadora de la salud a quien la policía disparó ocho veces en la puerta de su apartamento en Louisville (Kentucky) el mes pasado; Rekia Boyd, una mujer de 22 años que se encontraba departiendo con amigos y a quien un ex-policía le disparó en un parque en la ciudad de Chicago en marzo de 2012. La lista de personas negras ejecutadas por la policía es larga y dolorosa. Lo peor es que la mayoría estas muertes permanecen en la más absoluta impunidad, si bien es cierto, en algunos casos los policías han sido desvinculados del servicio, los procesos penales y civiles en contra de estos no avanzan o terminan en el levantamiento de cargos a los acusados. El uso excesivo de la fuerza policial que resulta en la muerte de personas afroamericanas a manos de policía está precedido de una serie de prácticas policiales discriminatorias como el perfilamiento racial, la política de “stop and frisk”, las detenciones desproporcionadas a conductores afroamericanos, los maltratos verbales y físicos bajo custodia policial, entre otros. Estas prácticas se encuentran arraigadas en la historia de una institución que es inherentemente racista: desde las “slave patrols” que perseguían a esclavizados que se escapaban, hasta la agresión brutal de la fue víctima Rodney King en aquel marzo de 1991 y que despertó la digna rabia de miles hombres y mujeres negras en la ciudad de Los Ángeles. No se trata entonces de excepciones o de manzanas podridas sino de una institución que se ha erigido bajo la ideología del supremacismo blanco y está compuesta por muchos de sus seguidores. Nos duele y nos indigna lo que pasa en EEUU pero no está tan lejos de lo que pasa en Colombia, Anderson Arboleda, un joven afrocolombiano habitante del municipio de Puerto Tejada fue brutalmente golpeado hasta la muerte por agentes policiales en la puerta de su casa, aparentemente, por violar el aislamiento obligatorio. Y es que las restricciones a la movilidad y circulación de las personas en el contexto de la pandemia ha generado toda suerte de excesos por parte de la policía. Igualmente, en ciudades como Cali, Bogotá, Medellín, Cartagena, entre otros, mujeres y hombres negros se enfrentan a situaciones muy similares a aquellas denunciadas en EEUU, que nos revelan que el racismo policial es un problema aquí y allá que se manifiesta de diversas formas. Durante 2019, Ilex acción jurídica se dio a la tarea de documentar cómo operan estas prácticas policiales discriminatorias en la ciudad de Bogotá, especialmente, en las localidades de Usme y Kennedy donde vive una cantidad significativa de población afrocolombiana. Las violencias a las que se ven sometidas las personas afrocolombianas, sobre todo los jóvenes, en parte, son consecuencias de una serie de prejuicios racistas que asocian a las personas negras a la criminalidad y por tanto, la convierten en objeto de criminalización desproporcionada y distintas formas de violencia. De acuerdo con las observaciones que realizamos en dos Portales de Transmilenio (Usme y Américas) las personas afro tienen más probabilidades de ser multadas (en particular vendedores informales) y aquellas personas con las tonalidades más oscuras tienen más probabilidades de ser detenidas, multadas o llevadas al área restringida de la estación. La documentación realizada por Ilex acción jurídica reveló que durante los procedimientos policiales, que deberían caracterizarse por el respeto a la integridad moral y física de las personas, los agentes usan expresiones discriminatorias y deshumanizantes como “Negro”, “simio”, “curtido”, “esclavo”, así mismo, la interacción entre policías y comunidad afrocolombiana está marcada por actos agresivos y presencia excesiva de policías en espacios de recreación y encuentro social. Invitación al lanzamiento del informe : https://www.facebook.com/ilexAJ/ Los encuentros con la policía relatados por jóvenes afro de las localidades de Usme y Kennedy se caracterizan por trato hostil que resulta en la vulneración de su integridad personal, integridad que implica la garantía de una vida sin violencias y la prohibición de cualquier trato inhumano, cruel o degradante. Durante retenciones temporales o durante traslados por protección (las retenciones temporales se realizan para hacer registros -requisas- o solicitar documentos, mientras que los traslados por protección son un procedimiento policial que implica llevar a la persona a un centro de detención por no más de 12 horas) se producen actos cuyo único fin es el de infundir temor o degradar, y que constituyen tortura. Por ejemplo, se les impone que realicen labores de limpieza como condición para “salir”, como nos lo relató un joven de la localidad de Usme. Organizaciones como AFRODES han denunciado también el asesinato e intimidación de jóvenes afrocolombianos en las localidades de Soacha y Ciudad Bolívar por parte de la policía. Estas situaciones aún permanecen en la invisibilidad. La comunidad no tiene confianza en las autoridades, tiene miedo a denunciar y en algunos casos el temor de debe a amenazas y potenciales represalias por parte de la policía. En la mayoría de los casos las personas afectadas no cuentan con un acompañamiento efectivo para la defensa de sus derechos. Tal vez por lo anterior no se tenga un registro confiable de casos de abuso policial pese a su existencia. La denuncia de esos casos de violencia debe ser investigada a mayor profundidad por las autoridades y es obligación de las mismas tomar medidas de política pública para combatir la discriminación racial …

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#PICOYMIEDO

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| Abr 13, 2020 | Por Them Me preocupa algo que seguro a muchos de ustedes no les generará tanta angustia: A partir del lunes 13 de abril, ¿Quién me puede comprar unos huevos? El Decreto 106 del 8 de abril de 2020, que rige a partir de esta fecha y “Por el cual se imparten las órdenes e instrucciones necesarias para dar continuidad a la ejecución de la medida de aislamiento obligatorio en Bogotá D.C.”, no nos causaría tanto miedo si viviéramos en una sociedad respetuosa de la diversidad, las decisiones de las otras personas sobre su identidad, sobre sus cuerpos, sus formas expresarse y vidas desde la diferencia. No estamos en ese lugar, estamos muy lejos de ser esa sociedad, ni Bogotá, ni Lima, ni Panamá han estado a la altura de nuestras libertades y dignidad. La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del mencionado decreto, ordenó en su artículo 2, Parágrafo 4, que: “1. Días impares podrán circular exclusivamente las personas del sexo masculino, y 2. Dias pares podrán movilizarse exclusivamente las personas del sexo femenino”. Esto nos abrió un hueco en el pecho y la cabeza a quienes a diario sufrimos de misgendering, homofobia y actos de discriminación asociados a nuestra identidad y expresión de género en una sociedad que no entiende que cada quien puede decidir qué persona es, cómo y cuándo quiere serlo. Nos dejó a la merced de quienes no entienden que no es lo mismo identidad de género, expresión de género y sexo asignado al nacer, y redujo toda nuestra existencia a lo que un agente de policía decida que somos. Si fuera medianamente cierto que las autoridades respetarán las diversas manifestaciones de identidad de género, como lo afirma el decreto en un afán por salvar su constitucionalidad y legitimidad, hace mucho tiempo la población trans de Colombia y la región habría superado su expectativa de vida de 35 años. Las denuncias que desde el miércoles pasado vienen haciendo colectivos trans, activistas LGBTQIA+, ONGs y otrxs, no son arbitrarias. El miedo que sentimos es razonable en una ciudad donde, según algunas organizaciones que trabajan con estos temas, nueve de cada diez personas transgénero sienten vulnerados sus derechos “El panorama de las personas con una orientación sexual distinta es complejo en la ciudad. Según cifras de la última medición de la Política Pública LGBTI, el 90 % de la población transgénero en la ciudad siente que sus derechos son vulnerados, de este balance las personas que perciben mayor transgresión son las mujeres transgénero (92,90%). Así mismo, son ellas quienes se sienten más agredidas a razón de su identidad de género (73,6%)” Y ¿qué tiene que ver la Policia? Pues que varias de las violencias que sufren las personas LGBTQIA+, especialmente las personas trans, se derivan de actos de violencia y/o abuso policial. Esto ha sido ampliamente documentado en informes de la Defensoría del Pueblo, que contienen datos de la Fiscalía General de la Nación y Medicina Legal sobre el tema. Según Medicina Legal, entre 2015 y mitad del 2017, se atendieron 83 casos de violencia interpersonal contra población LGBTI por parte de fuerzas del Estado en Bogotá y otras ciudades. Esto sin contar con que las personas no binarias o de expresión de género diversa, muchas de las cuales sufrimos en promedio entre 4 y 5 encuentros de misgendering diario, hemos quedado expuestas a la insoportable realidad de salir a la calle con el miedo de ser detenidas por la policía por parecer hombre o mujer, ambos o ninguno. La posibilidad de un encuentro injustificado o arbitrario con la policia, ese solo pensamiento atravesando nuestras cabezas al salir de nuestras casas es de por sí violento. Eso sin contar con que, mientras las personas cisgenero o de expresiones de género tradicionales caminarán tranquilas los días pares o impares según se identifiquen. En contraste, a las personas diversas, queer, LGBT (sin el privilegio de pasar como heterosexuales), andróginas y trans, nos detendrán en la calle a pedirnos el documento de identidad, porque nuestra palabra como siempre, no será suficiente y nuestra apariencia demasiado incómoda. Esta es, a todas luces, una carga desproporcional y claramente cuestionable que pone el decreto sobre las personas trans, no binarias y de expresión de género diversa. El Decreto 108 de 2020 no incluye ningún criterio técnico que justifique su imposición a la población que soportará esta carga, ni cuáles serán las medidas para controlar los eventuales brotes de violencia policial y/o abuso en contra de las personas LGBTQIA+, no binarias o con expresiones de género diversas. Esto sumado al hecho de que el modelo no funcionó en países como Perú o Panamá, sobre los cuales ha circulado información sobre casos donde la policía ha aprovechado la medida para “corregir” y/o “ aleccionar” la diferencia. Cuidarnos del COVID-19 es deber de todxs, a las personas trans, LGBQAI, no binarias, de expresión de género diversa también nos interesa superar esta crisis, pero no a costa de estar más expuestxs en plena crisis. Mucho menos ahora que habrá menos gente en las calles para ser testigos de la bota que nos pisa. Esperamos que la Alcaldía siga mostrando su liderazgo inclusivo en estos temas, reemplace el pico y género por otra medida y demuestre que también gobierna para nosotrxs.

LIDERAZGO SOCIAL, UNA LABOR DE ALTO RIESGO

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| Mar 6, 2020 | Por Maryluz Barragán El asesinato del escolta de Leyner Palacios es indicativo de la forma en que se está recrudeciendo la guerra en el país. Fueron 18 tiros contra la humanidad de Arley Hernán Chalá, un joven que se dedicaba a la protección física de uno de los líderes más importantes de Bojayá y de Colombia. Esta vez no se llevaron a Leyner, pero la muerte de Arley duele tanto como la de los más de los 50 líderes asesinados en lo que va en este 2020. La gravedad de este crimen es equiparable porque son los escoltas quienes hacen posible la labor de defensa de derechos humanos de los líderes sociales en el país. Este hecho, una vez más, llama la atención sobre la grave situación de los líderes y la ineficacia de la actual política de protección. Paradójicamente, la muerte de Arley ocurre preciso el mismo día en que el Relator Especial para los Derechos Humanos de la ONU reporta que Colombia es el país con más asesinatos de líderes sociales de América Latina. El relator insiste en que ser defensor/a de derechos humanos en Colombia es una labor de alto riesgo. No solo por los constantes ataques contra la vida y la integridad personal sino por los altos niveles de impunidad que tienen estas agresiones y que se están en un 95%. Esto es muy grave porque quienes atacan a los líderes, finalmente saben que no serán judicializados, lo que naturalmente aumenta las violencias en su contra. El reporte también señala que, luego de la firma del Acuerdo Final de Paz, las violencias y los asesinatos contra líderes sociales se ha incrementado. Una de las posibles causas es la apertura de nuevos escenarios de participación e interacción directa con la institucionalidad pública, lo que a su vez aumentó la visibilidad de ciertos liderazgos. Esta relación entre la exposición pública y el riesgo de los líderes se anticipó en el Acuerdo Final de Paz. Por esto se acordó la adopción de unas garantías de seguridad para líderes y lideresas. Con lo anterior se buscaba robustecer las medidas de protección existentes, que para ese momento ya resultaban insuficientes. Sin embargo, el gobierno actual ha optado no solo por hacer caso omiso a esta alternativa, sino que ha negado sistemáticamente la gravedad de la situación o afirma que se trata de un tema de percepción de la ciudadanía. En este punto es clave señalar que no todos los liderazgos tienen un mismo nivel de riesgo. Los más afectados son quienes se encuentran en zonas rurales y defienden la paz. Esta situación se agrava cuando se trata de líderes afrodescendientes que defienden los derechos de su comunidad frente a la intervención indebida del Estado, cuyos intereses con frecuencia se confunden con los de las grandes empresas. En este punto se destaca otro de los hallazgos importantes del informe: un alto porcentaje de los asesinatos e intimidaciones ocurre en zonas de fuerte actividad empresarial. Particularmente, proyectos de minería a gran escala (legal o ilegal), agro-industria y energéticos. Esto es escandaloso considerando la consolidada práctica de convenios de seguridad de este tipo de empresas con el Ministerio de Defensa, Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Uno supondría que donde hay mayor intervención de estas entidades estatales deberían ser mas las garantías para los defensores de DDHH, pero la realidad es contraria. Tenebrosamente, en esta radiografía de los escenarios de mayor vulnerabilidad de defensores de DDHH, el relator de la ONU parece describirnos los contextos en los que la mayoría de los líderes afros de mueven, incluido Leyner. Hace apenas dos meses fue noticia la petición que le hizo al presidente Duque para que implementara el Acuerdo de Paz en Bojayá, haciendo también un llamado a la coherencia de su política de legalidad y que la aplicara para los proyectos mineros, agroindustriales y de infraestructura que se están adelantando en ese territorio. El asesinato de Arley aunque es doloroso no resulta extraño. Los líderes sociales en Colombia, así como las personas que hacen parte de sus esquemas de seguridad se encuentran en constante riesgo de ser asesinados. Sin embargo, no deja de ser frustrante la forma en que el gobierno insiste en darle manejo a esta problemática. Ya no solo ignorando el llamado de las organizaciones sociales sino el de autoridades internacionales como el Relator para los DDHH de la ONU. Ojalá, al final los canales diplomáticos hagan lo suyo y el respaldo internacional que se le ha dado a la labor del Relator logren presionar la adopción de algunas de las recomendaciones del citado reporte y que ello sirva para reorientar la política de seguridad de los líderes, que tanto se necesita en el país.

LA PROTESTA ES UNA NECESIDAD CONSTANTE

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Dic 16, 2019 | Por Eliana Alcalá Ha pasado casi un mes del 21N, el comienzo de un paro nacional que se mantiene hasta el día de hoy. Un hito en la historia reciente de Colombia, de una sociedad inconforme con las políticas del gobierno, la incertidumbre frente al cumplimiento acuerdos de paz, la injusticia y la corrupción a la que hemos sido sometidos durante décadas. Un ¡Basta ya! necesario y acorde a la convulsión latinoamericana. El 21N es muestra de los cambios que puede generar la unión del pueblo y lo inherente de la protesta para darle voz a las demandas que el gobierno no quiere escuchar. Si alguna vez nos hemos preguntado acerca de la importancia de una política de disrupción como lo es un paro o una marcha, lo que ha pasado, aunque no interrumpe los problemas estructurales ni crea respuestas inmediatas, deja grandes enseñanzas, la principal: el imperativo de seguir protestando, de seguir reclamando hasta que se cambie lo que se quiera para mejorar el presente y asegurar un futuro. La protesta es un medio para la reivindicación de los derechos, una forma de expresar oposición, de compartir ideas de cambio, un elemento fundamental de la democracia que garantiza la libertad de expresión, la dignidad y la vida. En una sociedad como la colombiana, amarrada a un gobierno casi inoperante, un congreso insensible y una justicia lenta, lo único que queda es la crítica constructiva, la suma de voces para exigir que pare esta carrera absurda hacia mezquindad, la pobreza, la ignorancia y la muerte. Es a la vez, un acto contra el miedo en un país donde hablar es a veces sinónimo de morir, es el verdadero poder de un movimiento ciudadano que se politiza – sin que eso implique partidos políticos-, porque la salud, la educación, el trabajo, el medio ambiente, el derecho a vivir en paz, nos trastoca a todos. Colombia marchó y marcha como una masa de ciudadanos inconformes que tienen distintas causas a defender, causas justas, legítimas y que hoy buscan el futuro que sueña para esta generación y las siguientes. De ahí que sea una necesidad protestar, rebelarse contra el statu quo, porque es una muestra de solidaridad, se cuestiona la desigualdad que vemos todos los días y que necesita ser dimensionada, conocida, cambiada.Estos procesos no son fáciles porque para los gobernantes de la democracia más antigua de Latinoamérica, en una amenaza a la ignominia que han llamado “institucionalidad”, esa que sólo privilegia a unos pocos. Nos infunden el miedo de que disrumpir y cuestionar la injusta cotidianidad representa crear caos, provocar la pérdida de recursos, mismos que son paliativos fértiles para el subconsciente de algunos que repiten: “Yo no paro, yo produzco.” Esos que producen pero no para ellos sino para el orden vigente que desangra arcas, pone como carne de cañón a jóvenes vulnerables, destruye ecosistemas, discrimina, mata e ignora. Hemos normalizado el caos, la violencia del Estado, que nos han enseñado durante años, temiendo la protesta del propio pueblo. La protesta en Colombia es inherente a su existencia, por todo lo que hemos vivido, por lo que está, por lo que se pone en riesgo. No se puede cambiar si no se exige, si no se hace un quiebre, si no existen procesos de transformación de las sociedades. El comienzo del 21N dio cuenta de esa necesidad de luchar contra la injusticia, las reformas tributarias, laborales, pensionales que no piensan en el bienestar de todo un país, por la paz. El ejercicio de protestar como un derecho fundamental. Esto es un llamado a continuar, a seguir elevando de nuevo a las calles la voz de muchos, a no descuidar una oportunidad única en que todos, sin distinción, hemos encontrado puntos comunes.

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