julio 2021

LA LUCHA HISTÓRICA Y POCO NOMBRADA DE LAS MUJERES AFRODESCENDIENTES

Ilex | Jul 23, 2021 | Opinión Las mujeres afrodescendientes son pilares de la defensa de los derechos de su población, sus realidades y territorios. Sin embargo, la importancia de su labor ha sido históricamente invisibilizada por el machismo presente incluso al interior de las organizaciones y la narrativa oficial de la historia de esta nación que reconoce, en su mayoría, la labor de los hombres mientras omite los nombres y legados de ellas. Este mes de la mujer negra, afrolatina, afrocaribeña y de la diáspora, que ha coincidido con la celebración de los 30 años de la constitución de 1991, debemos recordar que lo obtenido en el proceso de la constituyente, es también un logro de muchas mujeres afrodescendientes dentro del escenario político directo de la asamblea. Mujeres como Mercedes Moya,  impulsaron la ley 70 de 1993 y participaron activamente del proceso constituyente que conocemos hoy. La Red de Mujeres Negras del Pacífico Sur que desde temprano en 1992, puso en la mesa las reivindicaciones de género y la integración de las mujeres en los procesos políticos. En el Caribe, las mujeres afrodescendientes también son la representación de resistencia y lucha por sus derechos y los de sus comunidades. Las tejedoras de Mampuján, por ejemplo, son una fiel muestra de cómo los procesos conjuntos de mujeres resultan escenarios de reparación y reconstrucción del tejido social a partir de distintas expresiones simbólicas que son su voz para narrar lo ocurrido en el conflicto armado y su forma de reivindicar derechos. Esta lucha es también compartida por mujeres afrodescendientes con orientaciones sexuales e identidad de género diversas que a través de formas de resistencia como la comparsa diversa de las fiestas de San Pacho en Quibdó, liderada por mujeres trans afrodescendientes, les recuerdan a sus comunidades que existen, transforman y resisten. Las mujeres negras, afrodescendientes, afrolatinas, afrocaribeñas y de la diáspora encarnan autonomía, liderazgo y ciertamente la voz para enfrentar y transformar las realidades que enfrenta la población afrocolombiana. En ese escenario, tal vez por ello y por las violencias que sufren, se han convertido en figuras de defensa en medio del conflicto armado, defensa del medio ambiente, abanderadas de las luchas por la igualdad de género y las libertades sexuales. Son la voz líder en los barrios marginalizados, en los escenarios de la guerra, y responden, muchas con veces hasta con sus vidas,  a la discriminación estructural y violencia institucional que les afecta. Son distintos los contextos donde las mujeres afrodescendientes han demostrado su capacidad de liderazgo y defensa por los derechos humanos. En el campo político, social, ambiental y comunitario han sido el sustento de la población, pese a la tendencia de su invisibilización y contante amenaza. Mujeres como Johana Maturana, Erlendy Cuero,  Juana Ruiz,  Francia Márquez, Teresa Cassiani, Inis Mosquera, Yolanda Perea, Charo Mina, Regina Miranda, entre otras muchas, han vivido la experiencia de ser impulsoras, lideresas, promotoras de derechos de la población afrocolombiana. Hoy las reconocemos en su lucha que ha permitido que la realidad de nuestra población se transforme un poco, y quienes vienen encontrarán un camino gracias a ellas. Esta semana, en particular fue un día histórico para la población afrocolombiana, para el pueblo negro,  Francia Márquez anunció que oficializaba su precandidatura a la presidencia, la primera mujer negra en aspirar a este cargo de forma pública y con la visibilidad suficiente como para impactar en las discusiones de cara a las elecciones del 2022.

Medidas de protección a líderes sociales: ausencia de cifras reales y de un enfoque étnico-racial adecuado

| Jun 16, 2021|  Por: Yuly Paola Campiño,  abogada- ILEX Acción Jurídica A pesar de los esfuerzos para la finalización del conflicto armado y la garantía de una paz estable y duradera, las violaciones a derechos humanos contra de los líderes/as sociales continúan en aumento. Colombia es un país que en materia de protección y seguridad a líderes/as sociales tiene grandes debilidades, entre estas, que las herramientas y entidades que existen para garantizar el ejercicio de liderazgos y la defensa de derechos no cuentan con enfoques diferenciales que propendan por proteger la vida de los líderes/as desde una mirada étnico-racial. Por dicha razón, la implementación en el análisis del problema de violencia contra líderes/as sociales y las  medidas de protección resultan poco efectivas y se dificulta la real protección de estos/as. La situación que enfrentan los líderes/as sociales afro es mucho más gravosa si tenemos en consideración las dinámicas de violencia y conflicto armado que se han presentado en los territorios habitados por las comunidades afrodescendientes. De hecho, la Corte Constitucional a través del Auto 005 de 2009 ha reconocido que existen unos riesgos caracterizados que han enfrentado las comunidades afro en sus territorios, sumado a la discriminación y la lucha constante por mejores oportunidades. La necesidad de una implementación de medidas de protección con enfoque étnico-racial radica en realizar un acercamiento culturalmente adecuado a los líderes/as sociales, que permita a su vez comprender el rol que los mismos desenvuelven al interior de la comunidad. Permitiría también que este acercamiento haga parte del análisis de los riesgos que afectan su liderazgo y que las medidas de protección se implementen procurando no fracturar el tejido social y dinámicas de su comunidad. La sistematicidad de las violencias ejercidas en contra de los líderes/as sociales afro en conjunto con la falta de enfoques diferenciales reales por parte de las entidades del Estado también han dificultado la posibilidad de contar con cifras reales frente a las amenazas y asesinatos de estos líderes, ya que los números que se registran en las distintas páginas oficiales de las entidades estatales no corresponden a los que algunas organizaciones de la sociedad civil han manejado. En el Informe “Líderes y Defensores de DDHH Asesinados al 26 de Julio de 2019”, INDEPAZ publicó que para el año 2018 se reportó el asesinato de 282 líderes/as, mientras que en el año 2019 se registraron 112 casos de asesinatos. En su lugar, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales desde el 7 de agosto de 2018 hasta el 7 de noviembre del 2020 registró 198 asesinatos a líderes sociales, lo que, para el actual gobierno, que usa los datos de dicha consejería, significa la reducción en el número de líderes sociales asesinados y el avance en materia de protección. Lo anterior demuestra la existencia de un subregistro en materia de asesinatos a líderes/as sociales, al tiempo que evidencia la falta de articulación en materia de levantamiento de datos por parte del actual gobierno y de las organizaciones de la sociedad civil, muchas de las cuales se encuentran en el terreno. En medio de estas dificultades, la población afrocolombiana suma un muerto más a la cifra. El día 13 de junio del 2021 fue asesinado Harold Angulo Vencé, conocido en el medio artístico como “Junior Jein”, reconocido líder cultural afrocolombiano y quien fue pionero en el movimiento urbano del Pacífico colombiano. Durante su trayectoria artística, “Junior Jein” se dedicó a luchar contra la discriminación racial, visibilizar la situación de vulnerabilidad que se vive en los territorios afro y apoyar las protestas sociales que se vienen adelantando en el marco del paro nacional que inició el 28 de abril del 2021; con este asesinato ya son 73 los líderes/as sociales asesinados en Colombia según información publicada por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz-INDEPAZ-. Resulta indispensable que el Estado colombiano se comprometa a analizar este problema con enfoques diferenciales, a garantizar la vida e integridad de los líderes/as sociales, pero que además se dé un registro real del número de líderes/as sociales étnica y racialmente diferenciados que han sido amenazados y/o asesinados para de esa manera establecer por parte del Estado y las organizaciones de la sociedad civil las estrategias que se implementarían para combatir este tipo de violencia diferenciada.

CIDH, informe de dd.Hh y discriminación racial en colombia en contextos de protesta

CIDH, INFORME DE DD.HH Y DISCRIMINACIÓN RACIAL EN COLOMBIA EN CONTEXTOS DE PROTESTA Compartir en facebook Compartir en twitter Compartir en linkedin El paro nacional iniciado el pasado 28 de abril y que ya  cumple más de 60 días, se ha caracterizado por la resistencia., especialmente de la población joven, las demostraciones artísticas y la confluencia de distintos sectores sociales y políticos. También han sido persistentes, múltiples y sistemáticas, las vulneraciones a derechos humanos por parte de la Policía nacional y su Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). De acuerdo con la ONG Temblores entre el 28 de abril y 26 de junio de 2021, se registran 4.687 casos de violencia policial entre los que se encuentran violencia sexual, física, detenciones arbitrarias e intervenciones violentas, en su mayoría, caracterizadas por el uso desproporcional e innecesario de la fuerza.   Estas alarmantes cifras se conjugan con la militarización de las ciudades, entre ellas Cali, Buenaventura, Buga, Yumbo y Palmira (Valle del Cauca),  Pasto e Ipiales (Nariño), Popayán (Cauca), Bucaramanga (Santander), Pereira (Risaralda), Madrid y Facatativá (Cundinamarca), y Neiva (Huila), así con medidas de toque de queda, restricciones por parte de mandatarios locales, y la criminalización de las manifestaciones.  Aunado a esto, el ministro del interior, Daniel Palacios,  anunció una modificación al Decreto 003 de 2021 por medio del cual se expidió el Estatuto de Reacción, Uso y Verificación de la Fuerza Legítima del Estado y Protección del Derecho a La Protesta Pacífica Ciudadana, en el sentido de establecer que las protestas que se valgan de bloqueos no serán consideradas pacíficas, desconociendo que la Corte Constitucional,  ha manifestado que la interrupción de la normalidad social es inherente al ejercicio de este derecho, pues lo que persigue es llamar la atención sobre las demandas de la sociedad civil.   Esta tendencia represiva del derecho a la protesta por parte del Gobierno, a través de la Policía, afecta diferencialmente a las personas afrodescendientes que en razón del racismo son estereotipadas, consideradas como un peligro, perfiladas como criminales. También, se ven afectadas las personas que les atraviesan categorías de opresión como clase, sexo y género. Estas personas, fuera del contexto de las protestas, tienen una mayor interacción con la Policía, por lo general, mediada por la excesiva vigilancia, registros y/o controles injustificados, detenciones arbitrarias, el uso excesivo de fuerza, malos tratos y asesinatos.   También puedes leer el blog ‘Con orgullo y luchando por nuestra ciudadanía.  Lo anterior, fue confirmado en las observaciones formuladas por la CIDH con base en su visita de trabajo en el marco del paro nacional, entre las cuales manifestó que en el país se presenta una discriminación histórica y estructural hacia afrodescendientes e indígenas y que observa con preocupación la utilización del perfilamiento étnico-racial, los traslados por protección indiscriminadamente, las detenciones arbitrarias y abusos a los que se encuentran expuestos.   Aunado a ello, la CIDH recomienda sistematizar los datos desagregados con la variable étnico racial sobre víctimas en conjunto con la población civil, esclarecer las denuncias de violaciones a derechos humanos, generar diálogos con enfoque territorial, evitar la estigmatización y discursos de odio por parte de autoridades, reestructurar la formación de la Policía Nacional y sacar la institución del ministerio de defensa.  La violación a derechos humanos, desatada en el marco de las protestas, llamó la atención incluso de la alta comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos, quien en su informe Promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los africanos y los afrodescendientes frente al uso excesivo de la fuerza y otras violaciones de los derechos humanos por agentes del orden, hace mención a la investigación de Abuso Policial Racista realizada por Ilex, la cual halló que para el año 2019 en las localidades de Usme y Kenedy en Bogotá D.C.   “El perfilamiento racial en la imposición de medidas correctivas se concentra en aquellas personas que tienen la tonalidad de piel más oscura. Personas de tonalidades más oscuras tienen 2,67 más probabilidades de interactuar con la policía y 2,57 mayor probabilidad de ser detenidas, llevadas al área restringida, multadas o requisadas”, se cita en el texto. A pesar de que la alta comisionada pasó por alto mencionar datos específicos sobre violencia policial contra personas afrodescendientes en Colombia en el marco del paro nacional iniciado en abril de 2021, su informe sí es claro en establecer la sistematicidad de la violencia contra estas por parte de la Fuerza Pública.  Las conclusiones del informe reflejan la realidad de Colombia, que a pesar de contar con alta presencia de población negra/afrodescendiente, es un país racista. Las tasas de necesidades básicas insatisfechas, inseguridad y violencia se concentran en los sectores habitados mayoritariamente por la población afrodescendiente sobre la que reposan estereotipos que la asocian con la criminalidad. Estos estereotipos fundados en el racismo permean toda la estructura estatal.   Por esta razón, la vigilancia y persecución por parte del personal que ejerce estas funciones en establecimientos de comercio y la esfera pública deriva en requisas injustificadas y al “azar”, uso desproporcionado de la fuerza y malos tratos aludiendo a características fenotípicas de las personas afrodescendientes.  El informe de la comisionada reitera el carácter sistemático del racismo y llama a la acción de los Estados para contrarrestarlo, igualmente resalta el carácter de derecho humano que tiene la protesta y reactiva en la agenda pública internacional, nacional y regional la lucha contra la discriminación racial, especialmente en el uso  excesivo de la fuerza y otras violaciones de los derechos humanos por agentes del orden.  Adicionalemnte, el texto también brinda recomendaciones para lograr la equidad racial para la agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en concordancia con los objetivos de reconocimiento, justicia y desarrollo del decenio de los afrodescendientes, la conmemoración de 20 años de la declaración y programa de acción de Durban, y la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial.   La alta comisionada exhorta a los Estados a garantizar la participación de personas afrodescendientes en la toma de decisiones que les afecten y cumplir con los …

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